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NO ES VERDAD QUE LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS ESTEN REGULADAS POR LEY ORGÁNICA

Rubalcaba asegura que Sitel "ya está regulado por ley orgánica"

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asegura de forma reiterada que el Sistema de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) está regulado por ley orgánica.. Por la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, por un lado, y por la "Ley Orgánica de Telecomunicaciones". Esta última norma no es ley orgánica, sino ordinaria. Y la de Enjuiciamiento Criminal, que sí es orgánica, fue modificada en 1988 para introducir la intervención de llamadas. Es decir, antes de la implantación del software espía, que se puso en marcha a principios de 2004.

10-11-2009 - Roberto R. Ballesteros - La Gaceta -Madrid .- El apartado 2 del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal asegura que "el juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiese indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa".

El problema es que el avance tecnológico ha dejado viejo ese artículo. Sitel es una aplicación informática propiedad del Ministerio del Interior que, en coordinación con otro software similar localizado en las operadoras telefónicas, es capaz de
pinchar todos los teléfonos que pida el juez y acceder a una serie de datos asociados ala comunicación, como la identidad de los comunicantes, su posición geográfica o el tráfico del último año. Esta enorme cantidad de datos asociados no se podía conseguir a través de los sistemas tradicionales. El problema también es que no existe un órgano que controle el correcto funcionamiento del sistema. Y que la cobertura legal con que cuenta es insuficiente. Así lo dijo el Tribunal Supremo en sentencia de febrero de 2008 para referirse al RD 424/2005.

El alto tribunal se declaraba incompetente para juzgar si era suficiente o no para regular Sitel con la Ley 25/2007 (que reforma la 32/2003), que posteriormente se aprobó. Sí había uno de los magistrados de la sala que se desmarcaba de la sentencia y mediante un voto particular entendía que "la Ley 32/2003 no tiene suficiente rango para regular el derecho fundamental previsto en el artículo 18.3 de la Constitución, que garantiza el secreto de las comunicaciones, pues el artículo 81 de la Constitución reserva a la ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales".

Los fallos del Supremo

El ministro argumentó, sin embargo, que hay "varias" sentencias del Tribunal Supremo que avalan el uso de Sitel. Una de ellas, se refería a un caso de tráfico de drogas.

Rechazaba el recurso contra una condena por narcotráfico en la que se utilizó el sistema y argumentaba que se conocía en detalle el funcionamiento y las posibilidades del mismo. Se trata de un caso de recurso contra una sentencia por la que se usaba Sitel, no de un recurso contra la falta de regulación del software. "No se enjuicia la ley, sino una interceptación concreta", explica un experto de la Asociación de Internautas. "Un caso en el que el abogado puede recurrir porque se explica que se está utilizando Sitel, sin embargo existen miles de sentencias en las que no se dice que las interceptaciones se efectúan con Sitel, y en esas no se puede recurrir". La única sentencia que responde a un recurso que enjuicia el sistema en sí mismo es la sentencia referida más arriba, la de febrero de 2008 en respuesta a un recurso de la Asociación de Internautas.-

Rubalcaba insistió en que se trata de una aplicación "legal", "más garantista que lo que había antes". "En España hace falta autorización judicial para interceptar llamadas". El ministro aseguró también en referencia a Sitel que "el ordenador es inmanipulable". Respondía así alas críticas que viene vertiendo este periódico sobre el hecho de que no existen garantías de que el CD con las conversaciones pinchadas no esté manipulado. Al no existir firma digital que certifique la autenticidad de la grabación ni encriptación alguna que evite las filtraciones, no hay seguridad de que lo que se entrega al juez coincide realmente con el original. Sobre todo teniendo en cuenta que en los archivos electrónicos es muy fácil copiar, pegar y manipular.

El ministro del Interior valoró la ofensiva del PP sobre Sitel como "el segundo capítulo" de las acusaciones vertidas contra el Gobierno por escuchas ilegales que se realizaron al final del pasado verano. "Hay pocas cosas más graves que acusar al Gobierno de escuchar a la oposición", sentenció. "Se está cuestionando el funcionamiento del Estado de Derecho". "¿Acaso se gastó 13 millones de euros el PP sin saber que era legal No me lo puedo creer". "Si hay pruebas –insistió de que algún policía les escucha, que vayan a los tribunales". "¿Por qué no lo hacen Porque es mentira". "Que den una prueba y, si no, que se callen", exigió a los dirigentes populares que durante los últimos días han solicitado que Sitel sea regulado por medio de una ley orgánica.

La legalidad del software está siendo cuestionada, además de por el PP, por otros partidos como UPyD o el PNV. El portavoz de Interior en el Congreso de esta última formación, Emilio Olavaria, reclamó el pasado jueves al Gobierno que aclare "urgentemente" si hay escuchas ilegales. "Existe la obligación política e incluso ética de explicar lo que está ocurriendo". La líder de UPyD, Rosa Diez, pidió al ministro que acudiera al Congreso para explicar si Sitel "se ajusta en su actuación a derecho".

Asimismo, la Agencia Española de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo mantienen un expediente de investigación abierto sobre la posible ilegalidad del software espía. Ambos organismos han pedido informes al Ministerio del Interior para comprobar de qué manera se llevan a cabo las interceptaciones.

Se amplía seis meses el plazo para que se identifiquen los móviles prepago

Rubalcaba anunció que se amplía el plazo para que se identifiquen los propietarios de tarjetas telefónicas prepago. Los móviles que mañana no se hayan identificado se apagarán como preveía la Ley 25/2007 ¿salvo para llamadas al 112¿, pero tendrán otros seis meses para identificar a su dueño. Cuando lo hagan, según acordó Interior con las operadoras, recuperarán su línea. El ministro informó de que aún quedan tres millones de terminales sin identificar. Argumentó que terroristas y delincuentes utilizaban móviles prepago para evitar ser interceptados, y que ahora lo tendrán más difícil. Ocultó sin embargo que, como aseguran varios expertos el Supervisor Europeo de Protección de Datos o la Agencia Catalana de Protección de Datos, entre otros, la ley trata a todos como sospechosos.

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