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OBSERVATORIO DE TELECOMUNICACIONES

Industria busca la ‘paz’ de las nuevas redes y las frecuencias móviles con las telecos

No pudo imponer sus criterios ni en la Ley Sinde y sus obligaciones para las operadoras, ni en la financiación de RTVE con el 0,9% de la facturación de las telecos, ni en la excepción TIC para parte de los Fondos del Plan E 2010. Ni siquiera en el despliegue de las wifi y las redes municipales. Tampoco, evitar que, desencuentro a desencuentro, cristalizara la distancia entre las principales operadoras de telefonía españolas y los planes de Industria., Ana Zarzuela. en Intelligence and Capital News Report

09-07-2010 - El Ministerio no aterriza aún su plan de un mega de banda ancha universal para 2011 y Sebastián, con los informes e-España y el del World Economic Forum aún calientes sobre su mesa, no esconde la ausencia de un Plan nacional para nuevas redes y la demora del reparto de frecuencias móviles pendientes. Son las dos vías de agua que intentará taponar primero con las propuestas del secretario de Estado, Francisco Ros. Las batallas de la financiación están más calientes que nunca, ahora que la banda ancha requerirá de 80.000 millones de euros de inversión en España y que, a las puertas de un salto llamado según los analistas a llevar a España a duplicar la penetración de banda ancha en menos de cinco años, la crisis se ha llevado ya un 17,3% de la inversión de las operadoras de telefonía en 2009. El Gobierno ultima una regulación del servicio universal que aminore los costes para las operadoras; intentará adelantar a 2013 (dos años antes de lo comprometido) el dividendo digital, o al menos alguno de los seis bloques de 5 MHz de la banda de 790-862 MHz. Y, en contra del criterio de Hacienda, se distancia del modelo germano de subasta pura al mejor postor para el reparto de frecuencias móviles del próximo semestre.

La Agenda Digital 2010-2015 recién adoptada por la Unión Europea hace aún más sangre en el enfado de las telecos con los ‘olvidos’ de Moncloa, primero en la Ley de Economía Sostenible, luego en Zurbano, ahora en la transposición de la nueva bitácora comunitaria. Si el ministro buscaba hacer del servicio universal de banda ancha a un mega desde 2011 el peaje o la moneda de cambio a las inversiones en redes y frecuencias de las operadoras, se ha encontrado con poco más que el rastro de sus propios retrasos, con cada aparcamiento de la Ley de Economía Sostenible y los recelos del sector TIC a que las facturas recaigan sobre ellos. Y si esperaba hacer del servicio universal un modelo para el resto de la UE, la Comisaria Noeelie Kroes lo ha dejado en fuera de juego con el doble o nada para las redes europeas: será una obligación para toda la UE en tres años y, más aún, en 2020 cada país debe garantizar la cobertura universal como mínimo a 30 megabytes por segundo y en 2015, asegurar que la mitad de los hogares estén abonados a conexiones ultrarrápidas de más de 100 megas.
Europa debe avanzar rápidamente porque el resto del mundo no nos va a esperar”, advertía en Madrid, Anne Everard, Vicedirectora de la Agenda Digital y representante del Ejecutivo belga en el Encuentro Internacional de la Industria TIC Europea. Aunque la mayoría de los países no está a la altura de las exigencias en sociedad de la información de la Agenda de Lisboa 2010, España sólo puede cumplir uno de sus objetivos: el de hogares con acceso a banda ancha, el 54%, por cierto aún por debajo de la media europea, del 65%.
Hoy, el 80% de las conexiones de banda ancha en la UE tiene velocidades superiores a 2 megas (89% en el caso de España). Pero sólo un 18% son de más de 10 megas (20% en el caso de España). Aunque según las cifras de la SETSI España se encuentra en el “tercio superior de Europa” en velocidad media de navegación de banda ancha, las nuevas redes y las altas velocidades son aún más hostiles a los record nacionales: sólo el 10% de los usuarios -1,2 millones- tiene más de 10 megas en España, de ellos más de un 73% con una velocidad igual o superior a 20 Mbps contratada. Si ya Europa -con 2,5 millones de clientes- está retrasada en redes de nueva generación respecto a Japón (donde el 48% de las líneas de banda ancha son ya de fibra óptica), Corea (44%) o, incluso, EEUU (6%) frente al 2% europeo, España, más aún. En 2009 sólo el 0,2% de los hogares disponía de líneas de más de 20 megas y el 72% de líneas de banda ancha se situaban entre los 3 y los 10 megas -la mayoría de todas ellas conexiones de Telefónica-.España está fuera de las quince economías europeas que han logrado una penetración del 1% en FTTH.

