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Por qué la nueva ley de Propiedad Intelectual tiene los días contados


Tiene poco más de un mes de vida, pero la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), impulsada por el PP, ya ha puesto en su contra a juristas, asociaciones de internautas, webs, usuarios y expertos en la materia. Mientras buena parte de la comunidad digital critica la "Ley Lassalle" por "absurda e innecesaria" y por atropellar los derechos de los ciudadanos, otra parte aguarda impaciente su aplicación efectiva para empezar a cobrar los cánones previstos. Junto con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, y la reforma del Código Penal, España se ha convertido en uno de los países con medidas más restrictivas en Internet.




Por Anna Pacheco en Vice News .-

Uno de los artículos más debatidos de la reforma, que entró en vigor el pasado mes de enero, es el que prevé reforzar la conocida Ley Sinde y pretende sancionar con multas de hasta 600.000 euros a las webs que proporcionen enlaces a páginas no autorizadas. De ahí el cierre del Seriespepito o la eliminación masiva de enlaces en Series.ly en los últimos meses. "Pero no hace falta ser The Pirate Bay o Series Yonkis: muchos ciudadanos tienen Twitter, Facebook o un blog y en la medida que éste actúe en Internet ya puede ser considerado un prestador de servicios. En el momento en el que realice algún listado ordenado y lo comparta ya puede estar infringiendo el artículo 158 de la nueva ley", aclara a VICE News el abogado Carlos Sánchez Almeida, experto en materia de derechos civiles en Internet. Eso sí, el consumo de productos o la descarga de contenidos ilegales no constituye en sí mismo un delito a menos que se compartan.

Oriol Solé, fundador de Series.ly -uno de los portales web que se ha visto afectado con la entrada en vigor de la LPI-, cree que aún es pronto para valorar los daños pero asegura que han "perdido una cantidad sustancial de tráfico" tras verse obligados a eliminar más de 2 millones de enlaces. Pero aunque Series.ly se ha adaptado al nuevo marco legal, ya han surgido alternativas -con dominios en otros países, en muchos casos, y por lo tanto exentas del cumplimiento de la ley- que siguen ofreciendo idénticos servicios. "Después de todo nos reafirmamos en lo que dijimos: tratar de legislar o penalizar esto no sirve para nada. Solo perjudica a los usuarios, que se ven obligados a buscar estos contenidos en otros sitios". Series.ly es una plataforma que facilita enlaces para ver series o películas en 'streaming' o descargarlas. Según Solé, muchos de los usuarios que acceden a su web no podrían ver estos mismos contenidos de forma legal aunque estuvieran dispuestos a pagarlos. "Esto es un problema de las distribuidoras que capan el recorrido de los contenidos. Hace 20 años no pasaba nada porque los usuarios no tenían herramientas para conseguirlos, pero ahora sí".

Algunas plataformas como Filmin, Yomvi, Movistar Series o Netflix (que aún no ha llegado a España), en el ámbito del cine y las series, y Spotify o Deezer, en el ámbito de la música, son un ejemplo de un cambio de lógica a la hora de consumir cultura en Internet previo pago o mediante tarifa plana. Sin embargo, "aún no disponen de un catálogo completo", señala Solé y apunta de nuevo a que "la culpa es de las distribuidoras, no de estas plataformas".

Otra de las normas hartamente discutidas de la nueva ley es el conocido canon AEDE o Tasa Google, motivo por el cual Google News cerró su versión en español el pasado mes de diciembre. Esta tasa (pendiente de desarrollo a través de un reglamento que podría hacerse efectivo en los próximos meses) prevé una compensación económica a los editores por publicar "fragmentos no significativos" de sus artículos. Por ahora, y hasta que no se apruebe el reglamento, la ley no fija la cantidad de esa sanción en su artículo 32.2, pero muchos agregadores pequeños ya se han visto obligados a cerrar por miedo a que el recargo se aplique en un futuro con carácter retroactivo. Es el caso de Planeta Lúdico, InfoAliment, Planeta Ubuntu o Multifriki, tal y como recoge esta lista de Xataka.

