Ciencia y Tecnología asume el arbitraje entre usuarios y empresas
La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha paralizado la tramitación de varios expedientes al haberle sido arrebatadas por Ciencia y Tecnología a comienzos de este año todas las competencias referidas al servicio público, un aspecto clave que afecta a todos los conflictos entre los usuarios y empresas. La CMT informó el pasado 18 de enero a Anna Birulés que suspendía la tramitación de estos expedientes ante el peligro de que fueran declarados nulos por los tribunales.
El conflicto arranca de la decisión del Gobierno de despojar a la CMT de todas las competencias relacionadas con el control del cumplimiento por parte de los operadores de sus obligaciones de servicio público, como Telefónica, de las obligaciones de servicio público y, entre ellos, el control del servicio universal.
De esta forma, la CMT perdió todo su poder para ejercer de árbitro en cuestiones tan cruciales para el abonado como las referidas a la calidad del servicio telefónico, la cobertura telefónica e incluso el servicio universal, es decir, el derecho que tienen todos los ciudadanos a tener una línea telefónica a un precio asequible.
El Gobierno utilizó la Ley de Acompañamiento (artículo 66) para despojar de esos poderes a la CMT, limitando su ámbito de actuación al arbitraje en los conflictos entre operadores, mientras que Ciencia y Tecnología asumía las relaciones entre usuarios y compañías.
Como consecuencia de esa medida, la CMT ha optado ahora por paralizar 13 expedientes y remitirlos a Ciencia y Tecnología. El organismo regulador entiende que, según la jurisprudencia, "ha venido señalando que los expedientes en curso en el momento en que entra en vigor la norma que dispone la modificación de la competencia deben ser resueltos por el órgano al que la norma en cuestión pasa a atribuir la competencia".
Asimismo, la CMT justifica también su decisión de que, según la legislación, cualquier actuación del órgano antiguamente competente con posterioridad a la entrada en vigor de la norma puede ser declarada nula de pleno derecho.
Varios de los expedientes que se han paralizado se refieren a denuncias presentadas por usuarios de zonas rurales contra Telefónica por la falta de instalación de una línea telefónica.
También hay varias denuncias de abonados de Amena de distintas localidades de la provincia de Barcelona (Vilanova i La Geltrú, Berga, Corbera de Llobregat, Monistral de Calders, Calders, Sant Celoni y Arenys de Mar) por los problemas de falta de cobertura que tuvo esta operadora cuando comenzó a dar servicio en 1999 antes de que desplegara su propia red.
RAMÓN MUÑOZ, Madrid
Reproducido de El Pais
La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha paralizado la tramitación de varios expedientes al haberle sido arrebatadas por Ciencia y Tecnología a comienzos de este año todas las competencias referidas al servicio público, un aspecto clave que afecta a todos los conflictos entre los usuarios y empresas. La CMT informó el pasado 18 de enero a Anna Birulés que suspendía la tramitación de estos expedientes ante el peligro de que fueran declarados nulos por los tribunales.
El conflicto arranca de la decisión del Gobierno de despojar a la CMT de todas las competencias relacionadas con el control del cumplimiento por parte de los operadores de sus obligaciones de servicio público, como Telefónica, de las obligaciones de servicio público y, entre ellos, el control del servicio universal.
De esta forma, la CMT perdió todo su poder para ejercer de árbitro en cuestiones tan cruciales para el abonado como las referidas a la calidad del servicio telefónico, la cobertura telefónica e incluso el servicio universal, es decir, el derecho que tienen todos los ciudadanos a tener una línea telefónica a un precio asequible.
El Gobierno utilizó la Ley de Acompañamiento (artículo 66) para despojar de esos poderes a la CMT, limitando su ámbito de actuación al arbitraje en los conflictos entre operadores, mientras que Ciencia y Tecnología asumía las relaciones entre usuarios y compañías.
Como consecuencia de esa medida, la CMT ha optado ahora por paralizar 13 expedientes y remitirlos a Ciencia y Tecnología. El organismo regulador entiende que, según la jurisprudencia, "ha venido señalando que los expedientes en curso en el momento en que entra en vigor la norma que dispone la modificación de la competencia deben ser resueltos por el órgano al que la norma en cuestión pasa a atribuir la competencia".
Asimismo, la CMT justifica también su decisión de que, según la legislación, cualquier actuación del órgano antiguamente competente con posterioridad a la entrada en vigor de la norma puede ser declarada nula de pleno derecho.
Varios de los expedientes que se han paralizado se refieren a denuncias presentadas por usuarios de zonas rurales contra Telefónica por la falta de instalación de una línea telefónica.
También hay varias denuncias de abonados de Amena de distintas localidades de la provincia de Barcelona (Vilanova i La Geltrú, Berga, Corbera de Llobregat, Monistral de Calders, Calders, Sant Celoni y Arenys de Mar) por los problemas de falta de cobertura que tuvo esta operadora cuando comenzó a dar servicio en 1999 antes de que desplegara su propia red.
RAMÓN MUÑOZ, Madrid
Reproducido de El Pais