Asociación de Internautas

El 17 de mayo se celebró el Día de Internet, publicándose algunos datos sobre nuestra desastrosa situación respecto al despliegue y desarrollo de dicho sistema de comunicación e información. Según la OCU, no sólo somos uno de los países europeos con conexión de banda ancha más caros sino que, además, las velocidades servidas y el servicio de conexión son menores y de peor calidad.

22-05-2007 - Fernando Méndez Ibisate en la Gaceta de los Negocios La cobertura de lo que llamamos “banda ancha” (ADSL) mantiene también una importante limitación geográfica, según el domicilio del solicitante, de modo que podemos encontrarnos con que en una misma provincia, a unos pocos kilómetros de la ciudad capital, el servicio no disponga de acceso. Por no hablar de los problemas creados por las cuotas o cupos de líneas, establecidos por cada compañía según sectores geográficos, que a su vez dependen todavía en la mayoría de las ocasiones del servicio que ofrece Telefónica, entre otras cosas porque ni se ha producido el debido despliegue de inversión por parte de los nuevos operadores ni tampoco Telefónica ha realizado la debida inversión a pesar de disfrutar del monopolio de facto del servicio de ADSL.

Me refiero aquí no a zonas perdidas en regiones de difícil acceso, sino a zonas con cobertura completa de banda ancha, donde los usuarios tienen serios problemas de conexión muchos días de la semana o en determinadas horas del día, simplemente por los cupos establecidos para atender una demanda creciente, que las compañías resuelven mediante desconexiones momentáneas o temporales.

Los resultados del estudio, realizado mediante el análisis de los datos de 150 operadores en Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania, Portugal, Italia y España sobre tarifas vigentes en marzo de 2007, muestran que en todos los países es posible contratar paquetes combinados más económicos y con velocidades más elevadas que en España.

La Asociación de Internautas ahondó en estos problemas, que ponen en entredicho la tan mentada por nuestros políticos y autoridades “sociedad de la información”, señalando que “en la última legislatura apenas se ha avanzado en la introducción de Internet en la población” (ocupamos el puesto 17 de los 25 países de la UE en cuanto al uso de Internet, por detrás de Malta) y reafirmando que en España disponemos de una de las bandas anchas más caras y lentas de Europa.

El barómetro de marzo de 2007 elaborado por el CIS señalaba que un 54% de los españoles no usa Internet, cuando el dato era del 53% en enero de 2004. Esto da una idea de la eficacia y repercusión del plan Avanza del actual Gobierno, equiparable en efectividad al plan Info XXI del Gobierno anterior. Constata el CIS que el aumento de hogares conectados a banda ancha (30% del total) se ha producido sobre todo a costa de las conexiones de banda estrecha y no porque se incorporen nuevos hogares. Todavía hay 4 millones de españoles que no tienen posibilidad técnica de acceso a la banda ancha y otros 12 millones que no pueden elegir entre tecnologías al no tener cobertura de las operadoras de cable.

Todo esto, sin considerar que el ADSL, que constituye la inmensa mayoría de la banda ancha del país, no es una auténtica banda ancha si la comparamos con el cable de fibra óptica u otras fórmulas inalámbricas, así como otras tecnologías (infrarrojos, láser, satélite, UMTS o banda ancha por red eléctrica –PLC– la más parecida al par de cobre).

Nuestro sistema de Internet padece un retraso sustancial que sólo cabe atribuir a un intervencionismo administrativo ineficiente y al mantenimiento de posiciones de dominio, cuando no de monopolios de facto, plasmados en leyes y normas que afectan al conjunto de las cuestiones tecnológicas y que son contrarias al interés general.

Los distintos Gobiernos han buscado beneficiar a determinados grupos o empresas y repartir prebendas –con algún disimulo–, en lugar de asegurar la universalidad y calidad del servicio y, sobre todo, su seguridad. El actual Gobierno se ha preocupado muy especialmente del establecimiento y control de tarifas, de añadir trabas y encarecer los precios, como el canon digital, o de otorgar a ciertas entidades privadas, como la SGAE, la capacidad de bloquear directamente, sin mandamiento judicial, los contenidos de Internet. Lo que no sólo otorgaría un poder de actuación como “policía tecnológica” a un ente privado sino que, además, lo haría de forma autoritaria, sin garantías. Como siempre, una receta de mas competencia y libertad podría permitirnos salir de esta situación descrita.