La petición de archivo de la SGAE se extiende a los otros tres imputados en esta pieza de la investigación: José Luis Rodríguez Neri (una pieza clave en la SGAE de Teddy Bautista), el ex jefe de asuntos jurídicos Pablo Antonio Hernández y el ex director general Enrique Loras. Pese a todo, se sentarán en el banquillo con el cantante porque el fiscal sí les acusa.
No parece que la decisión de la SGAE haya sido estrictamente jurídica. Según fuentes próximas al caso, hasta hace unos días el abogado que representa a la entidad, el catedrático de derecho Penal Luis Rodríguez Ramos, tenía previsto presentar un escrito de acusación. Sin embargo, en el último momento recibió la orden de la entidad presidida por José Luis Acosta de no hacerlo y, por contra, pedir el sobreseimiento.
En el único juicio celebrado hasta ahora por la operación Saga la SGAE también se desmarcó del fiscal. La sociedad acusó a un directivo de usar la visa oficial para pagar prostitutas, pero no quiso hacer lo mismo con el alto directivo que había hecho la vista gorda. El juez central de lo Penal dejó en evidencia a la SGAE dando la razón al fiscal José Miguel Alonso y condenando a ambos.
Según el fiscal, Ramoncín pasó cargos a la entidad por valor de 50.000 euros por trabajos que sólo eran supuestos. Una actividad delictiva según el fiscal; nada de nada según la SGAE.
