La sentencia de Estrasburgo dictamina justo lo contrario y es importante porque puede afectar al funcionamiento en Europa de Google y de todos los agregadores que existen en la Red, incluso los de los propios medios de comunicación, en Europa. En definitiva, los jueces entran en el conflicto entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Y, al contrario de lo que hemos visto en sentencias de distintos ámbitos judiciales, priman el primero sobre el segundo. El tribunal considera que los buscadores «tratan» la información que ofrecen en los resultados de las búsquedas y, al amparo de la directiva sobre protección de datos personales, son responsables de la misma.
Es decir, a partir de ahora, un particular tiene derecho a pedir a un buscador que borre de sus resultados una determinada información que pueda lesionar su derecho al honor. La sentencia ha sentado como un jarro de agua fría en Google, el principal de los agregadores en el mundo, cuya dirección en España calificó la decisión de «decepcionante para los motores de búsqueda y editores on line en general».
Un ejemplo. Ana Torroja fue condenada ayer a pagar 1,4 millones de euros por un delito fiscal. Según Estrasburgo, una vez safisfecha esa multa la cantante podría pedir a Google que, en aras de la protección de su intimidad, eliminara del buscador cualquier referencia a esa noticia. Parece absurdo, pero la sentencia da pie a ello. Ni que decir tiene que esta decisión del Tribunal de Estrasburgo puede abrir un caudal de litigios, entre buscadores y particulares, que va a producir más perjuicios que beneficios.
Google tiene que acatar la sentencia, pero desde un medio de comunicación no se puede aplaudir esta decisión de Estrasburgo, que toca directamente el derecho a la información. Desde luego, estamos mucho más de acuerdo con la opinión del abogado general, que concluía de forma contundente su dictamen sobre el caso: «Los derechos de cancelación y bloqueo de datos no confieren al interesado el derecho a dirigirse a un buscador para impedir que se indexe información que le afecta personalmente, invocando su deseo de que los usuarios de internet no conozcan tal información si considera que le es perjudicial». Quien se crea afectado en su intimidad por una información debe dirigirse al medio de comunicación que la publicó. Y si la información es veraz y ha sido contrastada a nadie se le ocurirrá retirarla. Pues lo mismo sucede con Google y con el resto de los buscadores.
Es decir, a partir de ahora, un particular tiene derecho a pedir a un buscador que borre de sus resultados una determinada información que pueda lesionar su derecho al honor. La sentencia ha sentado como un jarro de agua fría en Google, el principal de los agregadores en el mundo, cuya dirección en España calificó la decisión de «decepcionante para los motores de búsqueda y editores on line en general».
Un ejemplo. Ana Torroja fue condenada ayer a pagar 1,4 millones de euros por un delito fiscal. Según Estrasburgo, una vez safisfecha esa multa la cantante podría pedir a Google que, en aras de la protección de su intimidad, eliminara del buscador cualquier referencia a esa noticia. Parece absurdo, pero la sentencia da pie a ello. Ni que decir tiene que esta decisión del Tribunal de Estrasburgo puede abrir un caudal de litigios, entre buscadores y particulares, que va a producir más perjuicios que beneficios.
Google tiene que acatar la sentencia, pero desde un medio de comunicación no se puede aplaudir esta decisión de Estrasburgo, que toca directamente el derecho a la información. Desde luego, estamos mucho más de acuerdo con la opinión del abogado general, que concluía de forma contundente su dictamen sobre el caso: «Los derechos de cancelación y bloqueo de datos no confieren al interesado el derecho a dirigirse a un buscador para impedir que se indexe información que le afecta personalmente, invocando su deseo de que los usuarios de internet no conozcan tal información si considera que le es perjudicial». Quien se crea afectado en su intimidad por una información debe dirigirse al medio de comunicación que la publicó. Y si la información es veraz y ha sido contrastada a nadie se le ocurirrá retirarla. Pues lo mismo sucede con Google y con el resto de los buscadores.