En declaraciones a Economist & Jurist la directora del regulador español señalaba la necesidad de impulsar un Pacto de Estado a nivel de administraciones públicas educativas y sanitarias para una mejor gestión de la educación de los más jóvenes respecto a las adicciones digitales "que ya son tan importantes como aquellas otras relacionadas con las drogas y la bulimia".
Al mismo tiempo, destacaba que "sólo durante el pasado año, en el Canal Prioritario de la AEPD, que utilizamos para recoger denuncias de contenidos sobre violencia y sexo, dimos orden de retirar 52 contenidos, de ellos un 70% tenían a la mujer joven, menor de 30 años como protagonista de esos videos que se trasmiten sin consentimiento de la afectada lo que hace que tengan una responsabilidad penal".
La comunidad jurídica ha opinado sobre esta cuestión en su doble condición, muchos de ellos de operadores jurídicos y padres de familia. Su visión coincide con la de Mar España sobre un mayor control del uso de las tecnologías en los menores de 16 años. Y mayor implicación de las administraciones para diseñar políticas que ayuden a esa formación.
Adicciones y procesos judiciales
María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, tras concluir unas jornadas que esta asociacion ha realizado en Tenerife, cree que "es imprescindible educar a los hijos en el uso de los móviles, y aceptar que su utilización pueda estar limitada o restringida en horario lectivo en los centros escolares es una medida adecuada, y forma parte del bagaje educativo hacia los hijos e hija".
"No obstante, dicha limitación debe ceder en las ocasiones en que el móvil sea instrumento o herramienta para llevar a cabo su aprendizaje escolar, al igual que el resto del material informático, (tablets, pc etc.), pudiendo ser una opción razonable la limitación a determinadas páginas de la red, debe primar la ponderación y la proporcionalidad de la medida, según las necesidades de cada momento y la edad de los adolescentes".
A su juicio, "resulta alarmante el aumento sustancial de las adicciones de niños y niñas a las redes sociales, y los padres se sienten desbordados por la situación, no saben qué hacer. Esta situación tiene su origen, en la mayoría de los casos en la ausencia de control de los padres, sobre las actividades de sus hijos, y desemboca posteriormente en conflictos judiciales o en procesos de jurisdicción voluntaria, solicitando la intervención del Juez para la toma de medidas referentes a tratamientos de deshabituación".
Desde su punto de vista, "la prevención es la mejor herramienta para evitar situaciones que desemboca en inadecuados comportamientos; y para prevenir nada más adecuado que la concienciación y educación de los padres sobre los peligros del uso indiscriminado del móvil por parte de sus hijos, son los padres quienes deben adoptar medidas de contención en casa, para que no recaiga en los docentes la carga de llevar a cabo las restricciones en el centro escolar, sin la colaboración de los padres".
Los abogados de familia, preocupados
Isabel Winkels, vicedecana del ICAM, abogada de familia, socia de AEAFA, y secretaria de la Plataforma Familia & Derecho, subraya que "no soy partidaria de prohibir y sí educar. Pero en este momento por la absoluta falta de control previo, la situación se nos ha ido de las manos en cuanto al uso que hacen los menores de los móviles y tablets".
Desde su punto de vista, "las consecuencias de esta falta de conciencia y control son tan graves que procede adoptar medidas como la prohibición del uso de móviles en los colegios a los menores de 14 años y un mayor control en el uso a aquellos mayores de esta edad".
"Es importante realizar programas formativos en las aulas sobre las consecuencias de uso abusivo y sin control de las tecnologías, y las secuelas de las adicciones que ese abuso genera. Tan sólo el número de suicidios de adolescentes justifica esa medida", destaca.
Su modo de ver, "como medida inicial se debería adoptar un Pacto de Estado sobre dicha prohibición en las aulas y formación simultánea de los motivos y consecuencias. Es sabido que grandes directivos de empresas tecnológicas llevan a sus hijos a colegios sin pantallas y las cuidadoras tienen que firmar el compromiso de no firmar esas pantallas mientras cuidan a sus hijos".
