Asociación de Internautas

David López Canales GQ.- Twitter comenzó oficialmente sus emisiones en julio de 2006. Hoy cuenta, según los datos de la compañía, con 255 millones de usuarios activos al mes, que lanzan 500 millones de tuits al día. Si cada tuit son 140 caracteres, y estableciendo cómo el tamaño medio de una palabra, por ejemplo, cinco caracteres, eso suponen 14.000 millones de palabras al día. Y no todas, evidentemente, son ni han sido buenas. Pero hasta estos últimos días la polémica no había sacudido tan fuerte esta red social ni había llegado al debate político como lo ha hecho. El asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, al que algunos tuiteros reaccionaron positivamente, y la victoria del Maccabi en la Euroliga, que ha llevado a la comunidad judía a denunciar más de 17.000 tuits con comentarios xenófobos contra los judíos, han azuzado el debate. ¿Hay suficiente regulación en España para combatir los delitos que pueden cometerse en Twitter? ¿Busca el Gobierno endurecer las penas por las actuaciones en la redes sociales? ¿Puede suponer eso un ataque a la libertad de expresión? ¿Y es realmente esta una situación tan preocupante como la han retratado algunos ministros del Gobierno?

“Creo que el asesinato de Isabel Carrasco ha provocado una reacción poco justificada en el Gobierno, que ha exagerado lo que ocurre en esta red social. La realidad es que comentarios como los que ahora se han publicado se han podido leer de forma continuada en los últimos años, sin que nunca se hayan propuesto medidas”, nos explica Joaquim Bosch, juez y portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia. Desde el Gobierno, su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que “hay que limpiar la red de todas las manifestaciones que incitan al odio” e insinuado que el Ejecutivo podría introducir nuevas leyes para combatir los posibles delitos en Internet. Y su colega de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no lo ha confirmado, pero tampoco ha despejado la polémica dejando la puerta abierta a esa posible regulación.

Jueces para Democracia:'Sería desproporcionado crear delitos específicos para las redes sociales' ”

Sin embargo, todos los expertos consultados por GQ.com coinciden en que esta no es necesaria. Como explica Bosch, “nuestras leyes ya regulan las injurias, las calumnias, las amenazas, los delitos de incitación al odio y otras infracciones penales. Sería desproporcionado crear delitos específicos para las redes sociales, pues en ellas debe castigarse lo mismo que en la calle”. Y así lo confirma también desde el Partido Popular el diputado Conrado Escobar, portavoz de la subcomisión para el estudio de las redes sociales en el Congreso de los Diputados. “Para los ejemplos de ahora es evidente que ya funciona la respuesta penal”, asegura. “Pero es verdad que los ministros han planteado algún tipo de cambio. Si fuera del Código Penal, desde luego este es el momento, porque se está preparando su reforma. Pero va más, creo, en la línea de una regulación para los operadores, para facilitar un mejor uso y mayor conocimiento de las redes”.

Escobar es el principal representante de su partido en esta subcomisión del Congreso que, hasta finales de junio, habrá recibido a más de 40 expertos para analizar las redes sociales hoy. Pero que, como confirma, no ha tratado este tema directamente, porque se han centrado más en los casos con menores, de acoso, de phishing o de protección de la intimidad y la privacidad. En ella han comparecido, entre otras, empresas como Tuenti, Facebook o Google. Pero Twitter no. Según nos revela el político, resultó “complicado” contactar con la compañía, sin apenas presencia en España. Pero nos anuncia que hace pocas semanas, antes de que se desatara esta polémica, Twitter (que ha rechazado participar en este artículo) se puso en contacto con él y pidió participar, y que ahora están valorando si el calendario permite que lo haga antes de cerrar la subcomisión y presentar sus conclusiones finales.

