El texto ya había tenido varias enmiendas a la propuesta inicial.
Todavía se desconoce si el ponente de esta directiva, el popular alemán Axel Voss, fuera a dimitir como había comentado a sus interlocutores en el caso de que no se aprobase.
Lo que parece claro es que el texto se modificará de nuevo para intentar aunar posturas, en principio bastante enfrentadas, en una Eurocámara dividida.
La polémica de esta norma se encuentra en dos artículos, el 11 y el 13, tal y como señalaba CONFILEGAL recientemente en un reportaje.
Sobre estas líneas una de las imágenes que se han utilizado contra la gestación de la futura Directiva.
El artículo 13 de dicha directiva obligaría a plataformas como Twitter o Youtube a instalar una serie de filtros automáticos para que los usuarios suban materiales protegidos. La idea que subraya es localizar material que puedan infringir los derechos de autor.
El miedo de esta medida es el de establecer una censura previa.
Para Sergio Carrasco, jurista e ingeniero, socio director de Fase consulting, las criticas a la directiva de momento rechazada tienen que ver con su falta de concreción y la trasposición en cada país que podría perjudicar a los prestadores de servicios, sobre todo, a los de menor capacidad económica. “
Se trata de buscar un mecanismo que evite se suban contenidos protegidos por derecho de autor y el actual filtrado que se propone no es totalmente efectivo”.
Sobre la posible censura de estos filtrados, reconoce que en el texto nuevo se había suavizado bastante este tema: “ahora ya no se hablaba de una obligación de poner estos filtros, sino de establecer estas medidas de otra forma, aunque aún así es complejo realizarlo”.
“Los mecanismos no son susceptibles de exceptuar ciertos contenidos como parodias o los propios memes en Internet.
Al final se crearía una censura en la práctica”, subraya. Carrasco es más partidario de un procedimiento reactivo donde se notificase esos contenidos infractores a la plataforma.
“Habría que crear un procedimiento donde hubiera opción a reclamaciones”.
Otro de los puntos controvertidos viene del artículo 11, que establece la creación de una tasa Google.
“Lo que quiere decir es que las empresas de noticias podrían recibir una remuneración por el uso que hagan otros enlazando dichas noticias. Se quiere crear un nuevo derecho y ver cómo será su aplicación en la práctica”, comenta.
En el texto se indica el derecho legal renunciable de los medios de comunicación a reclamar a las plataformas digitales durante un periodo de 20 años compensaciones por compartir fragmentos de sus contenidos informativos.
“Hay dos posturas muy encontradas y se está viendo que la industria cultural está haciendo un esfuerzo importante. Desde hoy hasta el próximo mes de septiembre harán presión para que se apruebe. Confiemos que si se aprueba no sea peor que el que se proponía”, apunta Carrasco.
Internautas, preocupados por el debate
Desde la Asociación de Internautas, entidad vinculada a otras organizaciones europeas de la sociedad civil para frenar esta reforma, la satisfacción era notable y habla de victoria de la transparencia.
“Hemos abierto el debate. Muchos eurodiputados se han enterado del tema hoy que lo votaban. Realmente no nos sorprende la votación adversa a la directiva de copyright”, explica Víctor Domingo, su presidente, quien alude a un tuit del Parlamento Europeo “donde se habla del ruido que se estaba montando con esta votación”.
Ahora, el debate empezará de cero “artículo por artículo, con el deseo de que ese articulo 13 que respalda la censura de Internet se interprete de otra forma o se suprima”.
Esta cuestión fue ayer #TredingTopic , es decir tendencia mundial en Twitter y el propio cierre provisional de la Wikipedia, plataforma que alberga contenidos escritos por terceros, también ha contribuido a generar este debate.
Para Domingo abrir debate sobre este tema es muy peligroso e inaceptable porque “no se puede poner coste a los enlaces o introducir máquinas de filtrado de contenidos para ver luego como los países lo interpretan en la trasposición”.
En su opinión, “hay elementos que las entidades de gestión y la industria cultural no están dispuestas a discutir con la sociedad civil. Quieren ‘monetizarlo’ todo aunque hablemos de derechos fundamentales. Al final habrá que ver lo que le llega al autor de todo esto”.
“Sorprende que hasta ahora el secretario de Estado para la Agenda Digital, Francisco Polo no se haya pronunciado y ahora esperemos que conozcamos su postura de cara a la votación de septiembre” concluye.
Entidades de gestión
Por su parte, José Antonio Suárez, abogado de las entidades de gestión, hace su valoración de esta situación que dice “nos ha sorprendido”.
Suárez dice que la directiva “quiere actualizar el marco legal a la situación existente de la directiva de copyright de 2001 y no podemos seguir igual. No es concecible que haya plataformas que utilicen contenidos de terceros sin pagar nada a cambio”. Para este experto hay que equilibrar el mercado “porque reproducir un articulo de Internet en otro portal se hace sin ningún tipo de penalidad y hay que perseguir la llamada ‘economía trilera’”.
Desde su punto de vista, “los ciudadanos necesitamos herramientas para defendernos de Internet. Y que la gente se haga responsable de lo que hace en Internet. Las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual son continuos y no hay remedios eficaces. La actual desregulación del mercado está generando mucha precariedad para los propios creadores”. Para este jurista, el texto de la directiva “es equilibrado y no soy partidario de la alternativa ‘Barra libre, todo vale’ . Cada cual debe ser responsable de sus acciones”.
Desde fuera el problema está en los filtrados a través de máquinas y algoritmos. Para Suárez, la lectura que se hace del articulo 13 es equivocada. “Es cierto que es complejo, pero debemos preguntarnos si es necesario o no. Realmente no es un filtrado sino derivar la responsabilidad de lo que se haga. Cuando alguien incorpora un contenido debe ser responsable de ello. Que pongan los medios para no incorporar contenidos protegidos por derecho de autor. Eso cuesta dinero, es evidente, pero hay que hacerlo por responsabilidad objetiva”, añade.
A su juicio, cree que la propiedad intelectual no es de nadie. “Craso error, hay muchos creadores que tienen derecho que se respete sus derechos en este ámbito. No podemos olvidar que la propiedad intelectual genera más del 3% del PIB, no se puede destruir de forma irresponsable”.
Para este experto, el nuevo debate de artículo por artículo el próximo mes de septiembre puede convertir al texto actual en irreconocible.
