El Tribunal de Cuentas Europeo afirma que las asociaciones p煤blico-privadas de la UE adolecen de deficiencias generalizadas y beneficios limitados
Entre 2000 y 2014, la UE destin贸 5 600 millones de euros a 84 proyectos de APP, con un coste total de los proyectos de 29200 millones de euros. Los auditores evaluaron 12 APP cofinanciadas por la UE en Francia, Grecia, Irlanda y Espa帽a, en los sectores del transporte por carretera y las tecnolog铆as de la informaci贸n y comunicaci贸n (TIC), con un coste total de 9.600 millones de euros y una contribuci贸n de la UE de 2.200 millones de euros. En general, los auditores constataron que las APP posibilitaron que los poderes p煤blicos adquirieran infraestructuras a gran escala mediante un 煤nico procedimiento, pero aumentaron el riesgo de competencia insuficiente y, por ende, colocaron a los poderes adjudicadores en una posici贸n de negociaci贸n m谩s d茅bil.
Adem谩s, la mayor铆a de las APP auditadas fueron objeto de ineficiencias considerables durante su construcci贸n, y siete de los nueve proyectos completados (con un coste de 7.800 millones de euros) sufrieron retrasos de hasta 52 meses e importantes aumentos de los costes. 芦Se necesitaron casi 1.500 millones de euros m谩s en fondos p煤blicos para completar las cinco autopistas auditadas en Grecia y Espa帽a,de los cuales la UE proporcion贸 alrededor del 30% (422 millones de euros)禄, afirma Oskar Herics, Miembrodel Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe.芦Esta cantidad se ha gastado de manera ineficaz por lo que respecta a la consecuci贸n de los beneficios econ贸micos potenciales禄.
En Grecia (con diferencia el principal receptor de contribuciones de la UE, con 3 300 millones de euros, el 59 % del total), el coste por kil贸metro de tres autopistas examinadas aument贸 hasta un 69%, mientras que el alcance de los proyectos se redujo de forma considerable hasta un 55%. Este gasto ineficaz se debi贸 principalmente a la necesidad de cubrir los d茅ficits financieros provocados por la renegociaci贸n de los contratos delas APP, a la mala preparaci贸n de los proyectos por parte de los socios del sector p煤blico; y, lo que es m谩s importante, al hecho de que los contratos con concesionarios privados se firmaron antes de que se resolvieran cuestiones relevantes.
Los auditores constataron que los an谩lisis precedentes se basaron en hip贸tesis excesivamente optimistas.
En consecuencia, el uso real de las TIC fue un 69% menor de lo previsto en Irlanda, y un 35% menor en el caso de las autopistas en Espa帽a. En la mayor parte de los proyectos examinados, se eligi贸 la opci贸n de la APP sin ning煤n an谩lisis comparativo previo de las alternativas, por lo que no se demostr贸 que era la opci贸n que supon铆a una mayor optimizaci贸n de recursos y proteg铆a el inter茅s p煤blico.
La distribuci贸n de riesgos entre los socios p煤blicos y privados fue a menudo inadecuada, incoherente e ineficaz, mientras que los elevados 铆ndices de remuneraci贸n (hasta el 14 %) que ofrece el capital de riesgo de los socios privados no siempre reflejaban los riesgos asumidos. Adem谩s, la mayor铆a de los seis proyectos TIC auditados no eran f谩cilmente compatibles con la larga duraci贸n de los contratos, al estar sujetos a r谩pidos cambios tecnol贸gicos.
Los auditores afirman que la financiaci贸n de APP supone requisitos e incertidumbres adicionales. La posibilidad de registrar las APP como partidas fuera de balance fue una consideraci贸n importante. Cinco de los doce proyectos de APP evaluados, con un coste total de 7900 millones de euros, se registraron inicialmente fuera de balance, pr谩ctica que aumenta el riesgo de efectos secundarios negativos.
En la actualidad, no todos los Estados miembros cuentan con marcos institucionales y jur铆dicos adecuados ni con una capacidad administrativa considerable para ejecutar APP con 茅xito. Los Estados miembros visitados no han desarrollado una estrategia o pol铆tica clara para la utilizaci贸n de las APP, lo cual no es acorde con el objetivo de la UE de destinar una mayor parte de los fondos de la UE a trav茅s de proyectos combinados, entre ellos las APP.
Los auditores formulan una serie de recomendaciones tanto a la Comisi贸n como a los Estados miembros, que deber铆an: