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El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha colgado en Internet el segundo borrador del Anteproyecto de ley de Firma Electrónica y se lo ha enviado a la Comisión Europea para que se pronuncie al respecto. El nuevo borrador, del que Bruselas aún tiene que emitir un informe, incorpora las observaciones realizadas por más de cincuenta entidades del sector, por los ministerios afectados (Economía, Administraciones Públicas, Interior y Justicia) y por el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

28-07-2002 - Madrid, 28 jul (EFECOM ).- El objetivo del Anteproyecto de Ley, que recoge los principios dictados por Bruselas sobre la firma electrónica a través de una directiva, es fomentar su uso como herramienta de seguridad de las transacciones, según explicaron a EFE fuentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Entre las novedades que incluye el nuevo borrador para incrementar la disponibilidad y accesibilidad de la firma electrónica destaca el establecimiento de las bases para la regulación del Documento Nacional de Identidad electrónico, un proyecto impulsado por el Ministerio del Interior y que dotará a esta identificación del mismo valor efectivo que el DNI tradicional.

Además, el borrado modifica la definición de "acreditación voluntaria" que se incluía en el primero con el propósito de adaptarla mejor a la directiva europea de firma electrónica, según las citadas fuentes.

Con la nueva definición de "acreditación voluntaria" se da más protagonismo al sector privado y se favorece la autorregulación de la industria, de manera que sea ésta quien diseñe y gestione, de acuerdo con sus propias necesidades, sistemas voluntarios de acreditación de carácter privado.

Además, se ha modificado la obligación de que los prestadores de servicios de certificación reconocidos constituyan una garantía económica mínima de tres millones de euros.

En relación con el ámbito empresarial, incluye la emisión de certificados a nombre de personas jurídicas y modifica el régimen aplicable a estas firmas para que sea más flexible.

De hecho, en cada certificado se identificará a una persona física, quien tendrá la función de custodiar los datos de creación de firma y el certificado de las empresas. La próxima ley de firma electrónica reemplazará al Real Decreto que existe al respecto y será fruto de una amplia consulta pública en la que participan más de 50 entidades del sector, la Agencia de Protección de Datos, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles y el Consejo General del Notariado.

Reproducido de Efe