EL SECTOR LE ENCIENDE LAS LUCES ROJAS

En el primer año en una década en el que la crisis ha rebajado el negocio de las telecos españolas -una caída del 5,4% en su facturación en 2009 según la CMT- las compañías no han escapado del tijeretazo a la inversión, que se situó en 4.277 millones, un 17,3% menos que en 2008, año en que ya habían caído un 10,6%. Es lo que Reinaldo Rodríguez no duda en calificar como “una crisis económica de caballo” y un mal año para el sector de las telecomunicaciones en España, en el que la caída de la demanda ha enfriado las inversiones previstas. Ni las redes de última generación de móvil se han zafado del recorte, pese al importante aumento de clientes conectados tanto por el éxito de terminales smartphones como el iPhone. Telefónica recortó un 13% la inversión de su filial fija y un 21,6% la de Movistar. Aún así, los 1.830 millones que invirtió siguen situándose muy por encima (13%) de lo que suman las inversiones del resto de operadores.
Ya advierten que no es el mejor horizonte para cargar con las facturas de la ‘Sociedad de la Información’ que Miguel Sebastián promete en los podios europeos. No, desde luego, si tienen que hacerlo a contrapié de los silencios y los olvidos regulatorios de Moncloa, en competencia con los municipios impulsados por los euros del Plan E y con el lastre de una carga fiscal que -en palabras del presidente de Redtel- ha hecho del sector una fuente que “ordeñar’ por las Administraciones con nuevas y crecientes cargas fiscales, y nuevas obligaciones de servicio (conservación de datos, piratería, etc). Como Miguel Canalejo, su presidente, criticaba antes del final de la presidencia española, la política de las Administraciones (especialmente del Ejecutivo Central) ha hecho del sector de las telecomunicaciones, “uno de los grandes olvidados”, salvo para una carga fiscal adicional al IS de 600 millones anuales.

Las lanzas de Moncloa con el sector de las telecomunicaciones están de nuevo en alto, como en los momentos de mayor desencuentro, a finales de 2009 y justo antes de la presidencia española de la UE. La decisión de la SETSI de matizar la obligación de las televisiones con la financiación de RTVE -sólo pagarán sobre la facturación bruta derivada de su actividad como operadoras- acentúa la batalla de las operadoras de telefonía por el 0,9% de su facturación que deben aportar a la financiación del ente público. La guerra de las tasas de dominio público llueve sobre mojado. Las heridas de la brecha digital aún sangran tanto como los retrasos de Moncloa para definir un marco de inversión pública en nuevas redes y un calendario definitivo que saque a concurso el servicio universal de banda ancha, la reordenación de las frecuencias móviles pendientes (sobre todo 900 Mhz y 2,6 mhz) y el dividendo digital que libera la transición a la tdt. Sebastián intentó neutralizar el enfado de las operadoras, pero sus dos grandes vías de paz hasta ahora -la defensa de una ‘tasa Google o cobros Premium que ayudaran a financiar las inversiones en redes e infraestructuras y su plan ‘estrella’ del servicio universal de banda ancha- han pinchado en el hueso de los socios europeos, el primero, y del pragmatismo de su ejecución, el segundo.

