Asociación de Internautas

El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) ha aprobado definitivamente la directiva sobre retención de datos telefónicos y de comunicaciones electrónicas a la que el Parlamento Europeo dio el visto bueno el pasado 14 de diciembre. Dicha normativa obliga a los operadores a retener los datos durante un periodo de entre seis y 24 meses para la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves.

22-02-2006 - El Mundo No todos los representates de los Estados miembros han votado a favor de la directiva. Irlanda y Eslovaquia han dado un voto negativo para mostrar su desacuerdo con la base jurídica elegida para esta legislación, aunque ello no ha impedido lograr la mayoría necesaria para sacar adelante las nuevas normas.

A partir del momento en que la directiva sea publicada en el Diario Oficial de la Unión, los estados miembros tendrán 18 meses para incorporar a su legislación interna las disposiciones de la directiva. Además, los países que lo soliciten dispondrán de 18 meses de periodo transitorio en lo que se refiere a la retención de los datos de comunicaciones a través de Internet.
Franco Frattini, comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertad, ha elogiado el "paso decisivo" que se ha dado con la aprobación de la directiva, que considera un "gran éxito".

Todo tipo de llamadas
Todas las llamadas telefónicas deberán ser registradas, tanto las recibidas como las perdidas o no contestadas. Igualmente, tendrán que retenerse los datos de correo electrónico.

De este modo, se podrá conocer, si es necesario, quién ha hecho una llamada, el lugar de procedencia y su duración, aunque no el contenido de la llamada, cuyo acceso sólo será posible mediante la decisión de una autoridad judicial.

La Directiva también afectará a la retención de los datos correspondientes a la localización del lugar desde el que se realizan las llamadas desde teléfonos móviles, de modo que quedaría registrado todo movimiento que realizase un sospechoso durante una conversación telefónica con teléfono móvil.

Datos afectados

En cuanto al tipo de datos que se podrán retener, se incluyen los de números de teléfono de origen y destino, los nombres y direcciones de las personas que llaman y de aquéllas para las que están registradas los números de teléfono en el momento de la conexión, así como el servicio telefónico utilizado.

En el caso de los teléfonos móviles, se añade el identificador del equipo y para Internet las direcciones IP dinámica y estática asignadas por el proveedor de acceso a la conexión, el nombre y dirección del usuario y los datos sobre la hora, fecha y duración de una comunicación.

Durante el debate de la propuesta en el Parlamento Europeo, los eurodiputados añadieron al texto que también serán objeto de retención los datos referidos a la fecha y momento de activación de una tarjeta prepago.

Uso y protección de los datos

El principal motivo de la creación de esta directiva es la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Con la nueva normativa se retendrán los datos "necesarios para localizar e identificar la fuente de una comunicación" en caso de delito grave según esté definido en la legislación nacional de cada Estado miembro, entre ellos los relativos al terrorismo y al crimen organizado.

Además, la directiva permitirá que los Estados impongan sanciones, tanto administrativas como penales, en el caso de que se produzcan infracciones de las disposiciones nacionales que se adopten en aplicación de la nueva normativa comunitaria. También se respetarán las legislaciones de todos aquellos países que obliguen a retener más datos y por más tiempo, como Irlanda, que conserva esta información tres años, o Polonia, que ha estipulado que lo hará durante 15.

Coste elevado para los operadores

La principal pega que ponen las compañías del sector, que son las que estarán obligadas a retener y almacenar los datos, es el alto coste que supondrá la aplicación de la directiva.

Según los cálculos de las autoridades europeas, la creación de una base de datos con todas las llamadas efectuadas y recibidas por cada usuario le supondrá a cada compañía unos 100 millones de euros para conseguir la infraestructura necesaria y unos 50 millones de euros anuales para su mantenimiento.