Archivado en Gobierno y Leyes

OPINIÓN DE VÍCTOR DOMINGO

Semana negra para la Ley Sinde.


La Ley Sinde no hay quien la quiera. Perdón, si la quieren las entidades de gestión de los derechos de autor, que como ya hicieran con el canon digital, influyen en el presidente del Gobierno para imponer contra viento y marea de la liberticida Disposición Adicional Primera de la Ley de Economía Sostenible (LES).


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El lunes de la semana pasada y ante la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), además de exigir la revisión en su totalidad del canon digital, una mayor transparencia por parte de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor, así como que se logre una Ley de Propiedad Intelectual "más equilibrada". Google tampoco demostró confianza en esta Ley.

El profesor del Instituto de Empresa Enrique Dans afirmó que "Hemos vivido 200 años en una época en la que toda la propiedad intelectual estaba estructurada en torno al concepto de copia, pero hoy en día no tiene sentido, y mucho menos condicionar el futuro de todos los posibles modelos de negocio a través de Internet a un mercado que en este momento está viciado y vive en una situación de monopolio absoluto". La Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) insistió en que debe ser una autoridad judicial la que intervenga a la hora de "obligar" a una empresa a retirar un contenido de Internet.

La semana concluyó con una reunión de el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI), donde las asociaciones de internautas presentaron 22.000 firmas contra las medidas promovidas por el Gobierno, de las que "13.000 proceden del grupo de Facebook que apoya el Manifiesto de Defensa de libertades en Internet y 9.000 vienen del portal Libertad 2.0, creado para luchar contra las propuestas del Gobierno".

Paralelamente en las jornadas sobre leyes e Internet: delitos on–line y 'ley Sinde', organizadas por el Colego de abogados de Madrid, el abogado Carlos Sánchez Almeida afirmaba que ..“Hay que dialogar, pero no sobre esta ley. Esa ley no va a verse publicada en el BOE"...

El lunes pudimos conocer las objeciones que El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Económico y Social publicaron sobre el anteproyecto auspiciado por el Gobierno.

Ante esta situación de masivo rechazo socioprofesional a la Ley Sinde. ¿Dónde está el Partido Popular?

Columna de opinión de Víctor Domingo en la Gaceta.es


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