Sebastián ha tenido que rectificar en el respaldo personal a la ‘tasa Google’-con el que Ros no sintonizaba, por cierto- y dejar pasar a los trenes de la Comisión por delante. La consulta pública sobre la neutralidad de la red y la 'tasa Google' sólo han empezado desde junio y bajo el mando de la Comisaria, ya advierte que la CE no será la “policía de internet” y que la regulación si es aceptada llegará antes del final de año, pero será bajo presidencia belga. En ‘casa’, el Ministerio de Industria aún está ultimando el desarrollo reglamentario del servicio universal para su entrada en vigor en otoño. No sabe cómo evitar que “suponga un coste añadido muy elevado para los operadores que lo deban prestar y para que no se interfiera en la competencia”. La Comisión establece que se promoverán mecanismos de inversión conjunta entre varios operadores y de reparto de riesgos y que los reguladores nacionales deberán fijar el acceso a las nuevas redes de los operadores rivales obligándoles también a invertir y teniendo en cuenta el grado de competencia en cada zona. Parte de la responsabilidad está ya sobre el tejado de la Administración española. Sólo ahora, ante las luces rojas de las patronales europeas y nacionales, se dispone a despejarla.

AL MENOS, UN MARCO PARA INVERSIÓN EN REDES

A la vista de la Agenda Digital 2010-2015, el horizonte de las inversiones será imprescindible para los Veintisiete. Pero más aún en España. Bruselas sólo tiene ojos para las redes de nueva generación, justo la herencia de su mandato que más desafía ya las cuentas y el mapa de las inversiones de Ros y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones española. La diferencia entre un desarrollo rápido de la banda ancha y uno lento con el horizonte de 2014 significa poner en peligro un crecimiento del PIB europeo de 400.000 millones. Para las operadoras nacionales requeriría poder incrementar en torno a un 50% el esfuerzo inversor de otros años, sólo para evitar el “grave riesgo de colapso” de las redes actuales, Nada que puedan hacer -advierten- sin “un mayor apoyo público a los operadores y un marco regulatorio que estimule la inversión privada”. A las puertas de un nuevo boom de despliegue de redes de nueva generación y de carreras de la banda ancha móvil, el laissez faire de Moncloa no será suficiente.

En palabras de Miguel Canalejo, el presidente de Redtel, (que agrupa a Orange, Vodafone, Movistar y Ono) “ni el Plan Avanza2 (en su arista financiera), ni la Ley de Economía Sostenible” (en su aspecto normativo) van a ser capaces de provocar el cambio y dar impulso necesario a la construcción de las nuevas infraestructuras. Menos aún, de opacar la ausencia de un plan estratégico nacional de despliegue de redes de banda ancha, como existe en otros países. Es cierto que el Plan de Extensión de la Banda Ancha del Ministerio de Industria PEBA), ha llevado la cobertura a más de 8,36 millones de ciudadanos en 58.442 núcleos de población pertenecientes a 5.706 municipios, la cobertura de la banda ancha se sitúa en el 99% de la población. Pero a pesar de las bendiciones de la OCDE al Avanza2, no sólo no crece un 25% como había calculado la patronal de las tecnologías española y le había pedido desde 2008 a Industria -para favorecer entre otras cosas la expansión de las redes de nueva generación-, sino que palidece en las comparaciones con los vecinos: por ejemplo, Francia destinará directamente 4.500 millones de euros a las nuevas tecnologías mediante un fondo nacional para la sociedad digital, frente a los 1.500 de Avanza2. Y de ellos 2.000 millones serán sólo para acelerar el paso a la banda ancha y alcanzar velocidades de navegación de 100 megas con unas mínimas previstas de 50 megas.

