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La Administración central está cautiva del software de Microsoft


Las compras de bienes y servicios informáticos del Estado rondan los 500 millones de euros al año y el 90% de las adquisiciones incluyen programas de un único proveedor




A. Lorenzo / M.A. Uriondo La Gaceta. Los productores de software de sistemas operativos apenas pueden concurrir directamente en las licitaciones de la Administración central española por la sencilla razón de que existen muy pocos concursos públicos para este sector de actividad. De esta forma, Microsoft acapara casi el monopolio del servicio informático y lo hace, además, sin concurrir directamente en las licitaciones públicas, sino que su presencia responde a la elección de los distintos proveedores de equipos contratados por la Administración.

El procedimiento general de las compras de la Administración central de material informático se realiza a través de Catálogo de Bienes y Servicios. Con este método, la práctica totalidad de los ordenadores y portátiles adquiridos incluyen "de serie" el sistema operativo de Microsoft . Es decir, el primer fabricante mundial de software ha conseguido disfrutar de condiciones de casi monopolio en la Administración Pública, pero sin realizar un esfuerzo comercial específico en este sentido.

Según denuncia el Observatorio de Neutralidad Tecnológica, la situación actual de las compras públicas de software "vulnera los principios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia que rigen la contratación pública en España", tal y como refleja un documento que ayer recibió el director general de Modernización Administrativa, Juan Miguel Márquez, organismo dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas. Dicho informe, suscrito por diferentes asociaciones relacionadas con el software libre, apunta que "existe dentro de la Administración Central del Estado español un mercado, de bienes y servicios informáticos, de más de 500 millones de euros que prácticamente es apartado de la licitación pública", según datos extrapolados del Informe Reina. En total, el gasto público en informática y tecnologías de la información supera los 1.600 millones.

El Ministerio de Administraciones Públicas, que dirige Jordi Sevilla, comunicó el año pasado a la Oficina del Defensor del Pueblo que aplicaría el principio de neutralidad tecnológica en la contratación de servicios informáticos. Para verificar el cumplimiento de este compromiso, el ministerio constituyó el Observatorio de Neutralidad Tecnológica con el mandato de recoger denuncias relativas a estas presuntas deficiencias. En concreto, la neutralidad debe excluir la dependencia tecnológica y la posibilidad de monopolio sobre el espacio informático de la Administración.

Según se desprende del primer informe del Observatorio, "el 90% las infraestructuras informáticas se encuentra en una situación de cautividad de facto respecto de una determinada tecnología, perteneciente básicamente a Microsoft".

El informe que ayer llegó a manos del Gobierno también pone de relieve dos circunstancias significativas: "Por un lado, casi la totalidad de las adquisiciones de bienes informáticos por parte de las Administraciones se hace al margen de concurso y, por otro, casi la totalidad de los pocos proyectos que se sacan a concurso incluyen en el pliego de condiciones la exigencia explícita o implícita de usar tecnologías de Microsoft". El informe, además, denuncia que "ni una sola licencia de Microsoft ha sido objeto de concurso frente a otras opciones tecnológicas, lo que supone una cifra impresionante que se excluye del concurso administrativo, de la contratación abierta y de verificación de asignación legal del gasto público".

Fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas indicaron que todas las contrataciones se ajustan fielmente a la ley y entre ellas se encuentran las del software.

Los autores del primer informe del Observatorio de Neutralidad Tecnológica, el abogado José María Lancho y el programador Julián Coccia, apuntan que "resulta defectuoso el Servicio de Adquisición Centralizada, que ha contribuido a que se reduzcan los concursos a menos de una veintena, no siendo efectivo para garantizar la concurrencia el que una empresa esté incluida en el Catálogo de Bienes y Servicios de la Administración".

Las mismas fuentes precisan que esta situación responde a que "el sistema operativo y las utilidades de Microsoft venían incorporados en los propios ordenadores que se adquirían, porque el escaso coste de cada licencia obviaba la necesidad legal de concurso, omitiendo que, al final del año, el gasto en licencias de una sola empresa era importantísimo".

El Observatorio establece varios objetivos que el Gobierno prevé tomar en consideración en la elaboración de la futura Ley de Administración Electrónica.

El primer puntal de la neutralidad tecnológica es la ausencia de dependencia en esta materia, puesto que podría producirse una pérdida de soberanía del Estado democrático sobre su infraestructura informática. También se evitará la "obstaculización de la introducción y desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito del libre mercado". La futura ley, además, prevé establecer los requisitos técnicos necesarios para que el software de la Administración se ajuste en lo posible a estándares y directrices que favorezcan la interoperabilidad.

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