Asociación de Internautas

El pobre canon digital que el Gobierno pretende imponer en plan tributo a la mayoría para satisfacer los intereses de una inmensa minoría no levanta cabeza. A cada denuncia de los usuarios corresponde una sentencia favorable a sus argumentos, y consecuentemente, un varapalo a la industria y sociedades de gestión.

10-12-2006 - Esta nueva resolución me alegra un poco más, si cabe, porque se ha producido en mi ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, de manos del abogado Tinguaro González. Lo dice el juez, no un servidor: la aplicación del canon a los soportes digitales es un abuso que no tiene justificación:

“Aplicando tal línea jurisprudencial al presupuesto que nos ocupa resulta que existe una compra realizada por el actor en el que adquiriendo cuatro CDRom vírgenes por un precio total de 3,40 euros, de los cuales 0,84 euros (0,21 euros por cada uno de los cuatro soportes adquiridos) a la cual se le aplica igualmente el IGIC (5%), se corresponden con el concepto ‘Canon propiedad intelectual’, resulta que el material adquirido (4 CDRom vírgenes), tiene un amplio campo de posibilidades, en lo que a su utilización se refiere, que en ningún caso viene circunscrito a ser soporte de obras literarias, artísticas o científicas de ajena pertenencia, llegando (cabe incluso que uno de esos cuatro soportes adquiridos y objeto de la compraventa objeto de la presente causa sea el entregado en la Secretaría de este Juzgado a fin de conseguir copia del acto del juicio pretendida por la parte actora), por lo que la repercusión de remuneración por copia privada realizada por la entidad demandada e incompareciente no es subsumible dentro de los supuestos contenidos en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que debe entenderse que el cobro de tal cantidad supone un cobro indebido”.

A Tinguaro le tendrán que devolver 0,88 euros (0,22 por cada uno de los cuatro CD adquiridos9 y abonarle las costas. Todo puramente testimonial, pero de un alto calado simbólico, y con éste ya son tres los casos en los que la Justicia se ha decantado por el sentido común y la defensa de lo intereses generales de la ciudadanía. ¿A qué esperan los políticos para hacer lo propio?

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