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EL MINISTERIO PÚBLICO INSTA A LOS JUECES A ACELERAR LAS INVESTIGACIONES PARA QUE LOS DELITOS NO QUEDEN IMPUNES

La Fiscalía alerta del auge de robos de datos bancarios a través de internet


Hace aproximadamente un mes, el desmantelamiento en Estados Unidos de un servidor responsable del 20% del spam (correos electrónicos basura) aligeró notablemente los buzones virtuales de todo el planeta. Todos pudimos notar que la llegada de los molestos mensajes a nuestros ordenadores publicitando medicamentos o vídeos de más que dudosa procedencia se redujo notablemente.




A. CHECA | VALENCIA / Las Provincias .- Poco duró el sosiego informático. Unas semanas después el servidor volvió a ponerse en marcha en algún lugar de Asia. Y el inmenso flujo de correo basura que circula por la red recuperó su habitual nivel. Porque las cosas en internet van así de rápido. Y el número de delitos cometidos a través de la red no deja de aumentar exponencialmente cada año.

Las Fuerzas de Seguridad son conscientes del reto de futuro al que se enfrentan. La Fiscalía de Valencia no es una excepción. Fruto de ello es la puesta en marcha a comienzos de este año de la sección de Delincuencia Informática, coordinada por Fernando Cabedo e integrada por otros cuatro fiscales (dos de ellos especialistas en Menores).

"Ha aumentado notoriamente la actividad delictiva llamada phising", asegura una nota de servicio difundida entre todos los fiscales valencianos el pasado mes de noviembre.

El documento alerta así del incremento registrado del robo de datos confidenciales de los ordenadores. El principal objetivo de los delincuentes es conocer claves bancarias de las víctimas y saquear después sus cuentas.

El aviso lanzado desde la unidad especializada de la Fiscalía valenciana no se queda ahí. "Van a aparecer muchos más delitos cometidos por medios informáticos", añade la circular.


Hasta cuatro años de cárcel
Delitos informáticos como el phising están tipificados como estafas por el Código Penal. La ley impone una pena de hasta cuatro años de prisión "a los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de un tercero".

Los especialistas de la Fiscalía en la lucha contra la ciberdelincuencia subrayan la necesidad de que la instrucción judicial de la causa "sea rápida". De lo contrario, se corre el peligro de que los asaltos informáticos queden impunes.

Y es que, como recuerda la circular difundida por la Fiscalía, "las compañías telefónicas sólo tienen obligación de conservar durante un año" datos como el IP (una especie de DNI de cada ordenador) o el nombre los usuarios. Sin ellos, los investigadores difícilmente pueden seguir el rastro de los sospechosos.

La nota de servicio de la Fiscalía detalla cómo actuar cuando se produce un caso de phising. Tras presentarse la denuncia de la víctima, el documento destaca el carácter vital de que, "lo más pronto posible", el juzgado requiera al banco el número IP, así como el día y la hora en que se realizó la ilícita transferencia.


Dilaciones procesales
Con estos datos, el juez requerirá luego a la compañía telefónica para que facilite la identidad del dueño de la línea y su dirección. Si todo se hace en el tiempo debido, el siguiente paso será la llamada a la puerta del sospechoso de las Fuerzas de Seguridad.

La Fiscalía señala que uno de los problemas que impiden a veces esta rápida actuación de los investigadores reside en las "dilaciones en la tramitación procesal" en determinadas poblaciones valencianas. Como en otras materias, los partidos judiciales más pequeños son los que acumulan más colapso en este sentido.

La sección de Delincuencia Informática fue una apuesta personal de la fiscal jefe. Teresa Gisbert ya anunció en marzo su puesta en marcha para vigilar muy cerca internet, especialmente los actos criminales que tienen a menores como víctimas (pornografía, insultos en foros o acoso escolar, principalmente).


200 ataques en dos meses
La tremenda incidencia del robo de datos bancarios a través de internet queda probada con multitud de estadísticas. En un plazo de dos meses, las entidades financieras españolas pueden llegar a sufrir 200 ataques de phising, como revelaron recientemente la Asociación de Internautas, Panda Software y el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.

El castigo penal que reciben quienes cometen acciones delictivas a través de internet también ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la fiscal jefe de Valencia. Teresa Gisbert ha incidido en varias ocasiones en la necesidad de endurecer el castigo, por ejemplo, para los responsables de páginas web por la inclusión de contenidos ilícitos, algo que no ocurre en la actualidad.

La exigencia de la mayor pena posible es algo que ya está siendo aplicado por los fiscales. Como ejemplo, la petición conocida este verano del ministerio público de cinco años de prisión a un ciudadano catalán creador de una web por remitir mediante un enlace a otra página con pornografía infantil.

Porque no sólo el aumento de delitos de phising es astronómico. Las ilegalidades cometidas sobre menores de edad en la red también se ha disparado notablemente en los últimos tiempos. La propia circular de la unidad de Delincuencia Informática de la Fiscalía advierte de que la investigación de un ordenador desde el que supuestamente se ha cometido un robo de datos bancarios puede llevar al esclarecimiento de un supuesto caso de pornografía infantil, por la interconexión que muchas veces se da entre estos delitos. La nota de servicio recuerda a los fiscales que, para evitar futuras nulidades del caso, si se descubre otro hecho ilícito, distinto del que se está indagando, "se requerirá autorización judicial para seguir la investigación por el nuevo delito".

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