La Comisión Nacional de Informática y las Libertades, el equivalente francés a Agencia Española de Protección de Datos, reclamó hace un tiempo a Google la petición de un ciudadano francés que quería desaparecer de los resultados del buscador. Quería ejercer el llamado derecho al olvido, eliminar el acceso a su información en Internet para que nadie pueda obtener nada de él en la Red.

Con la llegada del 2019, el Gobierno de España debe superar las  asignaturas pendientes del año anterior en materia de Sociedad de la  Información y de las Telecomunicaciones: Reactivación del CATSI, análisis de la Directiva Europea de  Copyright, Ley de Propiedad Intelectual (LPI)  y Ley Orgánica de Protección de Datos y Nuevos Derechos Digitales, canon digital, Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) , DNI Electrónico, despliegue del 5G y control de la Inteligencia Artificial por las personas.

Advierten el gran peso del Ministerio de Cultura en los temas digitales como la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual o el nuevo canon digital frente al silencio de Polo.

La vorágine normativa que ha llegado al mundo de Internet, tanto en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, la tramitación de la directiva de “copyright” en la UE o la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) en materia de privacidad han disparado las alarmas en la sociedad civil y en algunas asociaciones tecnológicas.

La Asociación de Internautas ha hecho balance del año 2018, destacando "una de las asignaturas pendientes no superadas" en el citado ejercicio, "la falta de respeto a la privacidad de los internautas" con casos como el Cambridge Analytica o la aprobación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Aún pendiente de aprobarse, la polémica reforma europea de derechos de autor es ya uno de los caballos de batalla para 2019 de las asociaciones de internautas en España que advierten de que perjudicará a “todos” salvo a grandes editores dado que dificultará la generación y publicación de contenidos en la red.

Luis del Pino, director del programa Sin Complejos de EsRadio, analiza con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, la ofensiva que los partidos políticos han protagonizado contra los derechos fundamentales en Internet durante la tramitación parlamentaria de la la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los Derechos Digitales

El Gobierno contempla hacerlas obligatorias para grandes eventos y Ticketmaster asegura que son «un éxito», pero Stubhub las critica porque «limitan la libertad del fan». La reventa de entradas de conciertos, que tantos ríos de tinta ha hecho correr en los últimos años, será uno de los grandes temas a legislar en 2019 en lo que al mundo del espectáculo se refiere. La Conferencia Sectorial de Cultura ya ha aprobado que se haga una norma estatal para regularla, y una de las opciones de intervención normativa que refleja su informe es la de «imponer la obligación de emitir entradas nominativas en determinados conciertos de gran afluencia».

La ciudadanía es muy crítica con las medidas que contempla la nueva regulación sobre propiedad intelectual en España y Europa y que podrían llegar a implantarse si estas normas se aprueban definitivamente.

Así se desprende de los resultados del estudio “Los españoles y la libertad de expresión en Internet ante la reforma del copyright en España y Europa” realizado por GAD3 para la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).

• Según el Abogado General Hogan, el TJE debería declarar que las nuevas disposiciones que prohíben que los motores de búsqueda suministren extractos de trabajos de prensa sin previa autorización del editor no deben ser aplicadas.
   

• Estas disposiciones, en su opinión, deberían haberse notificado a la Comisión previamente algo que no se hizo ni en Alemania ni en España tal y como denunciaron en 2017 la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet ante la DG de Competencia

Los presidentes de la Asociación de Usuarios de Internet y de la Asociación de Internautas  han solicitado  conjuntamente, al Secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo, una reunión del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI) para analizar y debatir sobre las negociaciones relativas a la Directiva Europea del CopyRight, la imposición del canon digital, la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual, LPI y la polémica Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, LOPDGDD

.- Mamá, mamá, pero ¿qué eso de que El Rubius ya no va a poder seguir poniendo videos? ¿Por qué dice Jaime Altozano que puede que tenga que cerrar su canal?

.- ¡¡Mamá, dice mi canal de booktubers que hay una ley que hace que a lo mejor ya no puedan recomendarme más libros!!

---

Tengo un adolescente, una pre-adolescente y un niño en casa. Los tres ven YouTube, buscan en Google y Wikipedia. Ninguno está en Facebook, pero alguno sí en Instagram. Los tres me han hablado ya sobre “el artículo 13, mamá, el artículo 13”. Por ellos, y por mí -porque yo misma creo contenidos y no tengo claro qué pasa si un día hago referencia a contenidos de otros u otros usan mis contenidos-, he aquí un post

Según nos informa la eurodiputada Julia Reda , ayer se cerraron los trilogos, hasta la tercera semana de enero, que están negociando el texto final para la directiva de copyright europea . Sin un acuerdo general parece que la mayoría de los negociadores quieren una #Article13 que requiera #UploadFilters. #SaveYourInternet y así está el Artículo 11 de la propuesta europea de reforma/ampliación del copyright también llamado: Publishers’ Right, Neighbouring Right, Ancillary Copyright, Leistungsschutzrecht, Canon AEDE.

La industria denuncia que la nueva Ley de copyright permitirá a plataformas como Youtube, Facebook o Twitter bloquear determinados contenidos y dar preferencia a otros. Un poder que estos servicios no han reclamado, de hecho, mantienen una férrea oposición a la aprobación de la nueva ley que les brindaría esta posibilidad