El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles la circular emitida por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sobre el derecho de los usuarios a no recibir llamadas no solicitadas a partir de mañana fijando los criterios que aplicará la Agencia en relación con los artículos 66.1.b) de la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones.

Una noticia largamente esperada será una realidad en cuestión de días, permitiendo que millones de consumidores dejen de ser víctimas de las insistentes y agresivas estrategias comerciales a las que distintos operadores de telecomunicaciones nos tenían acostumbrados. La actual Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2022 establecía un plazo de un año desde su publicación para hacer valer un derecho largamente demandado por  el conjunto de consumidores de nuestro país.

La Comisión Europea trabaja en una propuesta de ley destinada a frenar el contenido de abuso sexual a menores y, para ello, el cifrado extremo a extremo es un obstáculo. España propone directamente eliminarlo

El pasado 19 de mayo la Comisión Europea cerró la consulta abierta sobre el futuro del sector de las telecomunicaciones, estructura, usuarios y proveedores. En ella planteaba al mercado, entre otras cosas, una serie de preguntas sobre la llamada "network contribution", "network fee" o "fair share", que básicamente viene a cuestionar un reparto de gastos y beneficios entre las telecos y las OTT por el uso de la "misma" red y cumplir, por ejemplo, con la "brújula digital 2030". La Asociación de Internautas ha respondido: nosotros ya pagamos a todos y la decisión final no puede perjudicarnos más.

No sé si te habrás enterado de que el pasado 23 de febrero la Comisión europea lanzó una consulta pública, que durará hasta el 19 de mayo, sobre "el futuro del sector de las comunicaciones electrónicas y su infraestructura", "para recopilar opiniones -dice- sobre los desarrollos potenciales del sector de la conectividad y su infraestructura” y “sobre el cambiante panorama tecnológico y de mercado".

La Corte Suprema de Estados Unidos estudia si retirar el blindaje legal a las redes sociales a raíz de la denuncia de la familia de una víctima de los atentados de París

Ante los problemas de los social media, una red social pública parece una solución. Financiada por los Gobiernos, serviría para dar servicio ciudadano. Sin embargo, la idea no es perfecta y está llena de sombras. Porque ¿qué harían los poderes públicos con todos nuestros datos?

Pocas veces como en esta edición se ven los efectos de los cambios introducidos en los procedimientos de gestión, ya sea por efecto de las adquisiciones o por voluntad del operador. El resultado es revelador, la integración de esos cambios en la cultura empresarial arroja buenos resultados para MOVISTAR, EUSKALTEL, R y TELECABLE.

El derecho de supresión, más conocido a nivel popular como "derecho al olvido", se trata del "derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a tus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en Internet realizada por tu nombre", tal y como explica la Agencia Española de Protección de Datos.

La palabra «idiota» tiene una etimología sumamente interesante: proviene originalmente del término griego δι?της (idi?t?s), persona privada, individuo o ciudadano privado (en contraposición al estado), frente a alguien que ostenta un cargo público.

La sentencia del Pleno de la Sala Primera 747/2022, de 3 de noviembre, examina la responsabilidad del titular de una cuenta de Facebook por los comentarios publicados por terceros en el perfil público de esta red social.

El Foro de Gobernanza de Internet celebrará los próximos 16 y 17 de noviembre, la décimo segunda edición de sus jornadas anuales, en formato hibrido: presencial en la  ETS Ingenieros de Telecomunicación de la UPM y en remoto a través de Internet. En línea con las directrices de IGF Global, las jornadas están abiertas a la participación de todos los agentes sociales.“La gobernanza de Internet es el desarrollo y la aplicación por los gobiernos, el sector privado, y la sociedad civil, en las funciones que les competen respectivamente, de principios, normas, reglas, procedimientos de adopción de decisiones y programas comunes que configuran la evolución y utilización de Internet"

El impacto de la pandemia ha acelerado la necesidad de la transformación digital de empresas e instituciones, un tránsito obligado por la necesidad de mantener el negocio. En este contexto, algunas medidas tomadas por las administraciones han puesto a prueba la protección de datos y la privacidad de los ciudadanos.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente cuyo objetivo fundamental es paliar las deficiencias detectadas en la prestación de este tipo de servicios por parte de las grandes empresas y mejorar así la protección de los consumidores para garantizar sus derechos.