Asociación de Internautas

La principal novedad en la que se sustenta este nuevo proyecto –que pasará ahora a trámite parlamentario- respecto a la anterior ley, es la posibilidad de compensación que recibirán los editores de contenidos de aquellos agregadores de contenidos (como Google News) que faciliten contenido protegido. De esta manera, motores de búsqueda como Google tendrán que pagar a los editores de contenidos –salvos excepciones- una cantidad económica; siempre y cuando estos decidan reclamar una compensación económica a los buscadores.

 

El anuncio de la reforma de la LPI ha originado cierta alegría para los editores de contenidos, que han mostrado su “satisfacción” por el proyecto, quienes la han calificado como “el paso más importante que ha dado un gobierno en España para la protección de prensa”, según afirman desde la propia Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE). Aunque desde la propia asociación se han mostrado precavidos y esperan que el Gobierno no decida cambiar algunas de las partes de la futura ley.  José Gabriel González Arias, director general de AEDE, en declaraciones a RitmosXXI.com asegura que lo que se reclama no es un “pago”, sino el “derecho de compensación” que tienen los editores. González Arias ha aclarado que la compensación se “ejercerá en su plenitud”, y que una vez que la ley sea aprobada en las Cortes, buscarán llegar a un acuerdo con los motores de búsqueda, es decir, Google.

 

Desde la propia Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) han calificado la reforma como “positiva”, puesto que lo “llevamos pidiendo desde hace años”, aunque consideran erróneo que el canon digital se traslade a los Presupuestos Generales del Estado. Añaden que el canon tendría que ser pagado por la industria tecnológica.

 

La Asociación de Internautas, con un discurso crítico a diferencia de los editores, ha tachado de “aberrante” el proyecto presentado por el Gobierno y ha constatado que esta reforma “restringe la copia privada”. Víctor Domingo, presidente de la asociación, ha indicado que esta reforma sólo “va a crear más problemas”. “Google no tiene contenidos, simplemente es un buscador que les da visitas a los editores”, afirma el presidente en declaraciones a RitmosXXI.com. 

 

Para Domingo, es injusto que la copia privada “pase a los Presupuestos Generales del Estado, ya que los que lo van a pagar son los contribuyentes”. 

 

“Es una ley hecha a espaldas de los ciudadanos”, sentencia Domingo.  

 

Mayor control a las entidades de gestión

 

Otra de las novedades que comprenden esta nueva reforma es que refuerza los instrumentos de control y transparencia de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual para las Administraciones Públicas, tratando de evitar las “sociedades opacas”. 

 

El Centro Español de Derechos Repográficos (CEDRO) es la entidad encargada de repartir a las editoriales la cantidad económica que se merecen por la piratería de sus libros. Sin embargo, fuentes cercanas del sector editorial han señalado a este medio la “arbitrariedad” de los pagos que hacen a las editoriales, ya que es imposible saber qué libros han sido pirateados y cuántas veces se ha distribuido su contenido de forma ilegal. CEDRO califica los libros por ámbitos –universitario, literario…- y por aquellos que tienden a ser más descargados –por su ámbito- la editorial recibe una compensación mayor. Por eso, dichas fuentes han destacado a este medio que “era necesario un control” por parte del Estado a entidades como CEDRO, para evitar “puntos oscuros”.

 

Por su parte, EGEDA, también felicitan al Gobierno por su esfuerzo por controlar las entidades de gestión, algo que “siempre hemos apoyado”.

 

¿Qué pasa con la piratería? 

 

Antes de la reforma, la expectación estaba en qué iba a pasar con la piratería y qué medidas iba a implantar el Ejecutivo para luchar contra ella. Pero el anuncio de la compensación equitativa a los editores de contenidos ha eclipsado a la piratería como tema principal. El propio Wert señaló en el Consejo de Ministros que “la piratería no va a desaparecer”, debido a que “los alojadores de estos contenidos no están dentro del ámbito jurisdiccional español”. 

 

Según Wert, las medidas para perseguir la piratería digital, estarán orientadas a “impulsar el desarrollo del aumento de una oferta legal" de contenidos en Internet.

 

El Gobierno multará no sólo a los servidores ubicados en España que compartan material ilegal, sino que perseguirá “especialmente a los que ordenan y clasifican el contenido”, es decir, las páginas que enlacen contenido ilegal aunque no se encuentre en sus servidores. Pero el propio ministro ha aclarado que “no afectará a los motores de búsqueda”. Es decir, Google.

 

El presidente de la Academia de Cine, Enrique González Macho, puntualizó en su discurso de los premios Goya que “la piratería sigue campando por sus respetos, cada día con más fuerza y sin atisbos de que esta tendencia cambie”, y las esperanzas que tenía el sector cinematográfico en la nueva Ley de Propiedad Intelectual, algo que hasta ahora el Gobierno no ha aclarado.