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La proposici贸n de Ley LGTBI y la libertad de expresi贸n

La proposici贸n de Ley LGTBI y la libertad de expresi贸n


Es necesario frenar la opresi贸n que sufre el colectivo LGTBI, pero es inaceptable que sea un 贸rgano administrativo y no un juez el que pueda imponer multas por expresiones que considere ofensivas contra 茅l

Advert铆a Boaventura de Sousa Santos de "l os intentos de ejercer el control pol铆tico sobre la actividad judicial", lo que se consigue con la "transferencia de ciertas 谩reas de litigio del 谩mbito de los juzgados ordinarios a juzgados especiales o a agencias administrativas bajo el control del poder ejecutivo". Hemos visto en los 煤ltimos a帽os c贸mo los poderes legislativo y ejecutivo han ca铆do ya demasiadas veces en esta tentaci贸n, sustrayendo al poder judicial lo que antes era de su competencia exclusiva.

Ocurri贸 as铆 con la llamada Ley Sinde, aparecida en un momento en el que los jueces ten铆an la mala costumbre de no dar la raz贸n a las grandes corporaciones que ostentaban derechos de propiedad intelectual. El movimiento era tan burdo que no hubo nadie que no viera que el gol se estaba metiendo con la mano: en mitad de un partido que se perd铆a por goleada, se cambi贸 al 谩rbitro y ah铆 justo empez贸 la remontada.

Aprovechando el precedente abierto gracias a esta propuesta del PSOE, el PP se vio legitimado para continuar la senda: la Ley Mordaza creaba un cuerpo espec铆fico de infracciones administrativas en un contexto en el que los jueces tend铆an a hacer una interpretaci贸n expansiva del derecho fundamental de reuni贸n y manifestaci贸n. En este mundo donde un gol ilegal lo ha metido la mano de Dios si lo marca nuestro equipo, no sorprendi贸 a casi nadie que muchos de los que aplaudieron la Ley Sinde criticaran ferozmente la Ley Mordaza. La desmemoria y la falta de coherencia ideol贸gica permite hacerlo pese a que la segunda no puede entenderse sin el 茅xito de la primera.

Es evidente para cualquiera con unos cimientos democr谩ticos b谩sicos que las dos leyes, las promueva quien las promueva, eran intr铆nsecamente peligrosas y abr铆an una brecha por la que ya pod铆a colarse todo. 

Lamentablemente se cay贸 inicialmente en esta tentaci贸n con la Proposici贸n de Ley por los Derechos LGTBI presentada por Unidos Podemos, que ha levantado cr铆ticas por dos aspectos esenciales de su articulado:

1.- La posibilidad de que un 贸rgano administrativo y no un juez pueda destruir, borrar o inutilizar libros, archivos, documentos o art铆culos que considere que contienen expresiones que infringen esa ley.

2.- Que un 贸rgano administrativo y no un juez pueda imponer multas por expresiones que considere que no est谩n amparadas por la libertad de expresi贸n y que entienda que son ofensivas contra las personas LGTBI.

Respecto de la primera cuesti贸n hay poco debate: es sencillamente inconstitucional y sorprende que haya pasado alg煤n filtro antes de proponerse. El art铆culo 20.5 de la Constituci贸n Espa帽ola establece claramente que "s贸lo podr谩 acordarse el secuestro de publicaciones" en virtud de orden judicial.

Teniendo en cuenta que la primera cuesti贸n criticada se dio por muerta el mismo d铆a de su nacimiento, es a la segunda a la que se ha prestado mayor atenci贸n y la que ha causado mayor revuelo. No es para menos teniendo en cuenta que pretende que la Administraci贸n pueda decidir qu茅 es libertad de expresi贸n y qu茅 es una ofensa. El riesgo de que sea este 贸rgano creado al efecto quien pueda tener la facultad de trazar la l铆nea que separa la libertad de expresi贸n de la ofensa y de imponer una multa seg煤n sus propios criterios, es evidente. Se trata de un arma que  rompe el equilibrio de fuerzas entre los distintos poderes hasta tal punto que es intr铆nsecamente peligrosa, incluso para las personas a las que dice proteger y que hoy se sit煤an detr谩s de la l铆nea de tiro.

