Asociación de Internautas

Madrid,  (EFE).-Además de los delitos relativos a bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, se amplía la interceptación de las comunicaciones a la investigación de delitos que, en virtud de las circunstancias del caso, se consideren de especial gravedad y existan razones fundadas que hagan imprescindible la medida.

"Esta redacción es sumamente peligrosa, por lo indeterminada", afirma la Asociación de Internautas en un comunicado enviado hoy.

"Si bien en 24 horas se debe comunicar al juez que la interceptación ordenada por el ministro o el secretario de Estado se ha hecho, y que tiene la obligación de confirmarla o revocarla en un plazo máximo de 72 horas, lo cierto es que la intervención de la comunicación ya se habría hecho, y que el político de turno habría accedido a esa información, fuera o no relativa a un delito grave".

A juicio de la asociación, los políticos "tienen intereses propios en conocer determinadas conversaciones, y así podrán acceder a informaciones con las que incluso podrían pretender supuestamente manipular el juego democrático, descalificando oponentes...".

"Podrán realizar operaciones de lo que se conoce como espionaje político, durante cuatro días, y basándose en algo tan arbitrario e indeterminado como circunstancias que puedan ser consideradas de especial gravedad, consideradas así por ellos", añade.

Después, un juez estudiará el caso y verá si existían o no razones fundadas que hagan imprescindible la medida.

Si revoca la autorización de la intervención realizada, se cerrará el asunto.

Las conversaciones "no servirán como prueba en juicio pero, eso sí, los datos que con esta operación se hayan revelado al político que lo ordenó, puede que sí tengan utilidad, nunca se sabe".

La responsabilidad de quien ordenó la intervención de las comunicaciones, si finalmente no se aprecian razones suficientes por el juez, "no se explica en la reforma, pero probablemente pueda quedar diluida si el caso concreto ofrece serias dudas".