El impuesto catalán se aplicaba a las compañías operadoras de servicios de comunicaciones electrónicas, con una cuota fija de 0,25 euros al mes por cada contrato de conexión suscrito en el territorio catalán, ya fuera de telefonía móvil o fija. El Govern de Carles Puigdemont esperaba recaudar con este canon unos 20,5 millones y medio de euros anuales. Una cantidad que pensaba destinar a fondos para impulsar la industria audiovisual catalana y la difusión de la cultura digital.
La decisión adoptada por el TC no ha sido unánime. Cinco de los 12 jueces del alto tribunal han emitido un voto particular con el que expresan su discrepancia porque consideran que sí es clara la diferencia entre el canon digital catalán y el IVA.
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