La visión de jueces y fiscales
La titular del juzgado 1 de menores de las Palmas de Gran Canarias, Reyes Martel, compagina su actividad profesional con el desarrollo de la ONG UP2U que intenta ayudar a la reinserción de los menores en la sociedad Es más partidaria del uso controlado de los dispositivos móviles. "Nos estamos equivocando al darle un móvil a niños de corta edad sin que sepan cómo se utiliza", aclara.
Sobre el uso en las aulas "yo lo fijaría en no menos de 14 años y de una forma controlada. Que lo utilice sólo para las actividades docentes en clase. Establecería la prohibición con matices. Soy partidaria del Pacto de Estado Digital para implementar un uso racional del móvil y del resto de tecnologías. Hay que regularlo de forma adecuada. Hay que explicarles que grabar videos sexuales al igual que difundirlos sin consentimiento es un delito penal".
Desde su punto de vista, "ahora el acoso escolar es imparable. No acaba en clase porque continua en tu casa por las redes sociales, mientras que tus mayores no advierten este problema. A veces los padres llegamos tarde cuando se ha generado el problema. Igual pasa con la pornografía infantil, que lo están haciendo delante de nuestras narices y son también víctimas de ello".
A su juicio, "es importante que el legislador consulte a los expertos, nosotros, los 82 jueces de menores que hay en nuestro país, no hemos sido consultados para ninguna de las reformas legislativas que afectan a la infancia, lo que parece un contrasentido porque estamos muy cerca de ellos cuando cometen un delito. En esas reformas tampoco se tuvo en cuenta el llamado interés superior del menor".
Desde Valencia, Susana Gisbert fiscal de violencia de género y delegada en delitos de ocio también es consciente que los asuntos relacionados con menores e Internet se han incrementado de forma exponencial ante la pasividad de padres y centros escolares, que en muchos casos miran para otro lado.
"Soy contraria a cualquier tipo de prohibición. La cuestión está en un uso controlado desde la educación. Hay situaciones en las que los padres pueden necesitar que sepan que sus hijos han llegado al colegio. Eso ha hecho que se haya construido en un elemento clave para la gestión de esos menores y su actividad".
Frente a esto "está claro que el uso hay que restringirlo en el horario escolar y cuando imparten clases, es bastante lógico que no lo utilicen y estén bajo la custodia de un tercero es bastante razonable, de la misma forma que no pueden estar escuchando un equipo de música en clase".
Para esta jurista, a partir de 12 años parece razonable que empiecen a tener un uso controlado del teléfono móvil. Si una persona con catorce años se le considera que puede cometer un delito, no se le puede prohibir que tenga un móvil".
Los colegios son responsables
Desde la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), su Comisión de Menores explica a Economist & Jurist con detalle que "la clave para un uso seguro y responsable de las TIC pasa necesariamente por la concienciación de todos, menores, docentes y familiares de los riesgos que existen en el ámbito digital, así como sus causas y consecuencias. Como sabemos, el riesgo cero no existe, pero debemos desarrollar las competencias y habilidades digitales suficientes para ser capaces de minimizarlos al máximo".
Destacan que "disponemos de una normativa europea (RGPD 679/2016) y nacional (LOPDGDD 3/2018) que pone especial énfasis en la protección de los datos personales del menor, pero su desconocimiento genera conductas irregulares. Lo normal es encontrarnos a los menores de 14 años con perfiles en redes sociales en las que, para acceder, simplemente han falseado el año de nacimiento, accediendo de este modo a un entorno que implica unos riesgos para los que aún no están preparados."
Al mismo tiempo, subrayan desde la APEP que "el uso de redes sociales, Apps y otras herramientas TIC en el aula que impliquen tratamiento de datos personales requiere de un análisis previo sobre los riesgos, su conveniencia y proporcionalidad, algo que corresponde al responsable del tratamiento. Existe un importante desconocimiento en el cuerpo docente sobre este punto, lo que favorece la incorporación al aula de herramientas TIC que no han sido autorizadas previamente".
