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CULTURA QUIERE DIFICULTAR EL INTERCAMBIO LIBRE EN LA RED Y LOS USUARIOS SE REBELAN

Internet descarga contra el Gobierno


¿Son los internautas unos saqueadores de bienes y derechos ajenos? ¿Deben las autoridades proteger a las industrias tradicionales y controlar de la cultura en red y el intercambio de información? Son preguntas que tendrán que responder los ministros de Industria, Miguel Sebastián, y Cultura, César Antonio Molina, en la nueva regulación que éste último pretende aprobar durante la presidencia española de la UE - primer semestre del 2010-, según anunció Molina en la reunión de la Comisión Intersectorial Antipiratería, reunida la semana pasada.


Pedro Vallín - LA VANGUARDIA.- En el encuentro se habló del intercambio de archivos, práctica legal hoy en España, como si de un robo se tratase: "La Comisión llama a los titulares de contenidos y a las operadoras de comunicaciones electrónicas y prestadores de servicios de la sociedad de la información a reforzar su compromiso de colaboración en la lucha contra la piratería digital". Éste es el eslabón débil, pues la "piratería digital" no existe como tal en España, ya que el derecho a la copia privada - que se paga con el célebre canon- protege el intercambio de archivos entre particulares.

"Es simplista y tendencioso dividir a la población entre los que copian y los que compran, porque todos hacemos ambas cosas a la vez". Es una de las frases que aparece en el manifiesto puesto en circulación por la organización eXgae (una asesoría legal on line que se dedica en "librar a los ciudadanos de los abusos de la SGAE y demás entidades de gestión") y que propone un cambio de enfoque en el ya largo conflicto entre los internautas, defensores del copyleft y consumidores en general, frente a las entidades de gestión de derechos, que aglutinan a la industria de la producción y la distribución de contenidos audiovisuales, y las autoridades competentes, en particular el Ministerio de Cultura, comprometido con el modelo de negocio cultural basado en el actual modelo de intermediarios. Y, por tanto, enfrentado al nuevo patrón de cultura tecnológica, que convierte en obsolescentes buena parte de los procesos de intermediación, con una relación directa entre creador y público.

La nueva perspectiva de la que habla eXgae, organización que tiene su sede en Barcelona y que, en buena medida, pone su empeño en desmontar la argumentación de la industria editora y el Ministerio, es una respuesta a la autodenominada Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, donde están integradas varias entidades de gestión de derechos, entre ellas la vituperada SGAE, la federación "antipiratería" y la organización patronal discográfica Promusicae, quienes pusieron en circulación un manifiesto denominado Derechos para todos en internet en el que exigen "un compromiso de Estado con los creadores y la industria de contenidos que evite su destrucción y la consolide como una apuesta estratégica para el futuro del país".

El primer problema es que la batalla contra la piratería trata indiscriminadamente distintas actividades y, más allá de perseguir a quienes hacen copias ilegales de los soportes físicos (CD y DVD) y los venden de forma irregular en plena calle (el célebre top manta),pretenden que se actúe - y en tal sentido han presionado al Parlamento Europeo, con limitado éxito, e incluso a los mandatarios reunidos en la cumbre del G-8- mediante modificaciones legales contra las descargas en internet. Y, concretamente, contra el llamado P2P (peer to peer,intercambio entre iguales), es decir, el intercambio de archivos (películas, canciones…) entre particulares.

El enfoque de eXgae pretende ser más realista: "El hecho de que recopile música por internet y que esto haga de mi un melómano, me provoca mucho más interés por acudir a conciertos y por comprar los originales de lo que más me ha gustado". eXgae - cuya web había recibido a las 21 h de ayer 32.308 visitas, en pocas semanas- recuerda que trece millones de pueden ser considerados "piratas" en España y se pregunta si el gobierno quiere aplicar posturas como las de Pakistán, China, Francia o Sudán.

No es una teoría o una elucubración, y los responsables de eXgae - como otros antes que ellos, desde los defensores del copyleft hasta las organizaciones de internautas o el colectivo "Todos contra el canon"- subrayan que no está en riesgo la remuneración del creador ni la existencia de industrias culturales, sino la existencia de formas de explotación basadas en la intermediación (edición y distribución) discográfica y videográfica. Y ponen el ejemplo de Rodolfo Chikilicuatre, que ha ingresado millones de euros sin vender un solo disco, gracias sobre todo a la venta de politonos, a las millones de visitas a sus vídeos y a las reinterpretaciones populares en sitios como YouTube.

Lejos de cernirse negros nubarrones sobre las industrias culturales, los defensores del P2P opinan que ocurre lo contrario, que "vivimos el periodo de mayor producción y consumo de medios audiovisuales de la historia", pero paradójicamente la industria cultural "ha llegado a un callejón sin salida y debe reconvertirse". ¿Por qué aducen las discográficas y videográficas pérdidas millonarias? Lo que hacen es clamar por el "lucro cesante" de su actividad, lo suman y lo presentan anualmente como tantos millones de pérdidas por la piratería. Contabilizan las copias piratas - y los intercambios de archivos- y calculan su valor como si fuesen originales, como si cada descarga o copia del top manta (2 euros) sustituyera a un original (las novedades, unos 20 euros).

La primera policía electrónica

El primer paso en Europa en defensa del lobby industrial lo dio el presidente Nicolas Sarkozy al convertir a Francia en la primera democracia que creaba una policía electrónica en internet, una policía que cuenta con capacidad para vigilar los intercambios entre particulares e incluso inmiscuirse en el contenido de los discos duros de los ordenadores de los ciudadanos.

En el Parlamento Europeo, el debate sobre el control de estos intercambios ha quedado pendiente para después del verano, pero sus señorías, en principio, no son partidarias de llegar tan lejos como lo ha hecho Francia y, por el momento, decidieron introducir enmiendas en la normativa en discusión que evitan que los proveedores de internet se conviertan en vigías y responsables de lo que pasa por sus redes, como venían exigiendo las sociedades de gestión.

En cuanto a España, la voluntad expresada hasta ahora por el ministro de Cultura, César Antonio Molina, se muestra más partidaria de que las operadoras se involucren voluntariamente en un acuerdo que de forzarlas mediante una ley a poner datos de sus clientes a disposición de SGAE y otras entidades similares. Pero la batalla final se resolverá en dos años.



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