El diputado del PSOE Ignacio Sánchez Amor, también miembro de este grupo de estudio en el Congreso y habitual de Twitter, analiza la situación en clave política con un Gobierno al que acusa “de utilizar la alarma social para recortar derechos”. Alude así a la clave de la polémica, que está en cómo se podría introducir una regulación más férrea en Twitter sin dañar la libertad de expresión. “¿Cómo va a legislar el ministro del Interior esa libertad? ¿Hablamos de cambiar un Estado de derecho por uno autoritario como China o Corea del Norte? Si al ministro le molesta algún comentario, que lo denuncie. Pero no va a ser él quien diga qué es un delito, ¿no?”, se pregunta, muy crítico, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. “No podemos convertir en delito ni la mala educación, ni las salidas de tono, ni las muestras de mal gusto. Nuestras leyes ya cuentan con una respuesta jurídica suficiente y un endurecimiento del Código Penal serviría para restringir innecesariamente la libertad de expresión y permitiría un control que iría más allá de las conductas de gravedad. Podría servir para neutralizar las muestras de disconformidad”, advierte el magistrado Bosch.

V. Domingo (Asociación de Internautas): 'Si al ministro le molesta algún comentario, que lo denuncie. Pero no va a ser él quien diga qué es un delito, ¿no?' ”

En enero de 2012 fue la propia compañía, Twitter, la que anunció que iba a establecer una regulación interna para controlar los comentarios de sus usuarios. Según esta, se controlaría la red a nivel local, para que se pudieran respetar las legislaciones de cada país. La empresa citaba entonces el ejemplo de hacer apología del nazismo, condenado en países como Francia y Alemania, y que borraría los mensajes que detectase en estos países que así lo hicieran. Es decir, si en España estuviera prohibido por ley enaltecer al Atlético de Madrid, se eliminarían esos tuits. Pero no así si donde se hablara del club fuese en Alemania, donde no está penado. Pero la medida no fue bien acogida. Porque si algo tienen hoy precisamente las redes sociales es el potencial de servir como un vehículo de comunicación y de información capaz de saltarse las censuras de los Gobiernos. Y con una regulación así, por ejemplo, según la ley, en un caso hipotético, en Corea del Norte no podría hablarse del Querido Líder. Y no hablar del Querido Líder y prohibir esos tuits sería favorecer la censura y el control de su gobierno autoritario. Twitter, que ha resultado fundamental en la convocatoria de protestas durante estos últimos años, y la primavera árabe es el mejor ejemplo, perdería así una de sus mayores utilidades conocidas hasta hoy.

¿Este fenómeno es nuevo? ¿Por qué responde ahora el Gobierno? Muchas han sido las voces que hemos escuchado criticando la reacción del Ejecutivo. Entre otras, la de Baltasar Garzón, quien ha recordado que hay personas, como Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M, que “hace años que están siendo machacadas por las redes sociales y el PP no ha dicho nunca nada”. Para Sánchez Amor, sí se ha producido un cambio, pero no inmediato. “Hace dos o tres años Twitter era más normal. Se podía dialogar más. Pero ha habido un crecimiento grande de los perfiles anónimos para insultar y destruir conversaciones”, se lamenta.

Y ese es otro de los pilares de la polémica. Aunque muchos han podido cometer delitos con cuentas con nombres y apellidos, como ha sucedido con el caso del Maccabi, abundan las cuentas anónimas con las que sus usuarios lanzan sus mensajes sin pensar, o sin importarles, que pueden estar cometiendo un delito y por lo tanto ser perseguidos. Y con la impunidad que les da pensar que nadie sabrá que son ellos quienes están detrás de ese perfil. “Pero eso no es así, en Internet quien la hace, la paga”, afirma rotundo Domingo. “La gente se piensa que por estar detrás de un anómino no hay consecuencias. Pero eso no es verdad. Te van a perseguir igual”. El diputado popular Escobar secunda esta idea. Y ensalza la labor que realiza la Policía española para rastrear esas cuentas anónimas que, dice, “desde el punto de vista técnico, existen, siempre dejan huella”. E incluso va más allá y se fija en el dato de que la cuenta de Twitter de la Policía española es la más seguida del mundo (882.000 seguidores), “por delante incluso de la del FBI [783.000]”, en lo que a cuerpos de seguridad se refiere.

