La propuesta de legislación sobre pruebas electrónicas obligará a una amplia gama de proveedores de comunicación a responder rápidamente a las solicitudes de datos.
Entre los servicios que entrarán en el ámbito de aplicación de la nueva normativa se encuentran las ?redes sociales, como Twitter y Facebook?, los proveedores de cloud computing, los registros y registradores de nombres de dominio, e incluso los ?mercados digitales que permiten a los consumidores y/o comerciantes realizar transacciones peer-to-peer?, como los foros de usuarios en plataformas de comercio electrónico.
Está previsto que la reforma se anuncie el 17 de abril.
La propuesta de la Comisión se refiere al ?aumento exponencial del uso de servicios y aplicaciones en línea?, que a veces se ?utilizan indebidamente? para cometer delitos.
La Comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourova, ha argumentado que el cambio legal es necesario porque las autoridades se enfrentan actualmente a procesos difíciles y largos para recibir datos almacenados en otros países para sus investigaciones.
El nuevo sistema eludirá los Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT, por sus siglas en inglés), los cuales, según las autoridades, son demasiado lentos.
La propuesta de la Comisión contiene un nuevo reglamento y una directiva.
El nuevo reglamento creará sistemas legales para que las autoridades de los Estados miembros de la UE exijan a las empresas que compartan los datos en un plazo de 10 días, o de seis horas si existe una ?amenaza inminente para la vida o la integridad física de una persona o de una infraestructura crítica?.
La directiva por su parte, permitirá que cualquier empresa que preste servicios de recogida de pruebas electrónicas en la UE se vea obligada a designar a un representante legal dentro de la Unión.
El sistema obligará a las empresas que actualmente no tienen oficina o no almacenan datos de usuarios en la UE a realizar un gran cambio: si sus servicios están disponibles en la Unión, las empresas tendrán que cumplir con las demandas de la policía.
Las personas jurídicas designadas por las empresas con sede en la UE tendrán que responder a las solicitudes de datos de las autoridades policiales y aduaneras.
La propuesta especifica que cualquier servicio al que los usuarios de la UE puedan acceder a través de tiendas de aplicaciones también estará sujeto a las normas.
De este modo, las autoridades policiales de los países de la UE podrán exigir datos de usuario a cualquier aplicación de mensajería o servicio de comunicación digital que opere en el territorio de la Unión.
?Dada la naturaleza sin fronteras de Internet, estos servicios pueden prestarse desde cualquier lugar y no requieren necesariamente una infraestructura física, presencia corporativa o personal en los Estados miembros en los que se ofrecen los servicios?, dice el reglamento.
Eso si, las empresas podrán recurrir las órdenes jurídicas y solicitar el reembolso de las transferencias de datos si la legislación nacional de los Estados miembros cubre esos costes. Pero, se enfrentarán a sanciones si se niegan a responder a las demandas.
Las autoridades, por otra parte, sólo podrán exigir datos sobre delitos que conllevan condenas de hasta tres años.
Debido a este alto umbral, la Comisión ha determinado que las solicitudes se centrarán en delitos graves como la ?pertenencia a una organización delictiva, la financiación de grupos terroristas?, el entrenamiento para la comisión de actos terroristas o el apoyo a una organización delictiva.
¿Llegará a buen puerto? ¿Conseguirán la UE posicionarse por encima de las empresas tecnológicas? De momento toca esperar al 17 de abril para conocer la propuesta completa.
Fuente | EURACTIV
