Son la AI, ADECES y UCGAL

3 asociaciones reclaman un debate público sobre los nuevos derechos digitales que plantea el PSOE en la LOPD


Nunca ha estado la privacidad y la protección de datos de los ciudadanos tan en primer plano. La aprobación, el pasado 25 de mayo del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de obligado cumplimiento para los 28 países miembros, y escándalos como el de Facebook y Cambridge Analítica  con millones de datos usados para intereses espúreos han situado este asunto en primer plano.





por Luis Javier Sanchez | en Confilegal.com.- La llegada del Reglamento Europeo está generando que todos los países miembros de la UE adapten su Ley de Protección de Datos nacional al texto europeo. En el caso de España, pese a que muchas voces se alzaron para que el texto de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) estuviera antes del 25 de mayo, esto no ha sido posible.

Más de 300 enmiendas lo han evitado y los más optimistas esperan su aprobación para diciembre de este año.

En esta reforma de nuestra LOPD, las enmiendas presentadas por el PSOE en el último momento para crear un capítulo sobre derechos digitales han abierto la polémica.

Toda una serie de derechos de digitales que entidades como la Asociación de Internautas (AI), Asociación Pro Derechos Civiles y Económicos (ADECES) y la Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) han criticado y pedido un debate previo antes de su aprobación.

 

¿Qué derechos digitales plantea el PSOE?

La propuesta del PSOE ,que tiene todos los visos de integrarse en la nueva LOPD, aborda cuestiones como el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, el derecho de acceso universal a Internet, que podría incorporar la existencia de un bono social para los usuarios con menores ingresos, y el derecho a una Internet neutra, no discriminatoria y que garantice la seguridad de las comunicaciones.

El derecho al olvido es otra de las garantías que deben quedar cubiertas en la era de Internet. Se trata de ejercer el derecho a poder borrar los datos personales y toda huella digital que pueda ser perjudicial para un usuario en su ámbito laboral o personal.

 

La protección de la privacidad es para los ciudadanos del siglo XXI lo que fue la protección del consumidor en el siglo pasado.

 

El derecho a la protección de los menores en Internet prevé también la regulación de los derechos de imagen de niños y niñas por parte de los centros educativos o la educación por parte de las madres y padres para que los menores realicen un uso equilibrado de las redes sociales y de Internet, acorde con su edad.

El derecho al testamento digital se garantizaría de modo que los herederos o familiares de un fallecido puedan cancelar y eliminar sus datos en la Red.

Al mismo tiempo, la reforma plantea garantizar la libertad de expresión, la veracidad informativa y el derecho al honor y a la propia imagen en Internet.

Además, se proponen varios apartados para proteger los derechos digitales en el ámbito de los convenios colectivos.

Derecho a la desconexión aparte para evitar la fatiga digital, la reforma que impulsa el PSOE plantea proteger la intimidad con los móviles, cámaras de empresa o portátiles.

El texto insta a las empresas a acordar con sus trabajadores protocolos para el uso de los dispositivos digitales y móviles que se facilitan a la plantilla.

Quedarían prohibidas, por ejemplo, las grabaciones y cámaras en lugares de descanso como comedores, aseos o vestuarios.

Las tres asociaciones consideran un error sustentar la veracidad informativa y con ella la eliminación de los contenidos digitales en la “previa queja o aviso” (se supone que del interesado).

Necesidad de un debate antes de su implantación

Sin embargo, a esta propuesta han surgido diferentes detractores que quieren un debate a fondo de cada una de estas cuestiones. Debate que solo ha habido en la comisión parlamentaria de la LOPD.

La AI, ADECES y UCGAL quiere una revisión está formado por las entidades citadas, han hecho un frente común en todo lo relacionado con Internet, protección de los derechos de los consumidores en los últimos meses.