Como recuerda el Informe E-España 2010, al partir de una situación muy retrasada, el Plan Avanza había logrado que España recuperara terreno perdido, pero sin situarla en “una posición puntera”, ésa que Sebastián prometía. Además, como advertía en su momento el último estudio de la Fundación Telefónica, el despegue no ha sido hasta ahora mayoritariamente gracias a la Administración: la empresa privada se ha convertido en ariete del desarrollo de la Sociedad de la Información, con una inversión estimada de 58.000 millones de euros en diez años, por los 10.000 aportados por la Administración central. Y los 200 millones en créditos blandos para la construcción de redes que prevé destinar el Gobierno, se les quedan muy cortos a las operadoras, que descuentan que habrá que invertir en la próxima década en redes fijas y móviles entre 60.000 y 80.000 millones de euros. Desde hace un año un grupo de expertos barajan en el borrador del Real Decreto y ya dejaron pasar las tres primeras de las opciones que barajaron para su financiación, el nuevo Plan E de inversión local 2010, la Ley de Economía Sostenible y su Fondo y el Documento de Zurbano.

Ahora Industria busca corregir ese olvido. Se aferra, como reconocía Ros, a la puerta abierta de que ni las patronales ni las empresas piden ya dinero público a la Administración para el desarrollo de las infraestructuras necesarias en el despliegue de fibra óptica, “sino medidas bien diseñadas que lo impulsen” y “un marco predecible”. Ahora que hasta el propio Director General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Bernardo Lorenzo, reconoce que en España “las redes de nueva generación son el reto de la próxima década”, la Secretaría General acelera al menos un marco regulador. La Setsi ha presentado un borrador del Real Decreto sobre redes de telecomunicación de acceso ultrarrápido (que regula el de los conductos y tendidos en el interior de los edificios) al Consejo de Estado.

A Vodafone, Orange, Telefónica y Jazztel, si la LES les afilaba las lanzas de sus enfados, la presidencia de turno de la UE, la sintonía con el lobby comunitario de ETNO y la presencia de Reinaldo Rodríguez en el macro-regulador Berec les ha dejado en bandeja también otras oportunidades. Al menos las de sacarle los colores a más de un desfile de la Administración española. Hasta la patronal europea de las operadoras de telefonía, ETNO, ha recordado al sur de los Pirineos, aún están en evidencia sus olvidos y sus contradicciones, justo ahora que por primera vez desde el año 2.000, baja el volumen de negocio de los servicios de telefonía y la facturación del sector. Las operadoras europeas cuestionan la política de despliegue de la banda ancha española, allá donde más le duele a Miguel Sebastián. Su política del servicio universal de banda ancha puede acelerar la guerra de precios y desincentivar a las telecos en la inversión en redes de nueva generación y la alta velocidad. Y le recuerdan que para que el comercio electrónico, la Administración por Internet, la sanidad, las redes energéticas inteligentes y otros servicios digitales prosperen, Europa necesita un régimen armonizado que proteja a los usuarios con un sistema coherente de normas, una protección segura de la confidencialidad de los datos y una estrecha cooperación entre las agencias gubernamentales, las industrias y las organizaciones de privacidad.

