Red SOStenible invita a la ciudadanÃa a sumarse para interpelar a partidos polÃticos e instituciones.
Red SOStenible invita a la ciudadanÃa a sumarse para interpelar a partidos polÃticos e instituciones.
La Comisión de Cultura y Educación de la UE recibirá el dÃa 3 de febrero a una delegación de Red SOStenible para que le presente la Carta con sus demandas y las problemáticas especÃficas de la situación española.
El Gobierno pretende introducir modificaciones legales de prisa y corriendo, anticipando los estudios que está realizando el propio Parlamento a través de la Subcomisión de propiedad intelectual puesta en marcha el pasado verano por la comisión de Cultura del Congreso. A pesar de ello, con la repentina inclusión de la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de EconomÃa Sostenible, se ha ninguneado al Parlamento en favor de las exigencias de la Coalición de Creadores que tratan de impedir que el poder judicial pueda pronunciarse con las debidas garantÃas sobre si alguien está violando la propiedad intelectual o no.
A su vez la Subcomisión Parlamentaria sobre la Ley de Propiedad Intelectual ha hecho públicos sus interlocutores : no recibirá prácticamente a ninguna asociación que represente a las ciudadanas y ciudadanos que utilizamos Internet, pero sà a entidades privadas como las sociedades de gestión de derechos de autor, representantes de la industria del entretenimiento y multinacionales. La Subcomisión desprecia asà los intereses de la ciudadanÃa en favor de intereses privados.
Los partidos polÃticos deben ser conscientes de que la connivencia con esta manera de proceder supone apoyar que sea el Gobierno quien establezca las normas y los cánones, verifique su cumplimiento a su criterio y sancione en la medida que quiera hechos derivados de conflictos de derecho privado y a favor de un determinado colectivo; el que él prefiera. Este proceder supone una deriva autoritaria, irresponsable y antieconómica, inaceptable en un estado democrático donde los ciudadanos han manifestado ya claramente su malestar y su oposición a pagar por la mala gestión de multinacionales y empresas que deberÃan reconvertirse.
Despreciar de esta forma a la ciudadanÃa conlleva un coste electoral.
La ciudadanÃa tiene que ser escuchada y sus derechos e intereses deben ser defendidos por encima de todo.
Por eso, desde hoy, cualquier ciudadano y ciudadana puede encontrar en la Web de Red-SOStenible una carta para poder dirigirla a las instituciones que consideren oportunas, pidiéndoles una cita para explicarles las demandas de la sociedad civil.
Red SOStenible ha comenzado ya el envÃo de esta carta a todos los representantes polÃticos y a las instituciones y entidades que pudieran estar implicadas, o afectadas por este Proyecto de Ley.
Además, Red SOStenible ha pedido cita al embajador de Estados Unidos, ante la fuerte presión ejercida por EEUU sobre el ejecutivo en defensa de los intereses de las multinacionales americanas.
Red SOStenible, para los derechos de la Sociedad y de los Autores.
La ciudadanÃa no somos el problema, somos la solución
A su vez la Subcomisión Parlamentaria sobre la Ley de Propiedad Intelectual ha hecho públicos sus interlocutores : no recibirá prácticamente a ninguna asociación que represente a las ciudadanas y ciudadanos que utilizamos Internet, pero sà a entidades privadas como las sociedades de gestión de derechos de autor, representantes de la industria del entretenimiento y multinacionales. La Subcomisión desprecia asà los intereses de la ciudadanÃa en favor de intereses privados.
Los partidos polÃticos deben ser conscientes de que la connivencia con esta manera de proceder supone apoyar que sea el Gobierno quien establezca las normas y los cánones, verifique su cumplimiento a su criterio y sancione en la medida que quiera hechos derivados de conflictos de derecho privado y a favor de un determinado colectivo; el que él prefiera. Este proceder supone una deriva autoritaria, irresponsable y antieconómica, inaceptable en un estado democrático donde los ciudadanos han manifestado ya claramente su malestar y su oposición a pagar por la mala gestión de multinacionales y empresas que deberÃan reconvertirse.
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