No est谩 en debate la necesidad de una ley que proteja los derechos de las personas que forman parte del colectivo LGTBI. Tampoco lo est谩 que no existe el derecho al mero insulto, y menos a煤n cuando tiene su base en la orientaci贸n sexual, identidad sexual/de g茅nero, expresi贸n de g茅nero o caracter铆sticas sexuales de una persona. La 煤nica cuesti贸n que se se帽ala es el error de creer que ahora es aceptable este atajo de sustraer competencias exclusivas a los jueces en materia de libertad de expresi贸n porque esta vez entendemos que el fin s铆 que justifica el medio. 

Y es un error porque ma帽ana se abrir谩n 30 贸rganos administrativos para la protecci贸n de otros 30 colectivos con los que ya no simpatizaremos tanto y ser谩 dif铆cil oponerse cuando ahora no se ha hecho. Es un error porque ma帽ana las compa帽eras de la "Procesi贸n del Co帽o Insumiso" estar谩n discutiendo ante un 贸rgano administrativo para la protecci贸n de las convicciones de las personas religiosas si lo suyo es un insulto o no lo es. Es un error porque ma帽ana Zapata no estar谩 en la Audiencia Nacional sino ante el 贸rgano administrativo creado por el PP para la protecci贸n del honor de las v铆ctimas del terrorismo. Estoy seguro de que esos colectivos ver谩n tambi茅n muy obvio que en esos casos lo que hay es un insulto y nada de libertad de expresi贸n y que para determinar algo tan evidente un juez es un lujo innecesario. 

Para justificar estos art铆culos de esta proposici贸n de Ley no podemos ampararnos en que ya se aplican otros semejantes en varias Comunidades Aut贸nomas. Ese argumento, que convierte m谩gicamente un error en acierto si ya se cometi贸 antes, es exactamente el mismo que se usar谩 cuando se contin煤e esta senda tan peligrosa. Lo que se dir谩 es: "no est谩 tan mal que se constituya el 贸rgano de la AVT para analizar si los chistes de Zapata son solo humor o encierran en realidad una aut茅ntica ofensa, ya se hace con los colectivos LGTBI y no creemos que las v铆ctimas del terrorismo tengan menos derecho". Esto que hago es una predicci贸n, pero en la misma medida en la que tambi茅n lo es prever que lo inmediatamente posterior a escupir al cielo ser谩 limpiarte la cara.

Es evidente la necesidad de frenar la opresi贸n que sufre un colectivo como el LGTBI, pero esta forma escogida, y me refiero solo a la parte de la propuesta de ley que est谩 en debate, no es adecuada. Y no lo es porque este arma que se plantea usar como atajo para facilitar el camino, ma帽ana apuntar谩 a ese mismo colectivo. Apuntar谩 a todos. Y para cuando eso ocurra se habr谩 perdido toda legitimidad para oponernos.

Los art铆culos controvertidos permanecen todav铆a en el texto que se ha presentado a discusi贸n en el Pleno del Congreso, aunque Unidos Podemos ya ha anunciado que terminar谩 retir谩ndolos durante el tr谩mite parlamentario, en una suerte de "autoenmienda". En ese caso se demuestra que las cr铆ticas eran tan acertadas como para obligar a una marcha atr谩s y tambi茅n que Unidos Podemos tiene m谩s cintura que a la que nos tienen acostumbrados los dem谩s partidos, lo que supone un alivio que solo se puede celebrar. 

No obstante este episodio nos debe llevar a la reflexi贸n de lo f谩cil que resulta debilitar un derecho fundamental cuando estamos ante una situaci贸n que apreciamos como grave, sea esa gravedad real -como sin duda lo es la opresi贸n del colectivo LGTBI- o ficticia. Nos tiene que hacer considerar tambi茅n el d茅ficit de cultura democr谩tica que padecemos si sectores sociales que se consideran progresistas vieron injustas las cr铆ticas a la creaci贸n de estos 贸rganos administrativos con poder de recortar la libertad de expresi贸n solo porque esta mordaza la consideraban concebida para el bien. Tenemos que entender de una vez que la libertad de expresi贸n es un m煤sculo muy particular: se puede perder en apenas unos d铆as pero se tardan literalmente d茅cadas en lograr devolverle toda su potencia. Si este derecho se debilita -y ya el Gobierno lleva tiempo recorriendo ese camino para conseguirlo- hay que defenderlo de forma radical, aunque eso implique ponerte circunstancialmente en contra de los colores de tu propio partido. Mejor ser calificado hoy de desleal que ma帽ana de c贸mplice.

Tribuna Abierta de David Bravo en eldiario.es