El Defensor del Pueblo ha decidido no atender el recurso promovido por algunas asociaciones por la inconstitucional del Decretazo (Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones), por entender que su recurso no aportaría nada ya que la Generalitat y el Gobierno Vasco han presentado también recursos en este sentido y señalando la necesidad de que exista un control judicial respecto a ciertas acciones del Gobierno. Aunque hay que resaltar una cuestión muy importante, y es que en los recursos en curso además se hace mucho hincapié en los temas competenciales de ambos territorios, pudiéndose desviar la atención hacia otras cuestiones.

“Hackron" se define como un congreso para Hackers Éticos apoyado ademas por profesionales de la #Ciberseguridad, creemos firmemente en la demostracion de capacidades a traves de ponencias y talleres técnicos que aporten valor al asistente.

La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presentado esta mañana el 017, un nuevo número corto de teléfono de ayuda en ciberseguridad que el Gobierno pone en marcha a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). "Hoy damos un paso más con la puesta en marcha del 017. Se trata de un número gratuito y confidencial en el que los ciudadanos podrán hacer todas sus consultas en el ámbito de la ciberseguridad" señaló la vicepresidenta. Asimismo, ha destacado "la importancia del desarrollo de competencias en ciberseguridad, no sólo desde la perspectiva diaria sino de cara al futuro por el desarrollo de oportunidades profesionales".

Durante los últimos meses hemos visto como en todo el mundo administraciones públicas de todo tipo y empresas, incluso grandes, se han visto seriamente afectadas por ciberataques cuyo efecto final ha sido el secuestro de los datos y la petición de una cantidad, normalmente en bitcoins, con la promesa no siempre cumplida, de si se paga, se recuperarán los datos secuestrados y que no se publicarán, cuando además, han sido robados previamente.

La Unión Europea plantea una suspensión de cinco años de esta tecnología a fin de analizar su impacto más notable

Tal y como comentábamos en un anterior reportaje, la Comisión Europea pretende regular la Inteligencia artificial (IA) en los próximos años. Se trata de ver su viabilidad dentro de un marco normativo que proteja los derechos de los ciudadanos.

Por lo que sabemos, su aplicación al reconocimiento facial genera dudas y podría tener una moratoria de cinco años.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado hoy su campaña ‘Por todo lo que hay detrás’, dirigida a promover la utilización del Canal prioritario de la Agencia para denunciar la difusión en Internet de contenidos sexuales o violentos publicados sin el permiso de las personas que aparecen en ellos, en particular, en casos de acoso a menores o violencia sexual contra las mujeres.

Si un cliente ha llevado a cabo la contratación de un servicio, o la adquisición de un producto de un banco, eléctrica u operadora móvil, es habitual que haya dado su consentimiento a través de una llamada telefónica, siendo advertido de que la conversación sería grabada. Ahora, el usuario puede reclamar que le entreguen ese archivo de voz.

El reconocimiento facial está siendo cada vez más utilizado en todo tipo de escenarios, pero en la Unión Europea quieren ir con tiento a la hora de abordar una tecnología que plantea una (nueva) invasión a la privacidad.

Una amplia coalición de organizaciones representativas de la defensa de los derechos digitales, de internautas, consumidores y juristas expertos presentarán hoy miércoles un escrito ante el Defensor del Pueblo para promover la nulidad por el Constitucional del ‘Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones ’, conocido como ‘Decretazo Digital’.

El Real Decreto-Ley 14/2019 introduce medidas urgentes en materia de identificación ante la Administración, contratación pública y telecomunicaciones invocando razones de seguridad pública y también de protección de datos. La finalidad de la norma, según señala su Exposición de motivos, es la de «asegurar la adecuada prestación de los servicios públicos y, al mismo tiempo, que la administración digital se emplee para fines legítimos que no comprometan los derechos y libertades de los ciudadanos». La convalidación de la norma por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados estuvo precedida de un debate en el que algunos diputados manifestaron dudas sobre la constitucionalidad de algunas de las medidas adoptadas. Con la organización de este seminario se pretende plantear un debate académico acerca del alcance de la regulación sobre el uso de la tecnología de registro distribuido con fines de identificación en el ámbito del sector público.

A instancias del Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes y con la colaboración de la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid, se celebró un encuentro con profesionales y la comunidad educativa que puso sobre la mesa el reto de la presencia del móvil en aulas y patios. El evento tuvo lugar el pasado día 12 de diciembre en el emblemático IES San Isidro de Madrid, con el título "Las redes sociales y el acoso escolar. Usos y abusos del móvil"

“A ver si logramos que los gobiernos lo entiendan de una vez”, añade al respecto Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, que detalla a ComputerWorld su visión sobre el presente y futuro de la red de redes y la legislación que rodea al ecosistema digital actual.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado una investigación para analizar las prácticas de "duplicado de la SIM" (el llamado "SIM swapping) para acceder a información confidencial de los teléfonos móviles.

Este miércoles 27 de noviembre el congreso de los diputados ha dado vía libre por muy amplia mayoría al Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre por el cual el gobierno, este, el siguiente o el que venga, podrá intervenir con “carácter excepcional y transitorio” redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Las comillas son nuestras porque esta ley tiene mucha chicha y desde la primera línea es un despropósito tras otro con tintes de dictadura orwelliana. Porque ¿quién considera qué es de carácter excepcional? Pues el mismo gobierno.