Frente a esta realidad, se dividen las opiniones. Los hay que, como Sánchez Amor, hablan de una “autorregulación”, que pasaría por los propios tuiteros, por ejemplo, “ignorando a aquellos que dicen cosas ofensivas”. Es decir, derrotar a quienes insultan, amenazan o injurian por inanición. Si no se les hace caso, si no se les alimenta, terminarán por desaparecer. Su homólogo popular habla también de educación. Para él, según nos adelanta, la conclusión fundamental que saldrá de la subcomisión parlamentaria sobre redes sociales es la necesidad que hay por “educar bien y hacer un buen uso de Internet. Y para eso hay que formar tanto a los chavales como al profesorado”.

Pero hay quien va más allá. Domingo, desde la Asociación de Internautas, reclama que se creen tribunales especiales que juzguen los delitos cometidos en Internet. “¿Qué sentido tiene que se falle las denuncias a cinco o seis años? Eso no tiene efecto”, afirma. Pero esta propuesta no es bien recibida ni por los políticos ni por los expertos en derecho. “El problema no está en los tribunales, sino en que la justicia es lenta. Porque según eso, ¿y por qué no tribunales para la publicidad o para otros aspectos de la vida? Lo que hay que hacer es agilizar las respuestas”, explica Antonio Delgado, profesor de Derecho privado en ESADE y experto en nuevas tecnologías. La misma opinión que comparten los políticos consultados, quienes tampoco ven la necesidad de crear estos tribunales sino de que haya una respuesta judicial más rápida. Porque hoy, además de esa sensación de impunidad que produce el anonimato en Twitter, la realidad es que aún no ha habido suficientes sanciones y sentencias que confirmen que lo que hacemos en el mundo virtual, en esas redes sociales, tiene también consecuencias una vez hemos apagado el ordenador. O, como lo explica Delgado, muy gráfico, “porque es como los radares en las carreteras. Ahora no corremos porque sabemos que están ahí. Antes sí lo hacíamos porque no había radares, pero eso no significa que estuviera bien”.

¿Y Twitter? ¿Tiene alguna responsabilidad en estos casos? Según la ley, las empresas proveedoras de servicios en Internet no son responsables de lo que los usuarios de esos servicios hagan. Y por lo tanto no puede ser acusada de colaborar con esos posibles delitos. Como dice Sánchez Amor, hacerlo sería “como pedir a Telefónica que se haga cargo de lo que la gente dice por teléfono”. Una idea que confirma también el juez Bosch, que ve incapaz a la compañía “de controlar preventivamente cada comentario”. Pero sí podría, en cambio, según nos explica, “responder cuando se cometan delitos o se causen perjuicios, y no proceder a la retirada de los tuits cuando es requerida para ello”. Bosch critica así la que considera una actitud “poco favorecedora de las investigaciones judiciales, al no facilitar las labores de identificación cuando se investigan delitos”, y “el hecho de que su sede legal se encuentre fuera de nuestro país, que contribuye a dificultar los problemas jurídicos sobre competencia territorial para obligarle a cumplir las órdenes judiciales”.

La duda ahora es saber en qué momento estamos. En política hay una frase hecha que se llama la “legislación de telediario”. Es decir, que se cambia o se promulga una ley para responder a la alarma social que ha podido causar una noticia. Auque no se haya producido un debate sostenido antes de hacerlo o quizá no sea necesario. Estos días, sin duda, es lo que ha sucedido. Las reacciones al asesinato de Carrasco y el caso Maccabi han motivado la reacción del Gobierno. Aún solo con palabras. Pero en un momento de la legislatura en el que se está ultimando la reforma del Código Penal. ¿Ruido y escaramuzas políticas o el Gobierno podría preparar una ley Twitter? Haced vuestras apuestas. Pero en Twitter, claro.