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Comunicado conjunto de consumidores e internautas


Las organizaciones abajo firmantes, con motivo del documento presentado al Gobierno por la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel) en el que se recogen una serie de medidas para “introducir una competencia real” en el sector de las telecomunicaciones, solicitan de la CMT y del Gobierno que satisfagan los intereses generales antes que los empresariales y, en consecuencia, el rechazo de las citadas medidas por atentar contra los derechos de los consumidores, atendiendo a los siguientes motivos:




1. Los diferentes operadores entrantes en el mercado, integrados en Astel, han desaprovechado el plazo inicialmente otorgado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para comercializar servicios de ADSL sin la competencia del operador establecido. En la práctica, ese periodo de protección a los nuevos operadores sólo ha servido para retrasar el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, por lo que no es de recibo que ahora se pretenda limitar la oferta de servicios minoristas de ADSL.

2. La puesta en marcha de la preselección, que supone la posibilidad para el usuario de abonarse a una compañía distinta del operador establecido sin necesidad de marcar un prefijo, se ha desarrollado en España con enormes irregularidades por parte de los nuevos operadores. La posibilidad inicial de contratación tácita por parte del consumidor ha generado muchos casos en los que éstos no eran conscientes de tal preselección, e incluso se han dado situaciones de presunta falsificación de firmas. La variación de esta situación y, por supuesto la ampliación del plazo de recuperación de clientes por parte del operador establecido, supone una restricción muy perjudicial para la libre competencia, lesiona el derecho a la información de los usuarios, la libre elección, y puede agravar las irregularidades mencionadas.

3. Una característica del marco tarifario en el sector de telecomunicaciones tras la liberalización, ha sido la falta de voluntad inversora por parte de muchos de los nuevos operadores, sólo interesados en competir en aquellos segmentos de llamadas más rentables. En este sentido, la petición de Astel de que el operador incumbente ceda a terceros al menos el 25% del total de bucles utilizados a 31 de diciembre de 2002 contrasta con los datos aparecidos en los medios de comunicación, según los cuales de las 967 centrales ofrecidas por el establecido, sólo hay demanda real para 45, lo que pone en entredicho el interés real de los entrantes por la gestión del bucle local. Con esta medida se pretende, además, evitar el mínimo riesgo en la gestión del bucle al no tener que hacer frente al coste de alquiler de las instalaciones.

4. Esa misma falta de voluntad de inversión en el sector, con una visión puramente especulativa y de rentabilidad a corto plazo, se deriva de su petición de un nuevo reajuste de precios de interconexión. A pesar de que los precios efectivos de interconexión en España son de los más bajos de Europa (en agosto de 2001 se redujeron en un 22%), lo cierto es que la mayoría de los usuarios no se han visto beneficiados por las mismas. Desde este punto de vista, los precios de la interconexión es una guerra planteada para defender y aumentar el margen de beneficio empresarial, sin que repercuta en la mayoría de la población.

5. Las nuevas operadoras han solicitado a la Administración que no se permitan nuevos planes de descuento del operador establecido. Ello, en nuestra opinión, atenta contra los intereses económicos de los usuarios, que se verían impedidos de acceder a las ventajas de cualquier oferta. La medida tendrá mayor gravedad para aquellos clientes de menor poder adquisitivo, o de zonas geográficas de escaso interés que no son objeto de atención preferente de los operadores entrantes.

6. También resultaría lesivo para los intereses económicos de los ciudadanos que se impida o limite la participación de operadores en los concursos públicos, porque estas restricciones actúan contra la eficiencia y los ciudadanos acabarían sufragando con sus impuestos o mediante precios más caros dicha ineficiencia.

Las asociaciones de consumidores y usuarios aceptamos en su momento un marco de intervención en el sector de las telecomunicaciones que controlara los precios y acciones del operador establecido, con el fin de permitir la apertura del mercado, el desarrollo de nuevas ofertas y mejores condiciones de servicio. Pero consideramos que el período de intervención administrativa para beneficiar a las nuevas empresas ya ha pasado y ahora debe velarse preferentemente por los intereses de los usuarios. Cualquier distribución de la cuota de mercado (en general o referida a productos concretos) debe ser fruto de las actuaciones de los propios operadores a través de sus acciones de inversión, precios, calidad, etc., siendo éstas las que permitan a los usuarios elegir.

Por último, queremos mostrar nuestra preocupación por el hecho de que entre las medidas propuestas por Astel no se incluya referencia alguna a la creación del Fondo de Compensación de Servicio Universal, establecido por Ley y que sería la forma de asegurar el sostenimiento de ese servicio universal a medio plazo en el sector de las telecomunicaciones. Parece claro que, por encima de los intereses de los operadores para garantizarse una cuota de mercado, deben primar los intereses de los ciudadanos que son los que el órgano regulador, el Gobierno y la propia competencia debieran de proteger con sus actuaciones.

Las organizaciones firmantes:

Asociación de Internautas (AI)
Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
Unión de Consumidores de España (UCE)
Federación Unión de Consumidores Independientes (FUCI)
Federación y Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE)
Asociación para la defensa de los impositores de Bancos y Cajas de Ahorro de España (ADICAE)
Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU)
Unión Nacional de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (UNCCUE)


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