El Tribunal de la UE anula la 'acci贸n de oro' sobre Telef贸nica, Repsol y Endesa
La 'acci贸n de oro' del Estado espa帽ol en Repsol, Telef贸nica (incluida la filial de m贸viles) y Endesa, y la que en su d铆a mantuvo en Tabacalera y Argentaria, 'menoscaba gravemente la libre circulaci贸n de capitales y puede reducirla incluso a la nada', seg煤n la sentencia dictada ayer por el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea
Bernardo de Miguel / 5D铆as.com
La 煤ltima instancia judicial de la Uni贸n reconoce el derecho de los Estados a reservarse cierto control sobre empresas que operan en sectores estrat茅gicos. Pero anula el r茅gimen espa帽ol (adoptado a partir de una ley de 1995) por considerarlo desproporcionado, arbitrario y basado en criterios subjetivos e imprecisos. El Gobierno asegura que acatar谩 la sentencia.
La m谩xima instancia judicial de la Uni贸n Europea anul贸 ayer la legislaci贸n que desde 1995 ha permitido al Gobierno espa帽ol reservarse el derecho de veto (acci贸n de oro) sobre las decisiones de las empresas privatizadas, al sentenciar que supone 'una restricci贸n a la libre circulaci贸n de capitales'. El tribunal rechaza, adem谩s, de manera espec铆fica la aplicaci贸n de esa ley en las privatizaciones de Tabacalera y Argentaria (donde la acci贸n de oro ya ha expirado) y en Repsol, Telef贸nica y Endesa (donde sigue vigente).
La CE acogi贸 'calurosamente' un fallo que, seg煤n el departamento de Mercado Interior, 'permitir谩 redoblar los esfuerzos para combatir las normas nacionales contrarias a la libre circulaci贸n de capitales'. Ese mismo departamento, dirigido por el comisario europeo Frits Bolkestein, acometi贸 la denuncia contra la acci贸n de oro espa帽ola en julio de 2000 pese a las dificultades que plante贸 Loyola de Palacio.
La comisaria de Transportes prefer铆a supeditar la denuncia a un debate previo sobre la participaci贸n de capital p煤blico en las empresas privatizadas, un conflicto de la m谩xima actualidad entonces por la intenci贸n de la operadora holandesa KPN (participada por el Estado) de fusionarse con Telef贸nica. Al titular de Econom铆a, Rodrigo Rato, le bast贸 esgrimir su derecho de veto para que las dos empresas renunciasen a la operaci贸n. La Comisi贸n estim贸 que el Tratado de la UE garantiza de modo inequ铆voco la libertad de movimiento de capitales y decidi贸 denunciar al tribunal.
Y por segunda vez en menos de un a帽o, el tribunal dict贸 ayer desde su sede en Luxemburgo una demoledora sentencia que desmonta las estrategias proteccionistas de algunos Estados miembros. En junio de 2002 ya anul贸 la acci贸n de oro del Gobierno franc茅s se reserv贸 sobre la petrolera Elf Aquitaine -hoy parte de Total- y dinamit贸 la legislaci贸n ideada por el Gobierno portugu茅s para frenar las inversiones extranjeras.
El mismo fallo, gracias a la acci贸n de oro del Gobierno belga en una empresa de energ铆a, permiti贸 al tribunal delinear las caracter铆sticas de lo que considera una acci贸n de oro admisible para el derecho comunitario. El sistema belga 'enumeraba taxativamente los activos estrat茅gicos afectados y las decisiones de gesti贸n que pod铆an cuestionarse de forma puntual'.
Los jueces reconocieron la legalidad de un sistema por el que B茅lgica se reserva el derecho a intervenir a posteriori en cualquier operaci贸n que pueda poner en peligro el mercado de la distribuci贸n de gas natural. Un intervencionismo limitado 'a los casos en que peligraran los objetivos de la pol铆tica energ茅tica', y las decisiones deb铆an estar formalmente motivadas. 'La nuestra legislaci贸n se aproxima m谩s a la belga', se apresur贸 entonces a declarar Rodrigo Rato, 'pero estamos estudiando la situaci贸n'.
