El Tribunal de Justicia de la UE declara ilegal la ley de vigilancia electr贸nica brit谩nica
El Tribunal de Justicia de la UE declara ilegal la ley de vigilancia electr贸nica brit谩nica
La ley de vigilancia electr贸nica del Reino Unido fue descrita como una de las m谩s intrusivas y menos respetuosas para con la privacidad de los usuarios cuando fue aprobada hace varias semanas. Hoy ha sido declarada ilegal. El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea ha sentenciado que la recolecci贸n indiscriminada e injustificada de datos personales es contraria al derecho europeo, poniendo en un brete a los legisladores brit谩nicos detr谩s de dicha ley.
Alejo I en el OtroLado.net.-La sentencia en s铆 misma no examina la nueva ley de vigilancia electr贸nica, sino el texto conocido como Data Retention and Investigatory Powers Act o DRIPA, una ley temporal que expira a finales de 2016 con la que comparte numerosos puntos y a la que sustituye.
Seg煤n la m谩s alta instancia judicial de la Uni贸n Europea:
El TJUE es directo en sus conclusiones, recordando a las autoridades brit谩nicas su jurisprudencia y el hecho de que "la injerencia que resulta de una normativa nacional que establece la conservaci贸n de los datos de tr谩fico y de localizaci贸n debe considerarse especialmente grave".
Aunque dirigido al Reino Unido, su dictamen se aplica a cualquier miembro de la Uni贸n Europea que pueda querer implantar una legislaci贸n que contemple la recolecci贸n masiva e indiscriminada de datos personales sin una justificaci贸n clara. Seg煤n el TJUE, esta pr谩ctica "no puede considerarse justificada en una sociedad democr谩tica".
La ley de cibervigilancia del Reino Unido (tambi茅n conocida como snooper's charter) fue impulsada por la actual Primera Ministra Theresa May cuando todav铆a ten铆a la cartera de Interior y ha sido objeto de una gran pol茅mica a nivel nacional e internacional por los poderes que otorga a las autoridades para espiar a los ciudadanos. Entre otras medidas, el texto obliga a los proveedores de acceso a recoger y almacenar los datos de navegaci贸n de los internautas brit谩nicos y almacenarlos durante un a帽o, adem谩s de facilitar el hackeo de dispositivos y forzar a las operadoras a proporcionar acceso a comunicaciones cifradas (lo que podr铆a suponer la anulaci贸n del cifrado punto a punto).
Las autoridades brit谩nicas ya han declarado que apelar谩n la sentencia.
Seg煤n la m谩s alta instancia judicial de la Uni贸n Europea:
[...] los Estados miembros podr谩n establecer, con car谩cter preventivo, una conservaci贸n selectiva de esos datos con la 煤nica finalidad de luchar contra la delincuencia grave, siempre que tal conservaci贸n se limite a lo estrictamente necesario por lo que se refiere a las categor铆as de datos que deban conservarse, los medios de comunicaci贸n a que se refieran, las personas afectadas y el per铆odo de conservaci贸n establecido. El acceso de las autoridades nacionales a los datos conservados debe estar sujeto a requisitos, entre los que se encuentran en particular un control previo por una autoridad independiente y la conservaci贸n de los datos en el territorio de la Uni贸n.
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En la sentencia que se dicta hoy, el Tribunal de Justicia responde que el Derecho de la Uni贸n se opone a una normativa nacional que establece la conservaci贸n generalizada e indiferenciada de los datos.
El TJUE es directo en sus conclusiones, recordando a las autoridades brit谩nicas su jurisprudencia y el hecho de que "la injerencia que resulta de una normativa nacional que establece la conservaci贸n de los datos de tr谩fico y de localizaci贸n debe considerarse especialmente grave".
Aunque dirigido al Reino Unido, su dictamen se aplica a cualquier miembro de la Uni贸n Europea que pueda querer implantar una legislaci贸n que contemple la recolecci贸n masiva e indiscriminada de datos personales sin una justificaci贸n clara. Seg煤n el TJUE, esta pr谩ctica "no puede considerarse justificada en una sociedad democr谩tica".
La ley de cibervigilancia del Reino Unido (tambi茅n conocida como snooper's charter) fue impulsada por la actual Primera Ministra Theresa May cuando todav铆a ten铆a la cartera de Interior y ha sido objeto de una gran pol茅mica a nivel nacional e internacional por los poderes que otorga a las autoridades para espiar a los ciudadanos. Entre otras medidas, el texto obliga a los proveedores de acceso a recoger y almacenar los datos de navegaci贸n de los internautas brit谩nicos y almacenarlos durante un a帽o, adem谩s de facilitar el hackeo de dispositivos y forzar a las operadoras a proporcionar acceso a comunicaciones cifradas (lo que podr铆a suponer la anulaci贸n del cifrado punto a punto).
Las autoridades brit谩nicas ya han declarado que apelar谩n la sentencia.