ADELANTA LA BRÚJULA PARA LAS CARRERAS DE INTERNET MÓVIL

Los operadores de telefonía móvil de todo el mundo podrían invertir este año hasta 53.000 millones de euros en tecnologías inalámbricas de banda ancha para afrontar el crecimiento de la demanda, según la patronal del sector de las telecomunicaciones, GSMA, lo que supone un aumento de alrededor del 15% frente al 2009. Las telecos y los fabricantes se aferran en España a ‘internet para llevar’ (el segmento con más crecimiento en telecos, cinco veces más que el adsl fijo) a la guerra de velocidades de subida y a la de los contenidos y a las redes sociales. Saben que aunque España es el tercer mercado europeo por volumen de usuarios, aún dos tercios de los propietarios de smartphones los destinan a bajos consumos. Con Movistar y Vodafone en cabeza, se han lanzado al HSPA+ para Pero las telecos no lo han tenido tan claro ni tan fácil hasta ahora, no al menos en los mapas de Sebastián. A la vista de las ‘coronas’ de la banda ancha móvil española que consuma el “Informe de la Sociedad de la Información 2009”, Industria busca acelerar una ecuación de las frecuencias y de las inversiones, que preparaba para lucir ante los Veintisiete y que hasta ahora se le ha nublado.
Hay que colocar 200.000 nuevas antenas. "¿Quién lo va a pagar?”, llegaba a preguntarse el presidente de Redtel, durante su intervención en el X Congreso de las Telecomunicaciones. Como evalúa Redtel, la puesta en marcha de las nuevas infraestructuras en banda ancha supondrá un desafío para las administraciones, puesto que el 70% de las inversiones será de obra civil. Hasta el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, advierte de la urgencia de "colaborar" en el impulso de la inversión en telecomunicaciones. Deja la alfombra roja tendida al menos, a la tercera vía de los acuerdos con las Comunidades Autónomas. El proyecto Xarxa Oberta -operador neutro- está sobre la mesa de la Generalitat de Cataluña. Las operadoras tratan de llegar con apellidos propios a las aristas menos pobladas del mercado de internet móvil de todo el país. Las de la geografía han llevado a Vodafone a Andalucía: desde marzo es la primera región del mundo en garantizar el acceso universal a Internet en banda ancha móvil en cualquiera de sus 771 municipios. Vodafone ha puesto en ellos 50 de los 64 millones de euros del proyecto. Telefónica acaba de acaba de firmar un acuerdo con la Junta para que la práctica totalidad de los ciudadanos de Castilla-La Mancha tengan acceso a banda ancha y telefonía móvil en 2011. La compañía se compromete a llevar la banda ancha de al menos un mega (por medio de tecnologías ADSL, Wimax o 3G) a 348 núcleos de población en los que residen unos 30.000 habitantes, a proveer de cobertura de telefonía móvil a 115 municipios y a pasar de tecnología 2G a 3G en 504 núcleos de población, donde residen más de medio millón de habitantes.

