Asociación de Internautas

Monopolio, falta de transparencia, fijación unilateral y abuso de tarifas, ineficiencia... Éste es el diagnóstico recogido en un informe que ultima la Comisión Nacional de Competencia (CNC) sobre las entidades de gestión

15-01-2010 - C. David Carrón / La Razón .- La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ultima un informe sobre las entidades de derechos de autor cuya elaboración comenzó en octubre de 2008 por iniciativa del propio organismo. Durante este tiempo han analizado, entre otros muchos documentos, la maraña de reclamaciones que sufren algunas de ellas por parte de diversos gremios. Los expertos de este organismo independiente, aunque adscrito al Ministerio de Economía, han detectado diversas prácticas contrarias a la libre competencia en el funcionamiento de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), según han informado a LA RAZÓN personas cercanas a la investigación.


Un catálogo desfasado

Entre ellas, destaca «la falta de transparencia en el repertorio»; como se ha venido denunciando la entidad recauda de manera «preventiva», es decir, inlcluso en aquellos actos o locales en los que no se difunden obras contenidas en su repertorio. Son recurrentes las quejas de letrados de  algunos establecimientos hoteleros, sque, en este caso, deben demostrar su inocencia para lograr que SGAE les reembolse la cuantía recaudada.

El catálogo de la entidad es público; sin embargo, la CNC ha encontrado dificultades para su consulta, pues no existe una relación de todos los contenidos, sino que es necesaria la búsqueda obra por obra. Estos y otros motivos han llevado al organismo inspector a otra conclusión: la «ineficiencia» de la gestión de la organización regida por Eduardo Bautista, a pesar de que el dirigente presume de haber multiplicado por quince los ingresos durante su mandato. La obsesión de la entidad por llegar a todos los rincones la ha llevado al colapso; así, según los auditores, se encuentra en este momento «sobresaturada».


Siete entidades más

No acaban aquí las objeciones al funcionamiento de la sociedad de gestión, que también afectan, aunque de manera parcial, a otras siete entidades que han sido objeto de esta larga investigación: Asociación de gestión de derechos intelectuales (Agedi), Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (Aisge), Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda),  Artistas Intérpretes y Ejecutantes Entidad de Gestión (AIE), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (Vegap).

«La fijación unilateral de tarifas» es también criticada por los miembros de la CNC: «Existe una falta de control total, pues son las entidades de gestión quienes fijan la cuantía en la mayor parte de los casos sin negociar con otros sectores y tan sólo tienen la obligación de informar de ellas al Ministerio de Cultura», señalan desde la Comisión. Es decir, el organismo denuncia lo arbitrario de que se cobre, por ejemplo, un 10 por ciento del presupuesto de los conciertos gratuitos o 17,19 euros mensuales para bares de 50 metros cuadrados que tengan televisión y música ambiente sin una negociación previa. Se considera que además de esta discreccionalidad existe en algunos casos «abuso en las tarifas», según han constatado en las reclamaciones de algunos hosteleros, entre otros.

Expendientes sancionadores


Esta situación es más grave aún en ámbitos como al que señalamos, pues, como subrayan los especialistas de la Comisión, la entidad de gestión actúa, en la práctica, en régimen de «monopolio»; es decir, nadie puede acudir a otra entidad si no le satisfacen los «precios» de SGAE porque no existe esta alternativa; lo que, por definición, está en contra de los principios de una institución como la CNC, que debe velar por el libre mercado. Según las previsiones del organismo, la semana que viene el Consejo podría aprobar la versión definitiva del informe elaborado durante más de trece meses por sus técnicos. Después, por cortesía institucional, se remitirá al Ministerio de Cultura y también a los demás organismos que han colaborado en su elaboración. Se hará público en su totalidad a finales de este mes de enero. A diferencia de los expedientes sancionadores, este informe no es vinculante. Eso sí, el organismo tiene la capacidad de impugnar ciertas decisiones ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, una circunstancia que todavía no ha ocurrido y que, en esta ocasión, tampoco sucederá, pues la ley es favorable a las entidades de gestión. Miembros de la CNC reconocen en privado que el verdadero problema es que la legislación permite estos «abusos» de las sociedades de gestión.

En diversas sesiones de la Comisión de Cultura del Parlamento español en esta y otras legislaturas se han reclamado por parte de algunos grupos políticos medidas que favorezcan la transparencia de las entidades de gestión, pero la mayoría socialista ha impedido que se tomen medidas concretas.


«Cultura debe intervenir»

Los trabajadores de la SGAE exigieron ayer al Ministerio de Cultura que «intervenga» ante la «alarmante situación» que vive la entidad. Según el escrito que entregaron a Ángeles González-Sinde, la sociedad se está hipotecando con «proyectos desproporcionados» y, a la vez, prepara el despido del veinte por ciento de sus empleados. En concreto, citaron las inversiones inmobiliarias y la creación de empresas con ánimo de lucro como los proyectos que más amenazan su futuro. «Dada la situación, solicitamos la intervención de este Ministerio mediante las auditorías externas e independientes que usteden consideren necesarias», reclama el escrito de los trabajadores, que no descartan llevar sus denuncias a otras instituciones, informa G.S.

Historial de sanciones

No es la primera vez que la CNC se preocupa por la gestión de los derechos de autor en España; ya que en su historial hay varias sanciones contra el «modus operandi» de estas entidades. El pasado agosto impuso una multa de 770.000 euros a la entidad Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE) por haber exigido a Telecinco unas tarifas generales «inequitativas y discriminatorias». En julio de 2008 abrieron expediente sancionador a ta entidad y a Aisge por «posible abuso de su posición de dominio en el mercado» que aún está por resolver. La entidad de gestión de los productores fonográficos también sufrió un expediente sancionador por la misma causa a petición de las televisiones privadas. SGAE tampoco ha sido ajena a este tipo de inspecciones, pues ha sufrido denuncias, entre otros, de la Asociación de Promotores Musicales de España (APM).