El coronavirus y las medidas adoptadas para frenar su expansión, como la cuarentena, suponen que millones de personas son apremiadas a permanecer en sus hogares. Los operadores españoles han avisado de un incremento cercano al 40% en el tráfico de la red, pidiendo un 'uso racional'. Los operadores franceses van un paso más allá: estudian dar prioridad a los datos para teletrabajar.

En el día de hoy el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), ha remitido burofax a Nadia Calviño, Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tras mantener ésta un encuentro en Barcelona con Empresas y Agentes Sociales del Sector TIC, sin presencia alguna de representantes de la profesión de ingeniero técnico en informática, al objeto de presentarles las líneas maestras de la nueva Agenda Digital. A continuación se reproduce el texto íntegro del burofax enviado:

El Defensor del Pueblo ha decidido no atender el recurso promovido por algunas asociaciones por la inconstitucional del Decretazo (Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones), por entender que su recurso no aportaría nada ya que la Generalitat y el Gobierno Vasco han presentado también recursos en este sentido y señalando la necesidad de que exista un control judicial respecto a ciertas acciones del Gobierno. Aunque hay que resaltar una cuestión muy importante, y es que en los recursos en curso además se hace mucho hincapié en los temas competenciales de ambos territorios, pudiéndose desviar la atención hacia otras cuestiones.

Hoy se nos ha comunicado que el Defensor del Pueblo ha rechazado llevar el Decretazo Digital ante el Tribunal Constitucional. Las razones: que considera que no es oportuno en este momento. Aunque ruega a los poderes públicos que se pongan manos a la obra para modificarlo y adaptarlos a las exigencias constitucionales de protección y garantía de los derechos fundamentales que pretende cercenar.

La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presentado esta mañana el 017, un nuevo número corto de teléfono de ayuda en ciberseguridad que el Gobierno pone en marcha a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). "Hoy damos un paso más con la puesta en marcha del 017. Se trata de un número gratuito y confidencial en el que los ciudadanos podrán hacer todas sus consultas en el ámbito de la ciberseguridad" señaló la vicepresidenta. Asimismo, ha destacado "la importancia del desarrollo de competencias en ciberseguridad, no sólo desde la perspectiva diaria sino de cara al futuro por el desarrollo de oportunidades profesionales".

La Unión Europea plantea una suspensión de cinco años de esta tecnología a fin de analizar su impacto más notable

Tal y como comentábamos en un anterior reportaje, la Comisión Europea pretende regular la Inteligencia artificial (IA) en los próximos años. Se trata de ver su viabilidad dentro de un marco normativo que proteja los derechos de los ciudadanos.

Por lo que sabemos, su aplicación al reconocimiento facial genera dudas y podría tener una moratoria de cinco años.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado hoy su campaña ‘Por todo lo que hay detrás’, dirigida a promover la utilización del Canal prioritario de la Agencia para denunciar la difusión en Internet de contenidos sexuales o violentos publicados sin el permiso de las personas que aparecen en ellos, en particular, en casos de acoso a menores o violencia sexual contra las mujeres.

EL 28 de Enero, en la sede del Senado, se hacía entrega de los Premios Protección de Datos 2019 que la Agencia Española de Protección de Datos otorga a las personas y entidades, entre las que se encuentra la Asociación de Internautas, cuya labor considera debe ser reconocida por su impacto en la defensa y promoción de la protección de los datos de carácter personal.

El pasado día 19 UGT publicaba un informe sobre la brecha digital y la “España vaciada”, señalando que hay “13 millones de personas y 26.767 poblaciones en España sin internet” y que “no es un problema de infraestructuras sino de falta de formación”.

Si un cliente ha llevado a cabo la contratación de un servicio, o la adquisición de un producto de un banco, eléctrica u operadora móvil, es habitual que haya dado su consentimiento a través de una llamada telefónica, siendo advertido de que la conversación sería grabada. Ahora, el usuario puede reclamar que le entreguen ese archivo de voz.

El reconocimiento facial está siendo cada vez más utilizado en todo tipo de escenarios, pero en la Unión Europea quieren ir con tiento a la hora de abordar una tecnología que plantea una (nueva) invasión a la privacidad.

Una amplia coalición de organizaciones representativas de la defensa de los derechos digitales, de internautas, consumidores y juristas expertos presentarán hoy miércoles un escrito ante el Defensor del Pueblo para promover la nulidad por el Constitucional del ‘Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones ’, conocido como ‘Decretazo Digital’.

El Real Decreto-Ley 14/2019 introduce medidas urgentes en materia de identificación ante la Administración, contratación pública y telecomunicaciones invocando razones de seguridad pública y también de protección de datos. La finalidad de la norma, según señala su Exposición de motivos, es la de «asegurar la adecuada prestación de los servicios públicos y, al mismo tiempo, que la administración digital se emplee para fines legítimos que no comprometan los derechos y libertades de los ciudadanos». La convalidación de la norma por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados estuvo precedida de un debate en el que algunos diputados manifestaron dudas sobre la constitucionalidad de algunas de las medidas adoptadas. Con la organización de este seminario se pretende plantear un debate académico acerca del alcance de la regulación sobre el uso de la tecnología de registro distribuido con fines de identificación en el ámbito del sector público.