Nokia Siemens Networks avisa del riesgo de la avalancha de móviles, de la saturación de las redes dado el enorme tráfico de información que se ha producido y, sobre todo, el incremento en la señalización en las conexiones de datos (el intercambio continuo entre dispositivos móviles de mensajes con las celdas de las redes que le rodean para controlar la transmisión del tráfico de datos). Como adelantaba Público, según las previsiones de su último estudio los datos móviles supondrán la mitad del tráfico de las redes móviles en 2011 y un 85% para 2015 y en cinco años el tráfico de datos móviles anual llegará a 23 Exabytes, lo que equivale a 6.300 millones de personas descargándose un libro digital cada día. Una tendencia ante la que, según las operadoras, los gestores de redes y los fabricantes, no será suficiente con las carreras de nuevos desarrollos tecnológicos. Las operadoras españolas buscan expandir su sitio, entre la espada del crecimiento del mercado de teléfonos inteligentes y del uso de Internet móvil entre sus clientes y la pared de la congestión de unas redes en el que el uso intensivo de menos de un 1% de los usuarios puede llegar a acaparar más de un tercio de la capacidad de datos de la red. Y, como recordaba en su momento Alierta, Google invierte al año entre 1.000 y 1.500 millones de euros en nuevas infraestructuras de comunicaciones, una cifra que equivale sólo a la tercera parte de las inversiones que hacen anualmente las operadoras españolas.
Las urgencias del dividendo digital (790-862 MHz), las necesidades de reparto de frecuencias (especialmente las más valiosas, de 900 Mhz) y sobre todo las expectativas del ‘refarming’ de la banda GSM -la recalificación de la banda de 900 Mhz y 1.800 Mhz para poder utilizarlas en 3G, en banda ancha móvil- le marcan las prisas al Ministerio de Industria y justifican la urgencia de un concurso de frecuencias móviles que tanto la CMT, como Bruselas y Redtel le apremian desde hace semestres. Ha empezado la cuenta atrás al periodo de consulta pública, pero ya ha marcado las líneas rojas del modelo de nuevas frecuencias y de refarming. La Setsi (la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones) propone sacar a licitación pública un total de 310 Megahercios (MHz), cuya disponibilidad iba a ser en principio 230 MHz en 2011, 60 MHz antes del 1 de enero de 2015 y 20 durante 2015 MHz. Actuará además sobre un total de 630 MHz. Una cesión en los mapas de Francisco Ros, que considera a España “el primer y único país con un plan completo para la gestión de la totalidad del espectro para tecnologías móviles” y el que más rápido ha accedido al refarming entre los vecinos.
En cuanto, al dividendo digital (790-862 MHz) -parte del espectro que dejaron libre las televisiones con el apagón analógico-la licitación se realizará como “muy tarde” a partir de enero de 2015-, serán 30 MHz en seis bloques de 5 MHz cada uno. También se licitará espectro en la banda de 2,6 GHz, para los accesos inalámbricos de banda ancha ultrarrápida, en los que Industria abre, por primera vez la llave a operadores de ámbito regional. Su demora topa con el repudio de las telecos españolas, aún recuerdan la ola del 3G en 2003 y 2004 y esta vez no quieren tener que profesar un ‘acto de fe’ con el 4G: ni que las frecuencias lleguen antes de la tecnología, ni quedarse en fuera de juego con la UE -como con la fibra óptica-. Antes de desembarcar en la cuarta generación celular esperarán a conocer el resto de frecuencias, las dimensiones del refarming, la posibilidad de combinar GSM y 3G y el techo del dividendo digital al que pueden aspirar. Por ahora, sólo Movistar se atreve a estrenar el LTE, driblar la ‘excepción española’. Junto a Vodafone, estirará mientras tanto la transición del HSPA+, hasta al menos 42 megas. Han empezado a multiplicar por seis la velocidad de conexión de sus clientes de banda ancha en movilidad.

Industria ha destapado ya desde junio la ‘caja de los truenos’ de las frecuencias móviles. Primero, porque desde hace meses sabe que su ecuación, sobre todo en la banda de 900 Mhz, la más solicitada, no soluciona el status quo de frecuencias móviles entre las tres principales operadoras móviles -Telefónica posee 16 MHz, Vodafone 12 MHz y Orange 6 MHz en la banda de 900 Mhz-, las pretensiones de Yoigo, que exige 5 Mhz en 900 Mhz y las aspiraciones, por primera vez de operadores de cable y regionales. Pero, también -y no menos presión para las ecuaciones de Sebastián- porque en Castellana 160 aún sopesan si seguir las indicaciones de Elena Salgado y pisarle los talones al modelo alemán de subasta -que permitió ingresos al Estado de 4.300 millones de euros a cambio de 330 Megahercios de nuevo espectro radioeléctrico- o suscribir sus propios credos técnicos y la preferencia de las principales operadoras agrupadas en Redtel y apostar esta vez por un modelo de concurso, que prime los compromisos de inversión frente al pago al Tesoro, “menos productivo a medio plazo”.

En todo caso, la licitación incluye 310 MHz de espectro en varias bandas, lo que hace posible que se usen distintas fórmulas: la mixta para el espectro más importante -en las bandas de 800 y 900 MHz- y la subasta en la banda más alta, la de 2,6 GHz. Además, el propio Ros ha advertido que habrá algún “ajuste monetario megahercio-banda-año” y que se puede ‘hacer caja’ con el refarming: las operadoras tendrán que ceder parte del espectro actual para permitir un concurso en esta banda y, a cambio, se les prologará una parte de sus licencias hasta 2030, pero en este proceso, todas tendrán algo que pagar.


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