Sobre la prohibición de los móviles, creen que "es una medida que puede ser eficaz pero requiere, por un lado, del compromiso firme de hacerla cumplir o puede generar el efecto contrario, pero deberá ir además acompañada de acciones de información y concienciación de los riesgos y los motivos por los que es preciso limitar y condicionar su uso. Transformar los espacios educativos en espacios libres de móviles no soluciona el problema de los riesgos de los menores en el ámbito digital solo lo traslada a su ámbito personal una vez sale del centro educativo".
Mejor controlar que prohibir
Para Borja Adsuara, abogado, profesor y uno de los padres de la Carta de Derechos Digitales "soy partidario de educar en el uso de los móviles pero no de prohibirlos. El problema no es tanto el móvil como el acceso a las redes sociales en determinadas edades. No estoy de acuerdo con las prohibiciones absolutas y sí en educar en el autocontrol. Hay que regular sobre todo el uso de los teléfonos móviles".
Para este jurista, "esto debe suponer que en determinadas edades el hacer uso del móvil como una herramienta de clase debe compaginarse con cierto control. Todos los que somos padre sabemos que esto no es de cero a cien, sino que tiene que ser progresivo. Y que hay un tiempo para cada cosa y una cosa para cada momento".
Desde su punto de vista, "esto significa que habrá momentos en que los menores tengan que estar con el móvil y en otras ocasiones no. El uso debe ser moderado. Ahora por el momento solo las comunidades autónomas de Madrid y Galicia lo prohíben. Hay colegios que pueden aprobar la restricción del uso del móvil oyendo al APA de familia, frente a ello hay otras familias que defienden el uso del móvil porque tienen que ir a buscarlo al centro escolar porque están trabajando".
Desde la Asociación de Internautas, entidad que cumple ahora sus primeros 25 años de vida, su presidenta, Ofelia Tejerina, subraya que "nuestra entidad hizo un estudio sobre la prohibición que luego haría la Comunidad de Madrid. Salió adelante como restricción, el debate confluía en dicha restricción del uso. Si lo prohíbes quitas una herramienta necesaria para cualquier ciudadano. No pueden salir sin saber cómo funciona un teléfono móvil. Prohibir es eliminar de la vida educativa un elemento esencial".
A su juicio, "hay que educar desde edades tempranas en el uso del móvil de una forma correcta. Hay que enseñar a los niños de seis o siete años que no se toca el móvil en clase y que en los recreos tampoco se utiliza para molestar y se juega con los amigos. Y en casa también se restringe. El problema es quién forma a nivel digital a los padres. Los chicos deben llegar a la adolescencia sabiendo cómo utilizar esos móviles".
Tejerina realizó un estudio reciente sobre esta actividad. "En Estados Unidos no lo puedes prohibir porque son sistemas de alerta. Si hay un tiroteo en su instituto lo emplean como sistema de alerta para estar en contacto con sus familias, de ahí que no se pueda prohibir. Las administraciones públicas deben tener un papel de coordinación de este uso controlado. La educación de estos dispositivos debe hacerse desde edades muy tempranas. Es necesario un Pacto de Estado que implique a las administraciones para una mejor gestión de estas herramientas en los centros educativos".
Es necesario un Pacto Digital
Por su parte, Ana Gómez, abogada laboralista y presidenta de ASNALA, explica que en el colegio de sus hijos está prohibido el uso de los móviles. "El uso de la tecnología a esas edades tan tempranas debe estar controlado. Como madre y como jurista creo que hay cierto descontrol en los centros educativos sobre estas cuestiones. Debe regularse su uso para evitar los problemas que luego generan de ciberacosos o sexting. Coincido con la Asociación de Pediatras y su informe que el tiempo de exposición debe ser menor".
Otra cuestión que destaca es que "se tiene el móvil demasiado pronto en el desarrollo educativo de los menores. El problema ahora es que en estos delitos son los padres los que pagan las multas de la AEPD y las posibles responsabilidades que se puedan derivar del tema. Es el momento de que las administraciones se lo tomen en serio e impulsen políticas claras para mejorar la educación digital de los más jóvenes".
La presidenta de ASNALA coincide con otros interlocutores en la necesidad de que se impulse un Paco de Estado Digital para reducir esas adicciones digitales de los menores con un mejor control a nivel de un plan específico de acción para que supervise la educación de los menores con dispositivos digitales.
