La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación planteado por un asesor fiscal contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que confirmó la desestimación de su demanda contra Google Spain, para que retirase de sus indexaciones la información personal sobre la condena que se le impuso por delito contra la Hacienda Pública (por hechos cometidos en 1991) y el indulto que le concedió el Gobierno en el año 2009. El demandante señalaba que Google había cometido una intromisión en su intimidad y honor y que debía indemnizarle con 12.000 euros por daño moral.

Jaume Segáles, director del programa Kilometro Cero de EsRadio conversa con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, sobre lo caro que nos está saliendo Internet en lo económico y en derechos fundamentales: subidas continuas y unilaterales de las tarifas telefónicas, la violación de nuestra privacidad por parte de plataformas tecnológicas y los gobiernos y la pretensión que los ayuntamientos alemanes tienen para financiarse vendiendo nuestros datos

 

Es habitual escuchar que los datos son el petróleo del siglo XXI y que, cegados por el acceso “gratuito” a servicios y aplicaciones, los ciudadanos llevan años regalando sus datos personales a las empresas sin ser conscientes de que con ello están renunciando a su privacidad. Y la reiteración del mensaje, sumada al goteo de escándalos sobre la filtración de datos personales en poder de gigantes como Facebook u otras redes sociales, va calando y provoca que muchos ciudadanos se pregunten ahora cómo pueden recuperar el control de sus datos, quién tiene información sobre ellos y qué es lo que saben.

Facebook y las redes sociales están fuera de control. ¡270 MILLONES de cuentas de Facebook son falsas! Han robado los datos de 87 millones de personas para ayudar a Trump a ganar. Las operaciones de desinformación de Rusia han generado MILES DE MILLONES de "shares”. El miércoles, el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, hará historia al testificar ante el Congreso de EE.UU. Es nuestra oportunidad de obligar al gobierno y a las grandes empresas de Internet a comprometerse a arreglar este desastre. Firma la carta abierta a continuación con un clic, y Avaaz se la entregará en una acción enorme en el exterior del Congreso: 

Jaume Segáles, director del programa Kilómetro Cero de EsRadio conversa con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas,sobreel inicio de actuaciones del Defensor del Pueblo para averiguar porque no se pueden renovar/ solicitar los certificados de la FNMT por Internet, la renuncia de la Europa para legislar sobre la “noticias falsas” y el toque de atención de la CNMC al Gobierno español para que no se concedan ayudas a los operadores telefónicos para desplegar banda ancha donde están obligadas

¿Y si alguien hubiese estado compartiendo tu vida en Internet, a golpe de instantánea, desde que estabas en el vientre materno? Lo más seguro es que no te hiciese ni pizca de gracia, pero son muchos los padres del siglo XXI que comienzan a construir las identidades digitales de sus hijos cuando publican la primera ecografía en las redes sociales. Y a partir de ese momento, se sucede toda una retahíla de imágenes con las que se narran casi al minuto cómo va progresando la criatura: la foto con el gorrito en la cuna del hospital, la llegada al hogar familiar, el primer bibe, la primera papilla, los primeros pasos, el primer día de colegio?

Hace dos meses desde la Asociación de Usuarios de Internet presentamos una queja en el Ministerio de Hacienda ante la imposibilidad de renovar/solicitar los certificados de la FNMT por Internet con los navegadores que usan las PYMES y los ciudadanos. La única forma posible de hacerlo es instalando navegadores desactualizados algo peligroso y desaconsejado desde el punto de vista de la seguridad y del sentido común.

Tenga o no el servicio establecimiento físicamente en UE y en un plazo de 10 días o 6 horas si hay urgencia. La Comisión Europea tomará medidas contra las empresas tecnológicas que recopilan las denominadas pruebas electrónicas necesarias para las investigaciones penales, independientemente de dónde se encuentren las empresas o de dónde se almacenen los datos de los usuarios, según la propuesta obtenidas por EURACTIV.

En este mensaje se tratará el uso por parte de las compañías telefónicas de tácticas dilatorias destinadas a retrasar e impedir la presentación por parte de los usuarios de reclamaciones. A las compañías, como es lógico, no les gusta que los usuarios les presenten reclamaciones cuando fallan en el trato que dan a sus cliente y, por eso, intentan por diversos medios que, o bien no las pongan o, si las ponen, que aquellas no se gestionen correctamente o no prosperen.

Siempre se habla del Bitcoin como el ejemplo paradigmático de uso de la tecnología blockchain. Una de sus principales ventajas es que provee un sistema de transacciones financieras P2P, directamente entre usuarios, sin intervención posible de ninguna autoridad reguladora. Al igual que ocurría con el famoso eMule, donde el contenido de cualquier archivo estaba troceado y distribuido entre miles de ordenadores de la Red, blockchain hace que los datos que contiene se dispersen de igual forma entre miles de ordenadores del mundo, llamados nodos. De esta forma, nadie puede tener el control de todos los datos porque tendría que tener acceso a todos los ordenadores que almacenan esa información. Por razones técnicas de esta tecnología, realmente bastaría tener el control del 51% de los nodos, pero incluso esto resultaría prácticamente imposible de conseguir si hay un número suficientemente elevado de nodos implicado, por lo cual, en lo que respecta a la descentralización (y por tanto, la imposibilidad de que "alguien" controlase toda la información) podemos estar prácticamente tranquilos, la tecnología blockchain sí asegura eso.

Es habitual que los usuarios de servicios de telecomunicaciones crean que reclamar ante las compañías es lento, inútil, difícil y caro. Este mensaje servirá para demostrar que gran parte de dichas creencias no son ciertas, o no lo son nada más que en parte, y que reclamar es útil, fácil y más barato de lo que creen la mayoría de los usuarios.

En 2017 los españoles nos jugamos en Internet más dinero que nunca. Los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), el órgano regulador del juego en la red, recogen que en el conjunto del año, el juego online movió 13.316 millones de euros en España de los que el 95 % se destinaron a premios. Estas cifras son un 22% más que en 2016, año en el que batimos la marca de los 10.000 millones jugados.