Asociaci贸n de Internautas

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Critican la facultad otorgada a las grandes tecnol贸gicas para dirimir sobre libertad expresi贸n


La Asociaci贸n de Internautas (AI) ha rechazado hoy la nueva facultad otorgada a las grandes tecnol贸gicas para dirimir en temas de libertad de expresi贸n tras el reciente anuncio conjunto con la UE de un c贸digo de conducta con compromisos para combatir la incitaci贸n ilegal al odio en la red en Europa.

Amaya Quincoces Riesco - Madrid .- Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft son algunas de las empresas que forman parte de ese pacto para luchar contra la propagaci贸n del lenguaje del odio en internet, que incluye compromisos como la retirada de los contenidos supuestamente perniciosos en un plazo de 24 horas.

驴C贸mo desde la propia Uni贸n Europea se puede dar esa categor铆a a las empresas para determinar qu茅 es legal decir o no?, se pregunta preocupado el presidente de la Asociaci贸n de Internautas (AI), V铆ctor Domingo, en declaraciones a Efefuturo.

En su opini贸n, son excesivas las facultades otorgadas una vez m谩s a las grandes tecnol贸gicas para dirimir sobre cuestiones relacionadas con el derecho a la libertad de expresi贸n, mientras que dicha competencia debe recaer s贸lo en el juez, al menos en los Estados de Derecho.

"Europa est谩 haciendo dejaci贸n de sus funciones con este tipo de acciones, y nos esta quitando la garant铆as que nos debe dar el Estado de Derecho a los ciudadanos", ha a帽adido.

Sin embargo, ese tipo de facultades extraordinarias a las empresas no es algo nuevo, ha lamentado, tras recordar otros casos.

La sentencia del derecho al olvido

Por ejemplo, la sentencia europea del "derecho al olvido" que dio la raz贸n a un ciudadano en esa petici贸n aunque estableci贸 que ser铆an los propios buscadores los que determinar铆an en funci贸n de una serie de criterios qu茅 contenidos ser铆an retirados de sus motores tras la denuncia de la persona supuestamente agraviada por ellos.

Ni siquiera bajo el argumento de la seguridad se justifica que las empresas decidan qu茅 se debe decir o no, porque existen comentarios en ciertas situaciones que bordean la legalidad y en las que s贸lo un juez habr铆a de determinar la naturaleza il铆cita o no de los mismos, seg煤n Domingo.

"No se puede dejar este tipo de decisiones en manos de las empresas, sin criterios comunes o armonizados al respecto entre los distintos pa铆ses", ha a帽adido el experto.

Una cosa es que se obligue a estas empresas a operar r谩pidamente tras alguna denuncia o bloquear ciertos contenidos, y otra muy distinta que act煤en ellas por su cuenta y riesgo.EFE