Por lo acontecido en el entorno de las relaciones comerciales UE-EE.UU. en general y de la Protección de Datos en particular, en los últimos dos años, se me vuelve a venir a la memoria la película "Bienvenido Mr. Marshall", una de las obras maestras de Berlanga de los años 50. En ella, aparece el pueblo de Villar del Río, cuyos habitantes están contentos porque los americanos van a visitarles con ocasión de la presentación en España del Plan Marshall. Ese plan, iniciado en Estados Unidos en 1947, consistió en ayudar a países europeos a recuperarse tras la II Guerra Mundial y frenar la expansión soviética.

Estados Unidos no da garantías suficientes para proteger la privacidad de los datos. Así lo cree el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien ha decidido declarar invalido el acuerdo de 'Escudo de la privacidad' de 2016 entre la Unión Europea y los EE.UU, por el cual las empresas norteamericanas como Apple o Google pueden llevarse los datos de usuarios europeos a EE.UU.

El Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital ha abierto una consulta para la elaboración de una carta de derechos Digitales en la que los interesados pueden realizar observaciones y comentarios en relación no sólo con las cuestiones expresamente planteadas en la presente consulta, sino sobre cualesquiera otras que consideren relevantes

Un grupo de expertos trabaja con el Gobierno en la elaboración de un documento que desarrolle la protección de los derechos de los ciudadanos en entornos digitales. Dos de ellos, Ofelia Tejerina y Miguel Pérez Subías, explican a ComputerWorld la razón y objetivos de esta iniciativa.

Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, es una luchadora incansable en la defensa de los usuarios de internet. Forma parte del grupo asesor del Gobierno para redactar la Carta de Derechos Digitales: "Tiene que ser algo más que una declaración de intenciones"

Tres expertos en derecho constitucional debatieron este martes sobre Derecho, tecnología y pandemia en el "webinar" organizado por la Facultad de Derecho de ICADE Comillas y el Centro de Innovación del Derecho.

En la mesa intervinieron, Federico de Montalvo, director del Centro de Innovación del Derecho (CID), Ofelia Tejerina, presidenta de la asociación de internautas y Francisco Martínez, letrado de las Cortes y exsecretario de Estado de Seguridad entre 2016 y 2018, quienes intercambiaron impresiones.

Opinión de nuestro panel de expertos sobre las aplicaciones móviles contra el COVID-19 que están proliferando en esta situación que estamos viviendo y las impicaciones que tienen en nuestra vida, presente y futura.

1.- ¿Quién es Ofelia Tejerina? ¿A qué se dedica y cuál es su objetivo profesional?

Ejerzo la Abogacía desde hace casi 20 años. Mi especialidad es el Derecho de las tecnologías, y llegué a él por descarte. Al terminar la carrera necesitaba encontrar algo que me motivase para seguir esta profesión, porque al principio no tenía muy claro por dónde tirar. Pero descubrí el mundo de la tecnología. Poco a poco pasé de estudiar la teoría a la práctica, ejerciendo en un despacho y colaborando con la Asociación de Internautas, que han hecho de mí lo que soy hoy profesionalmente. Me considero muy afortunada por haber podido conocer y trabajar de primera mano con los retos más interesantes de la digitalización de la sociedad.

Como señala A.E. Pérez Luño, del que tuve la suerte de ser alumno, “si por derechos humanos se entienden en sentido amplio todas aquellas normas jurídicas que reconocen ciertas prerrogativas a los particulares, el proceso de su positivación puede remontarse a los más lejanos testimonios de ordenamientos jurídicos positivos. Todo orden jurídico determina la esfera de actuación de los particulares, y al hacerlo establece, junto a determinados deberes, un conjunto más o menos amplio de facultades”. Es el resultado de un enriquecimiento múltiple de la evolución de etapas históricas acerca de los derechos humanos y garantías individuales.

La neutralidad de la red, en duda por el coronavirus: Francia estudia limitar el ancho de banda de sitios como Netflix o YouTube

El coronavirus y las medidas adoptadas para frenar su expansión, como la cuarentena, suponen que millones de personas son apremiadas a permanecer en sus hogares. Los operadores españoles han avisado de un incremento cercano al 40% en el tráfico de la red, pidiendo un 'uso racional'. Los operadores franceses van un paso más allá: estudian dar prioridad a los datos para teletrabajar.

En el día de hoy el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), ha remitido burofax a Nadia Calviño, Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tras mantener ésta un encuentro en Barcelona con Empresas y Agentes Sociales del Sector TIC, sin presencia alguna de representantes de la profesión de ingeniero técnico en informática, al objeto de presentarles las líneas maestras de la nueva Agenda Digital. A continuación se reproduce el texto íntegro del burofax enviado:

El Defensor del Pueblo ha decidido no atender el recurso promovido por algunas asociaciones por la inconstitucional del Decretazo (Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones), por entender que su recurso no aportaría nada ya que la Generalitat y el Gobierno Vasco han presentado también recursos en este sentido y señalando la necesidad de que exista un control judicial respecto a ciertas acciones del Gobierno. Aunque hay que resaltar una cuestión muy importante, y es que en los recursos en curso además se hace mucho hincapié en los temas competenciales de ambos territorios, pudiéndose desviar la atención hacia otras cuestiones.

Hoy se nos ha comunicado que el Defensor del Pueblo ha rechazado llevar el Decretazo Digital ante el Tribunal Constitucional. Las razones: que considera que no es oportuno en este momento. Aunque ruega a los poderes públicos que se pongan manos a la obra para modificarlo y adaptarlos a las exigencias constitucionales de protección y garantía de los derechos fundamentales que pretende cercenar.