Contra Ruiz-Jarabo
El tribunal concluy贸 ayer su an谩lisis sobre la legislaci贸n espa帽ola y a su juicio cualquier parecido con la belga parece mera coincidencia. El fallo se desmarca tambi茅n de la posici贸n del abogado general del tribunal D谩maso Ruiz-Jarabo que en febrero pasado recomend贸 al tribunal la aprobaci贸n del r茅gimen espa帽ol. La Ley 5/1995 -promovida por el entonces ministro de Econom铆a y hoy comisario europeo, pedro Solbes-, en la que el Gobierno espa帽ol ha basado la sucesiva colocaci贸n de una acci贸n de oro en las empresas privatizadas, 'constituye una restricci贸n a la libre circulaci贸n de capitales'. A partir de ah铆, el fallo desmenuza caso por caso los reales decretos por los que el Gobierno, entre 1996 y 1998, se reserv贸 la 煤ltima palabra en la estrategia empresarial futura de Argentaria (ahora en BBVA), Tabacalera (fusionada con Seita para formar Altadis), Telef贸nica, Endesa y Repsol.
En los dos primeros casos, el Gobierno no ha demostrado que la normativa obedezca a razones de inter茅s general por la sencilla raz贸n, seg煤n la sentencia, de que ni la producci贸n y comercializaci贸n de tabaco ni la banca comercial se pueden considerar servicios p煤blicos.
En cuanto a Repsol, Telef贸nica y Endesa, los jueces admiten que la garant铆a del abastecimiento de petr贸leo o de la prestaci贸n del servicio de telefon铆a y energ铆a puede justificar una intervenci贸n p煤blica, incluso si supone un obst谩culo a la libre circulaci贸n de capitales. Pero el r茅gimen espa帽ol presenta un grado de arbitrariedad y subjetividad que 'menoscaba gravemente la libre circulaci贸n de capitales y que puede incluso reducirla a la nada'. Ni siquiera el car谩cter temporal de la acci贸n de oro hace admisible el r茅gimen espa帽ol, seg煤n el fallo.
La normativa, afirma el tribunal, no supedita el derecho de intervenci贸n del Estado a ning煤n requisito y somete al potencial inversor a un r茅gimen de autorizaci贸n previa sobre el que no hay circunstancia objetiva para su aplicaci贸n. 'Tal indeterminaci贸n no permite que los particulares conozcan el alcance de sus derechos y obligaciones', zanja la sentencia de ayer.
La m谩xima instancia judicial de la Uni贸n Europea anul贸 ayer la legislaci贸n que desde 1995 ha permitido al Gobierno espa帽ol reservarse el derecho de veto (acci贸n de oro) sobre las decisiones de las empresas privatizadas, al sentenciar que supone 'una restricci贸n a la libre circulaci贸n de capitales'. El tribunal rechaza, adem谩s, de manera espec铆fica la aplicaci贸n de esa ley en las privatizaciones de Tabacalera y Argentaria (donde la acci贸n de oro ya ha expirado) y en Repsol, Telef贸nica y Endesa (donde sigue vigente).
La CE acogi贸 'calurosamente' un fallo que, seg煤n el departamento de Mercado Interior, 'permitir谩 redoblar los esfuerzos para combatir las normas nacionales contrarias a la libre circulaci贸n de capitales'. Ese mismo departamento, dirigido por el comisario europeo Frits Bolkestein, acometi贸 la denuncia contra la acci贸n de oro espa帽ola en julio de 2000 pese a las dificultades que plante贸 Loyola de Palacio.
La comisaria de Transportes prefer铆a supeditar la denuncia a un debate previo sobre la participaci贸n de capital p煤blico en las empresas privatizadas, un conflicto de la m谩xima actualidad entonces por la intenci贸n de la operadora holandesa KPN (participada por el Estado) de fusionarse con Telef贸nica. Al titular de Econom铆a, Rodrigo Rato, le bast贸 esgrimir su derecho de veto para que las dos empresas renunciasen a la operaci贸n. La Comisi贸n estim贸 que el Tratado de la UE garantiza de modo inequ铆voco la libertad de movimiento de capitales y decidi贸 denunciar al tribunal.
