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El pleno del Senado aprobó ayer una moción de Coalición Canaria en la que se insta al Gobierno a que modifique la Ley de Propiedad Intelectual y la normativa que regula las entidades de gestión de los derechos de autor para que se exima a las administraciones públicas del pago del canon digital.

22-07-2010 - David Ballota en Nación Red.- La iniciativa defendida por el senador Narvay Quintero, fue aprobada por el pleno de la Cámara Alta pese a la oposición del Grupo Socialista. La moción defendida por el nacionalista canario prosperó gracias al voto favorable de 130 senadores, 121 en contra y 3 abstenciones.


Narvay Quintero considera que el acuerdo adoptado por el Senado persigue que el Ministerio de Industria ponga fin al “cobro abusivo” que supone el canon digital que las administraciones locales deben abonar de manera obligatoria pese a que los actos organizados por éstas persiguen la difusión de la cultura y se realizan sin ánimo de lucro.

La moción aprobada por el Senado también exige al Ministerio de Cultura a presentar ante el Congreso y el Senado un informe anual sobre las correspondientes memorias de las entidades de gestión, sus balances y sus cuentas anuales, además de datos sobre la distribución de las cantidades recaudadas por cada entidad de gestión entre sus miembros.

La iniciativa también obliga al Gobierno del Estado a “propiciar la mejora de la colaboración entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las entidades de gestión de derechos de Propiedad Intelectual, con el objeto de impulsar un acuerdo entre ambas partes que contribuya a la eficacia del sistema”.

Narvay Quintero señaló que “el cobro del canon es arbitrario puesto que se castiga a todo el mundo a pagar utilice o no el material comprado para copiar documentos con derechos de propiedad intelectual”.

El senador de CC-AHI sostiene que “en la mayoría de los casos estas actuaciones vienen determinadas por su propósito de difusión y promoción de la cultura y nunca contemplando en el eje central de la actuación el beneficio, el lucro o la rentabilidad económica.

La práctica totalidad de las programaciones culturales de los Ayuntamientos tienen como objeto la promoción y difusión entre la población de sus tradiciones culturales, como son sus fiestas patronales y, siempre, sin ánimo de lucro. En este sentido el senador canario recordó que:

La SGAE es una entidad de gestión de derechos de autor sin ánimo de lucro y, tiene entre sus objetivos la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial por cuenta y en interés de sus asociados. Todo ello sin lucrarse del ejercicio legítimo de dicha actividad. Por este motivo no se puede comprender, el cobro del llamado «canon digital» de forma indiscriminada a todos los sectores de la población, empresas y administraciones y, más concretamente a la administración local, teniendo en cuenta que el material utilizado se destina para uso y almacenamiento de documentos que no están sujetos a derechos de propiedad intelectual”.
A ello hay que sumar el informe jurídico (pdf) redactado por la abogada general del Tribunal de la Unión Europea, Verica Trstenjak, en el que se señala que el canon no se ajusta a la legislación comunitaria porque su aplicación es «indiscriminada» y sobrepasa la «compensación equitativa» a los autores, que la Unión Europea sí reconoce.

Por su parte, el senador del PP José María Chiquillo aseguró que el canon digital es de “dudosa legalidad” y añadió que es una tasa “injusta, arbitraria e indiscriminada”.

En este sentido, los populares han apostado por “fomentar las descargas lícitas” y la “transparencia” de las entidades de gestión. “No queremos barra libre”, ha explicado Chiquillo, quien alegó que muchos profesionales y empresas utilizan soportes, pagan el canon y “no van a cometer ningún acto de piratería”.

El senador del PSOE Félix Lavilla argumentó que una “reforma parcial” de los aspectos que atañen al canon digital no es una “solución al problema” y que la reforma de la ley de Propiedad Intelectual tiene que ser “global”.