Menéame, el principal agregador de noticias en España, se resiste a cerrar. "Creo que al final no va a pasar nada, la reforma iba orientada sobre todo a Google y ya han conseguido que se marche sin recaudar nada. Creo que morirá todo antes de que se desarrolle ningún reglamento", explica a VICE News Ricardo Galli, socio fundador Menéame y profesor de Informática en la UIB. Aunque se plantearon la opción de irse a otro país, al final han preferido evitar los costes del traspaso y confiar en que la reforma caiga por su propio peso. "La ley está mal redactada y ni siquiera queda claro qué es un 'agregador de noticias'", explica Galli.

Carlos Astiz, secretario general de la AEEPP y de la Coalición ProInternet, que representan a pequeños y medianos editores de prensa como 20 Minutos o Eldiario.es, cree que la Tasa AEDE se ha "hecho al margen del interés real de la mayor parte de editores e internautas y que en ningún momento se ha preguntado a los verdaderos implicados". Sin embargo, Astiz también confía en que al final "todo va a morir sin que se apruebe ningún reglamento, porque es indefendible y va en contra del interés general". En esta misma línea, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, nos habla de la "inseguridad jurídica" que plantea esta reforma y la tacha de "genérica", "chapucera" y "anti-Internet". A la espera del desarrollo de este reglamento, desde la Asociación de Internautas creen que esta reforma "tiene los días contados" porque es contraria a las propuestas que desde Europa se están explorando. "Una futura directiva europea podría acabar con ella", aseguran.

José Gabriel González, director general de AEDE (La Asociación Española de Diarios Españoles que agrupa grandes grupos como Prisa, Vocento o Grupo Zeta), niega a VICE News que la reforma se haya hecho al servicio de unos cuantos y asegura que el Ministerio de Cultura puso a disposición de todos los afectados un borrador de la reforma para que cada uno hiciera sus alegaciones. González afirma que la Tasa AEDE ?uno de los puntos más conflictivos, promovidos por ellos, y finalmente incluido en el segundo borrador? "no persigue recaudar fondos, como se ha criticado, sino meramente reconocer los derechos de autor". Desde AEDE también esperan impacientes el desarrollo de esa orden ministerial sin la cual que resulta imposible empezar a aplicar ninguna tasa a los agregadores que siguen abiertos, como Menéame.

Hace 45 años, el departamento de defensa de los Estados Unidos creó la red ARPANET (el origen de lo que hoy conocemos como Internet) con el fin de comunicarse de forma segura y compartir archivos entre los diferentes organismos del Estado. Hoy, esta nueva reforma, según muchos de los expertos consultados, atenta contra esa misma filosofía de Internet: compartir y difundir información. "Intentar luchar contra el ADN de Internet es absurdo, no tiene sentido", opina Andreu Meixide, el director del Festival Creative Commons, una muestra anual de cine con licencia libre. Para ellos, las grandes distribuidoras y 'majors' "han sido la piedra que ha chocado en todo este cambio y son las que desafortunadamente han jugado un papel más importante en el desarrollo de esta reforma".

Para Meixide, las gestoras de derechos actuales han quedado "obsoletas" y aún no existe, en España, una "gestora de derechos más propia de la era digital". En algunos países ya han empezado a surgir programas piloto que plantean alternativas a las gestoras de derechos tradicionales, como Buma/Stemra (Holanda), Koda (Dinamarca), STIM (Suecia) o SACEM (Francia). Ainara Legardon, música y experta en autogestión y propiedad intelectual, rechaza en su tesis Otro Modelo Es Posible el monopolio de las gestoras en España (algunas de ellas, como la SGAE, involucradas en escándalos de corrupción) y explora vías menos confiscatorias que protejan los derechos del artista por su obra y, a su vez, permitan a los artistas servirse de las licencias 'copyleft' y a los usuarios disfrutar de las ventajas de Internet. "Quien está forzando la legalidad hacia un camino no son los autores, son los intermediarios. No hay que confundir industria con autores", concluye Meixide. 


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