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LEY SINDE

El PP, ¿a punto de perder miles de votos?

Publica hoy El País que el PP estaría ultimando un acuerdo para sacar adelante la Ley Biden-Sinde, esa ley que técnicamente no sirve para controlar las descargas ni las webs de enlaces pero que sí sirve para controlar políticamente Internet estableciendo un organismo censor como los que existen en cualquier dictadura actual, o en la misma dictadura que sufrió este país.

24-01-2011 - La única forma de acabar con la mal llamada "piratería" es dejar de obstaculizar las ofertas "legales" de contenido como la que proponía hace poco el videoclub on-line Netflix. Tras hacer un sondeo sobre las posibilidades de extenderse a España y otros Estados Miembros de la Unión Europea, Netflix ve cada vez más difícil establecerse en nuestro país, ya que los abusivos derechos de autor en España representarían un coste de 2 a 3 veces mayor que esos mismos derechos en los países de nuestro entorno, como Francia o Alemania. Mientras no exista una oferta "legal" de contenidos en nuestro país será imposible que se reduzca el número de descargas de estos contenidos en redes P2P, en webs de acceso directo o por streaming, ya que en la mayoría de las ocasiones es la única posibilidad que tienen los usuarios de acceder a obras que de otra manera resultarían imposibles de obtener, en virtud del control y secuestro al que se ve sometida la cultura por la bien denominada como "dictadura del culturetariado” .

Si además los diferentes gobiernos de este país hubieran centrado sus esfuerzos en promover realmente el desarrollo de la Sociedad de la Información en España en lugar de obstaculizarla, es más que probable que hoy día existiera un Netflix netamente desarrollado en España y que fuera líder europeo en la venta de contenido on-line.

Hablemos claro: técnicamente la Ley Biden-Sinde no sirve para nada. Se sirve del mismo esquema que provocó el cierre de Napster. A consecuencia de aquel cierre, surgieron decenas de Napsters que convirtieron aquel cierre no sólo en inútil, sino además en contraproducente para sus promotores, porque provocó la multiplicación de webs de descargas. Si se cierran esas webs, surgirán otras. Sólo la ceguera, la conveniencia política o la descarada sumisión a los deseos de una potencia extranjera pueden explicar que aún existan políticos que crean en esta ley y quieran sacarla adelante, cueste lo que cueste -incluso votos-

Políticamente, sin embargo, esta ley es de lo más útil para reimplantar la censura en España. Basta con que se quiera cerrar una página web (no necesariamente "de enlaces") para poder encontrar cualquier excusa que lo permita, dado que la ley incluye conceptos muy vagos y amplios como justificación para promover ese cierre.

Los internautas ya han dejado claro hasta la saciedad dos cosas: en primer lugar, no quieren a Sinde ni a su ley, ni la versión original ni la que se pretende que subtitule el PP, poniendo algo de maquillaje para intentar engañar a alguien. Y no se dan cuenta de que es muy difícil tratar de engañar a la gente que usa Internet, porque los internautas tienden a tener un sentido crítico muy acentuado y están lo suficientemente conectados e informados como para que se les engañe fácilmente.

Y en segundo lugar, que no están dispuestos a votar a ningún partido que preste su apoyo a esta ley de censura, como lo demuestran los miles de usuarios unidos en diferentes grupos de rechazo a esta ley que han surgido en redes sociales como Facebook.

Por si alguien aún no lo entendía, lo explicó muy bien Ofelia Tejerina -Secretaria de la Asociación de Internautas y Defensora del Internauta- recientemente en el programa de televisión "59 segundos": el juez en ningún caso entra a valorar el fondo del asunto, sino que se convierte en un mero "expedidor de certificados" para que se pueda cerrar la página web en cuestión. Si el afectado reclama y luego sí se entra en el fondo de la cuestión y resulta que el cierre fue arbitrario e injusto, el daño a ese afectado ya estará hecho.

El PP parece no saber, o no querer saberlo, que miles de internautas han decidido ya no votar a los partidos que apoyen la ley Biden-Sinde, o cualquiera de sus variantes. O quizás pesen más las presiones de la Embajada de E.E.U.U. que es la que parece dirigir la política española. A la vista de los cables de Wikileaks, da la impresión de que es el gobierno estadounidense el que paga los sueldos de nuestros políticos en lugar de los ciudadanos españoles; porque "nuestros" partidos políticos parecen mucho más interesados en obedecer a ese gobierno que a los ciudadanos que los eligieron y que masivamente y desde todos los ámbitos, incluso el científico, rechazan este nuevo intento de censurar la Red. En cualquier caso, si el Partido Popular quiere perder miles de votos sólo tiene que seguir adelante con lo que parece un apoyo más que probable a una ley que sólo sirve para censurar, porque evidentemente se va a demostrar inútil para luchar contra las descargas de contenido en la Red.

Asociación de Internautas

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