El primero de ellos se centra en una profunda revisión de la copia privada que ya ha agitado a parte del sector; mientras el segundo aborda el diseño de mecanismos eficaces de supervisión de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (para que los escándalos como el de la SGAE no vuelvan a sonrojar al Ejecutivo). Por último, las modificaciones incluidas buscan el «fortalecimiento», y una mayor eficacia, de la Comisión de Propiedad Intelectual, instrumento sobre el que se asienta la Ley Sinde que de momento no ha arrojado grandes resultados a la vista de que España vuelve a ser candidata a ingresar en la lista 301, donde se incluyen los países con mayor índice de piratería.
Respecto al primer punto, el texto presenta una nueva redacción del apartado 2 del artículo 31 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual por el que «las reproducciones que se realicen en soportes que no sean propiedad del usuario, que no hayan sido adquiridas por compraventa comercial y mediante comunicación pública (a excepción de aquellas de carácter temporal e individuales de obras radiodifundidas que se realicen con el propósito de permitir su visionado o audición en un momento posterior) devienen ilícitas y no podrán ser objeto de compensación equitativa».
Una medida que, según fuentes consultadas por ABC, supondría un retroceso para los derechos de los usuarios y un paso previo a que desaparezca la copia privada y también la partida de cinco millones de euros establecida en los Presupuestos Generales del Estado, cantidad para muchos insuficiente. Hay quien ve en ello una maniobra del Ejecutivo para quitarle a los usuarios el derecho para poder ejercitar esas copias.
De aprobarse esto, solo serían lícitas aquellas que se copien del televisor de manera temporal y cuando se haga una copia de un soporte original. El resto serán actos ilícitos salvo que sean actos licenciados, como el de comprar una canción en iTunes. Esta modificación en la normativa situaría a España como uno de los países más restrictivos en el tema de la copia privada, por delante del Reino Unido, que en 2011 cambió su legislación declarando legal la copia privada.
La reforma aplicada ahora a la Ley de Propiedad Intelectual española contrasta con la postura oficial del Ejecutivo expresada hace tan solo unas semanas cuando la presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual, Teresa Lizaranzu, en un encuentro con los medios de comunicación con motivo del primer aniversario de este organismo, insistió en que el Gobierno «no pretende criminalizar al consumidor» y no se plantea actuar contra los usuarios en la lucha contra la piratería. No deja de resultar curioso que el Gobierno opte por perseguir a los usuarios que realicen un copia privada y no a los que descarguen ilegalmente.
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