En este conjunto se han alzado como una sola voz para señalar su preocupación por la instrumentalización de la tramitación del Proyecto Ley de Protección de Datos para abordar los derechos digitales, incluidos en dos enmiendas del PSOE recogidas bajo los epígrafes “libertad de expresión” y “derecho al olvido” y solicitan su retirada, así como un amplio debate sobre los citados derechos antes, en su caso, de cualquier regulación.

Las tres asociaciones consideran un error sustentar la veracidad informativa y con ella la eliminación de los contenidos digitales en la “previa queja o aviso” (se supone que del interesado).

Este proceder traslada el poder desde los responsables de los medios digitales a los afectados por la información, concediéndoles la capacidad de neutralizar cualquier contenido informativo y desnaturalizando el propio derecho a la información.

Con esta propuesta se deja en manos de las empresas, no de los tribunales el llamado derecho de la información queda en peligro y desnaturalizado

Basta recordar algunos asuntos recientes para darse cuenta de lo peligroso que sería para una sociedad democrática que el derecho a la información se subordinase a protocolos de este carácter o a la Ley de Protección de Datos.

Deben ser los tribunales, no las empresas las que tengan la última palabra

Este colectivo cree que quienes se consideren afectados por una información “falsa” les asiste el derecho de rectificación (al igual que en los medios analógicos) y el recurso a los tribunales civiles o penales para defender su derecho al honor o defenderse de un delito de injurias o calumnias (como sucede respecto a otros medios).

“Con la proposición del PSOE, se deja en manos de las empresas, no de los tribunales», explica Víctor Domingo, presidente de AI, que alerta sobre el hecho de que “se junten cuestiones del derecho fundamental que no se deberían abarcar desde una ley general, porque necesitan más debate”.

También subraya que si una plataforma online elimina una información solo a petición de una persona, le concede “la capacidad de neutralizar cualquier contenido informativo y desnaturalizando el propio derecho a la información”.

Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.

Por otra parte, determinar el alcance del anonimato en Internet merece un debate en profundidad, aunque consideremos que los responsables de los medios digitales, ante los pronunciamientos judiciales contra los mismos (por vulneración del derecho al honor, a la propia imagen…) deberán estar en condiciones de garantizar la identificación de quien vulnera los derechos de otro desde el anonimato, de la misma forma que en un medio analógico.

También sería conveniente debatir sobre el deber de un medio digital de admitir un aviso aclaratorio a solicitud del interesado sobre noticias digitales que le conciernen y han quedado desactualizadas, a la luz, sobre todo, de actuaciones policiales o judiciales revocadas por decisiones posteriores

Para estas asociaciones estamos, valga la licencia, ante un “derecho de rectificación eterno” (más amplio en el tiempo que el que asiste a los ciudadanos ante los medios analógicos) que puede estar justificado por la permanencia y accesibilidad en la red de los archivos digitales.

Las tres asociaciones solicitan la retirada de las enmiendas mencionadas y que se aborden los derechos digitales tras un amplio debate entre partidos políticos, organizaciones sociales y operadores

Cuidado con el derecho al olvido

Por otra parte, tampoco se aborda adecuadamente, la enmienda sobre el derecho al olvido: la cancelación por el transcurso del tiempo de los datos personales cuando sean inadecuados, no pertinentes o excesivos.

Un deber que el párrafo segundo de esa enmienda circunscribe a los motores de búsqueda, sin alcanzar a los medios que publicaron la noticia, en línea con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“Se podría dar el caso de que alguien que, efectivamente, ha cometido un crimen, borrase toda la huella digital de ese hecho, lo que habría que valorar después de un amplio debate”, señala Domingo, que se pregunta entonces en qué afectaría a las hemerotecas digitales. “Si, efectivamente, esto sale adelante, tendrá muchos más detractores”, anticipa el presidente de la Asociacion de Internautas

Sin embargo, para AI, ADECES y UCGAL es un exceso que pueda ser ejercitado por cualquier persona y más aún cuando no se determina que datos pueden devenir en históricos y desde esa perspectiva qué es inadecuado, no pertinente o excesivo.


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