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Una de cada tres empresas prohíbe Internet para uso personal


Una de cada tres grandes empresas españolas ha prohibido a sus empleados el uso de Internet y correo electrónico para fines personales, según revela un estudio elaborado por el 'e-business' Center de la consultora PricewatershouseCoopers (PwC) y la Escuela de negocios IESE y basado en la consulta a 91 compañías.





Cuatro de cada cinco compañías de gran tamaño en España tiene alguna política sobre la utilización de la Red y el correo electrónico, pero menos de la mitad aplica códigos estrictos que la definan.

Así, las comunicaciones a través de 'e-mail' están menos controladas (24 por ciento) que la navegación por Internet (45 por ciento), aunque la tendencia general es supervisar el uso que hacen los empleados de dichos medios. De hecho, sólo un doce por ciento de las empresas permite un uso totalmente libre de Internet y catorce por ciento en el caso del correo electrónico.

El diecisiete por ciento de las compañías encuestadas supervisa a todos sus trabajadores, lo que extrapolado a la plantilla de un millar de empresas supone que a trescientos mil trabajadores se les controla la utilización que hace de las Nuevas Tecnologías en el trabajo.

INFLUENCIA ANGLOSAJONA

El director del estudio y profesor de ética del IESE, Joan Fontrodona, consideró que las políticas de control y de supervisión españolas son menos habituales que en otros países, especialmente de influencia anglosajona. En su opinión, "la ventaja de este retraso es que podemos aprender a utilizar estas políticas evitando los extremos en los que han incurrido los países en que estas prácticas están más extendidas".

El informe señala que la mayoría de los empleados utilizan esporádicamente Internet con fines personales en su centro de trabajo, principalmente para actividades como la consulta de noticias, operaciones bancarias y envío de correos electrónicos a familiares y amigos una vez por semana.

Según Fontrodona, los empleados "aceptan más fácilmente las medidas de supervisión y las sanciones que se puedan establecer cuando han sido previamente informados de las políticas de la empresa y éstas están claramente definidas". En este sentido, puede ser considerado negativo que casi la mitad de las empresas encuestadas "carezca de políticas escritas".

Para realizar la investigación se remitió un cuestionario a un millar de empresas, de las que contestaron algo menos de un centenar. Las respuestas correspondierona a directores de informática (45 por ciento), responsables de recursos humanos (13), directores generales (12), directores financieros (6) y otros cargos directivos (24 por ciento).

Reproducido de Europa Press


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