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Los operadores alternativos a Telefónica podrán replicar, en todo el territorio nacional y mediante un servicio mayorista de acceso indirecto, las ofertas minoristas de acceso a Internet que lance el incumbente con una velocidad de acceso igual o inferior a 30 Megas.

11-10-2008 - Terra Actualidad - Europa Press.- Así se desprende de la propuesta de regulación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para los servicios mayoristas de banda ancha y las redes físicas de telecomunicaciones, que incluyen la actual red de cobre y el futuro despliegue de las infraestructuras de nueva generación.

'La CMT apuesta así por un modelo que cumple con el principio de neutralidad tecnológica, al estar centrado en las velocidades de acceso a Internet y establecer obligaciones, sin tener en cuenta la tecnología que soporta los servicios', destacó el regulador.

De acuerdo con las consideraciones de la Comisión Europea, que deja a los reguladores nacionales la capacidad de determinar qué es un servicio innovador o emergente y justificar la existencia de un mercado libre de regulación, la CMT propone no considerar parte del mercado de referencia las velocidades superiores a 30 Megas.

En el documento, la CMT propone imponer a Telefónica la obligación de compartir sus infraestructuras de obra civil y mantener la regulación sobre el bucle del abonado, con el fin de incentivar la competencia en redes y garantizar las inversiones. Además, advierte de que la multinacional no podrá modificar la estructura de su red de cobre sin la autorización del regulador y la comunicación previa a sus rivales.

Una vez analizados los mercados mayoristas de banda ancha, la CMT concluye que no ha encontrado mercados inferiores al nacional, aunque identifica dos zonas con diferentes presiones competitivas sobre el incumbente, en las que propone fijar obligaciones distintas según el grado de competencia.

Así, las 'zonas 1' son las de mayor competencia, al contar con al menos tres operadores de red compitiendo, y representan el 37% del total de los accesos de banda ancha en España, en los que la cuota de Telefónica es inferior al 36,5%. En ellas, la CMT no obliga al incumbente a publicar una oferta de referencia para los precios del acceso indirecto de banda ancha.

Telefónica deberá ofrecer el servicio mayorista con unos 'precios razonables' y sin necesidad de orientación a costes, lo que reduce al mínimo el nivel de regulación. La CMT prevé un periodo transitorio de un año, mientras los operadores negocian los precios, en el que se aplicarán los precios de la oferta mayorista de acceso indirecto.

En la 'zona 2', de menor competencia, la compañía que preside César Alierta tendrá que ofrecer un servicios mayorista con precios 'orientados en función de los costes de producción' y publicar una oferta de referencia de precios mayoristas.

Por último, la CMT ha propuesto la existencia de un único servicio de acceso indirecto, frente a las dos modalidades que conviven actualmente (ADSL-IP, de entrega nacional, y GigADSL, de entrega regional). A su juicio, el servicio 'deberá ser lo suficientemente flexible para que los operadores que lo soliciten no tengan que replicar exactamente la oferta que lance Telefónica'.

La propuesta del regulador será enviada a Bruselas, la Comisión Nacional de Competencia (CNC), el Gobierno y al conjunto del sector, que tendrán un mes para presentar comentarios y alegaciones, antes de que la CMT tenga lista la regulación definitiva, prevista para el mes de diciembre.

ANÁLISIS DE LOS MERCADOS.

En cuanto al acceso a la actual red de cobre, la CMT propone que se mantenga la obligación a Telefónica, como operador con poder significativo del mercado, de atender las solicitudes razonables de acceso a su red de con precios orientados a costes y mantener vigentes las condiciones recogidas en la OBA.

Por otra parte, el regulador no considera 'factible' desagregar la fibra óptica y, con el fin de fomentar la inversión y la competencia en infraestructuras, obligará a Telefónica a proporcionar acceso a sus infraestructuras de obra civil con precios orientados a costes.

La CMT considera que la obligación de apertura de conductos 'es proporcionada', ya que Telefónica cuenta con la red legada para realizar su despliegue de nuevas redes. Además, estima que la duplicación de red para un operador que inicia su despliegue supondrá una 'importante barrera de entrada' al mercado, con unos costes de entre el 50% y el 80% de la inversión total.

En los casos en los que el acceso a los conductos no sea factible, Telefónica deberá ofrecer otras soluciones a los operadores alternativos, como la 'fibra oscura'.

LA FIBRA EN LOS EDIFICIOS.

El presidente del regulador, Reinaldo Rodríguez, anunció recientemente que la CMT está trabajando en una regulación que obligará a los operadores a compartir las nuevas redes de fibra tendidas en el interior de los edificios.

Según la propuesta publicada hoy, la obligación de acceso a las infraestructuras de Telefónica no solventa el 'cuello de botella' que supone el tramo del acceso al cliente final en el interior de los edificios. Asimismo, señala que esta compartición, que se hará de una forma simétrica, 'asegura un entorno regulatorio que favorezca el despliegue de red propia hasta el usuario final'.

Una vez que se publique la resolución definitiva, Telefónica dispondrá de dos meses para presentar una oferta de precios de referencia para el acceso a su estructura de obra civil, y deberá facilitar a los alternativos la información necesaria para que puedan planificar sus despliegues.

En el caso de la fibra hasta el hogar o hasta los nodos remotos, la multinacional española tendrá que informar con seis meses de antelación sobre el área de cobertura, las previsiones de operatividad y mantener esta información hasta 2010. Además, tendrá un plazo de seis meses para informar sobre sus infraestructuras en centrales en las que haya al menos un operador coubicado.

Telefónica tendrá que comunicar a la CMT cualquier modificación que afecte a la red de acceso y que impida la desagregación del bucle. En caso de platearse el cierre de centrales, estará obligada a mantener el suministro de todos los servicios de acceso desagregado durante un periodo de cinco años desde que comunique su intención.

Además, sólo podrá comunicar el cierre de una central cuando el 25% de los accesos de la misma estén cubiertos por fibra óptica.