Expertos en innovación, comunicación y entorno digital apuestan por una transformación segura, responsable y universal en este tiempo de fiebre tecnológica y recuperación económica

Ponen en marcha una nueva campaña dirigida a que las familias conozcan las posibilidades que ofrece este complemento a la labor de mediación con los menores.

La campaña cuenta con una guía, una infografía, una videoanimación, un artículo explicativo y el catálogo de herramientas.

La Comisión Europea resaltaba en junio de 2020, en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI), que la digitalización jugaba un papel clave en la gestión de la pandemia, y que también lo será en la recuperación de la economía.

Hoy es un día histórico en la protección de los niños frente a la violencia. El Congreso de los Diputados da luz verde a la Ley Orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia, una norma que pretende garantizar “los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia”, incluida la que se ejerce utilizando las nuevas tecnologías como las redes sociales.

Como primera aportación a la celebración de nuestros cinucenta primeros números, Moisés Barrio, Pablo García Mexía, Carlos A. Saiz Peña y Ofelia Tejerina, nos ayudan a entender cómo ha evolucionado el Derecho digital a lo largo de los últimos años y cual puede ser su evolución en los próximos.

La Agencia Española de Protección de Datos ha lanzado el PACTO DIGITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS, una iniciativa que tiene como objetivo promover un compromiso firme con la privacidad en las políticas de sostenibilidad y los modelos de negocio de las organizaciones, compatibilizando el derecho fundamental a la protección de datos con la innovación, la ética y la competitividad empresarial.

Carta abierta para pedir al gobierno una comisión de investigación que estudie la necesidad de establecer una MORATORIA en el uso y comercialización de sistemas de reconocimiento y análisis facial por parte de empresas públicas y privadas  hasta que la Cortes Generales y las instituciones legislativas europeas debatan cuáles, de qué manera, en qué condiciones, con qué garantías y con qué objetivos debe permitirse, si cabe, el uso de estos sistemas.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 8,15 millones de euros a Vodafone España por el incumplimiento del RGPD, la LGT y la LOPDGDD. Una multa récord en España al superar los 6 millones de euros a Caixabank el pasado mes de enero.

Una verdadera Ciudadanía Digital podría transformar las vidas de millones de internautas. Pero ¿cómo avanzar en ella?. Este evento TIC pone en la agenda el concepto de Ciudadanía Digital para que muchas más personas tomen conciencia del potencial del entorno digital, hagan un mejor uso de las plataformas y las aprovechen para generar nuevas oportunidades.

La nueva Directiva sobre Servicios Digitales (‘Digital Service Act’) propuesta por la Comisión que será presentada el próximo 15 de diciembre, definirá cómo será la Red en las próximas décadas.

La Universidad Pontificia Comillas y el despacho de abogados Garrigues, uno de los más prestigiosos de España, han firmado un convenio para crear el Observatorio LegalTech Garrigues-ICADE.

Tal como estaba previsto, el gobierno, por medio de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha presentado a consulta pública la Carta de Derechos Digitales de la ciudadanía. El documento incluye una lista de 25 derechos y pone el énfasis en los mecanismos jurídicos necesarios para su protección. Como uno de sus aspectos más destacados, incluye por primera vez en nuestro país el reconocimiento de unos derechos específicos en relación con el empleo de la inteligencia artificial y de las neurotecnologías.

El Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha asegurado en su intervención en el II Foro Nacional 5G que el Gobierno está trabajando en elaborar un proyecto de ley de ciberseguridad para dar "requerimientos adicionales" de seguridad en relación con el desarrollo de la 5G.

La pasada semana, en el seno de la Comisión de Interior del Congreso, se dio luz verde a una proposición no de ley de Unidas Podemos que pone el foco en la eliminación de mensajes de odio de las redes sociales. La iniciativa, que fue rechazada por los populares y Vox, no convence a los expertos en derecho consultados por LA RAZÓN. En concreto, el texto presentado pide al Gobierno que tome medidas para agilizar que las plataformas digitales supriman el contenido que incite al odio o a la violencia. Es decir, tal y como señalan los expertos, se insta a las compañías tecnológicas a que ejerzan de jueces.