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El Gobierno pretende legalizar el envío masivo de publicidad por Internet


Usuarios y proveedores se oponen frontalmente a la iniciativa, plasmada en un anteproyecto de ley cuya tramitación formal ya se ha iniciado




El envío por Internet de mensajes no solicitados a múltiples destinatarios -conocido como ‘spam’- «es el azote del correo electrónico», según Vinton Cerf, uno de los padres de la Red. Además de llenar los buzones de los usuarios de ‘correo basura’ y sobrecargar los sistemas de los proveedores de servicios, esta práctica traslada a ambos el coste de la publicidad. Por eso, no es de extrañar que esté mal vista en Internet, y que consumidores y empresarios se hayan rebelado contra la pretensión del Gobierno de legalizarla.
El Anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico elaborado por el Ejecutivo abre las puertas al ‘spam’. El texto, cuya tramitación formal ya se ha iniciado, permite el envío masivo de correo no deseado si el mensaje incluye, en el encabezamiento, «la palabra ‘publicidad’ o su abreviatura ‘publi’ antes de cualquier otra». La ley añade que el consumidor recibirá este tipo de mensajes mientras no exprese su deseo de no hacerlo en listas habilitadas al efecto y establece que cada anunciante deberá «suscribirse, al menos, a una lista de exclusión voluntaria o crear una lista propia».

Un abuso barato

Esto supone que todos y cada uno de los internautas y los proveedores españoles sufrirán, si el anteproyecto sale adelante, graves perjuicios económicos y técnicos. Los primeros malgastarán tiempo de conexión telefónica en descargar correo que irá directamente a la papelera; los segundos tendrán que almacenar todos esos mensajes y ampliar sus infraestructuras para hacer frente al aumento de tráfico. Los grandes beneficiados serán los anunciantes, que, por un coste ínfimo, llegarán a cientos de miles y hasta a millones de personas.
Porque el ‘spammer’ sólo paga por el envío de un mensaje -unas 25 pesetas-, que luego se reenvía desde los servidores a cada uno de los destinatarios finales. En la segunda parte del proceso, los costes, como los receptores, se multiplican -ascienden a unas 36.000 pesetas si los destinatarios son 100.000-, pero corren por cuenta de proveedores y usuarios, no del anunciante. «Cuando es tan fácil y barato cometer abusos -indica Borja Marcos, responsable de seguridad de Sarenet-, es necesario poner límites».
Jesús Sanz de las Heras, coordinador del servicio de ‘e-mail’ de RedIRIS -la red académica a la que están conectadas las universidades y centros de investigación españoles- asegura que, si se legaliza el ‘spam’ y el usuario no se conecta a Internet durante unos días, «la acumulación de ‘correo basura’ superará la capacidad del espacio que tiene reservado en su servidor y perderá todos los envíos posteriores». «Tendremos graves problemas de almacenamiento, que serán enormes si los mensajes aumentan de tamaño con la inclusión de fotos, animaciones o archivos de sonido», dice Alfredo Solá, director técnico de Intelideas, uno de los más veteranos proveedores de acceso a la Red.
Que se ponga ‘publicidad’ o ‘publi’ en el encabezamiento del mensaje no arregla nada, porque, si el usuario emplea un filtro que elimine todo correo con ese encabezamiento, la medida afectará también a los anuncios que esté interesado en recibir. La existencia de múltiples listas de exclusión dificultará, asimismo, eludir el ‘correo basura’. «Una de mis premisas fundamentales siempre ha sido que nadie debería tener que molestarse en salir de una lista de correo en la cual no ha solicitado entrar. La entrada voluntaria es el estándar legislativo e industrial en Estados Unidos y gran parte de Europa», ha indicado a EL CORREO Paul Vixie.
Pionero de Internet y autor de algunas de las herramientas gracias a las cuales funciona la Red, Vixie advierte que, «para el desarrollo del comercio electrónico, los usuarios de direcciones de correo electrónico deben tener la garantía de que sus direcciones no serán utilizadas sin su consentimiento expreso y consciente». Es decir, lo contrario que lo propuesto por el Ejecutivo en el anteproyecto de ley.

LUIS ALFONSO GÁMEZBILBAO
Reproducido de El correo

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