Y por segunda vez en menos de un a帽o, el tribunal dict贸 ayer desde su sede en Luxemburgo una demoledora sentencia que desmonta las estrategias proteccionistas de algunos Estados miembros. En junio de 2002 ya anul贸 la acci贸n de oro del Gobierno franc茅s se reserv贸 sobre la petrolera Elf Aquitaine -hoy parte de Total- y dinamit贸 la legislaci贸n ideada por el Gobierno portugu茅s para frenar las inversiones extranjeras.
El mismo fallo, gracias a la acci贸n de oro del Gobierno belga en una empresa de energ铆a, permiti贸 al tribunal delinear las caracter铆sticas de lo que considera una acci贸n de oro admisible para el derecho comunitario. El sistema belga 'enumeraba taxativamente los activos estrat茅gicos afectados y las decisiones de gesti贸n que pod铆an cuestionarse de forma puntual'.
Los jueces reconocieron la legalidad de un sistema por el que B茅lgica se reserva el derecho a intervenir a posteriori en cualquier operaci贸n que pueda poner en peligro el mercado de la distribuci贸n de gas natural. Un intervencionismo limitado 'a los casos en que peligraran los objetivos de la pol铆tica energ茅tica', y las decisiones deb铆an estar formalmente motivadas. 'La nuestra legislaci贸n se aproxima m谩s a la belga', se apresur贸 entonces a declarar Rodrigo Rato, 'pero estamos estudiando la situaci贸n'.
Contra Ruiz-Jarabo
El tribunal concluy贸 ayer su an谩lisis sobre la legislaci贸n espa帽ola y a su juicio cualquier parecido con la belga parece mera coincidencia. El fallo se desmarca tambi茅n de la posici贸n del abogado general del tribunal D谩maso Ruiz-Jarabo que en febrero pasado recomend贸 al tribunal la aprobaci贸n del r茅gimen espa帽ol. La Ley 5/1995 -promovida por el entonces ministro de Econom铆a y hoy comisario europeo, pedro Solbes-, en la que el Gobierno espa帽ol ha basado la sucesiva colocaci贸n de una acci贸n de oro en las empresas privatizadas, 'constituye una restricci贸n a la libre circulaci贸n de capitales'. A partir de ah铆, el fallo desmenuza caso por caso los reales decretos por los que el Gobierno, entre 1996 y 1998, se reserv贸 la 煤ltima palabra en la estrategia empresarial futura de Argentaria (ahora en BBVA), Tabacalera (fusionada con Seita para formar Altadis), Telef贸nica, Endesa y Repsol.
En los dos primeros casos, el Gobierno no ha demostrado que la normativa obedezca a razones de inter茅s general por la sencilla raz贸n, seg煤n la sentencia, de que ni la producci贸n y comercializaci贸n de tabaco ni la banca comercial se pueden considerar servicios p煤blicos.
En cuanto a Repsol, Telef贸nica y Endesa, los jueces admiten que la garant铆a del abastecimiento de petr贸leo o de la prestaci贸n del servicio de telefon铆a y energ铆a puede justificar una intervenci贸n p煤blica, incluso si supone un obst谩culo a la libre circulaci贸n de capitales. Pero el r茅gimen espa帽ol presenta un grado de arbitrariedad y subjetividad que 'menoscaba gravemente la libre circulaci贸n de capitales y que puede incluso reducirla a la nada'. Ni siquiera el car谩cter temporal de la acci贸n de oro hace admisible el r茅gimen espa帽ol, seg煤n el fallo.
La normativa, afirma el tribunal, no supedita el derecho de intervenci贸n del Estado a ning煤n requisito y somete al potencial inversor a un r茅gimen de autorizaci贸n previa sobre el que no hay circunstancia objetiva para su aplicaci贸n. 'Tal indeterminaci贸n no permite que los particulares conozcan el alcance de sus derechos y obligaciones', zanja la sentencia de ayer.