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DigitalES pide que se abra un debate público sobre los nuevos derechos de los ciudadanos en el entorno digital

La industria tecnológica reclama una Ley de Derechos Digitales al margen de la tramitación de la LOPD


Separar la propuesta que hizo el PSOE en su día sobre derechos digitales de la propia tramitación de la LOPD. Esa es la petición clara de la Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, que reclama una Ley de Derechos Digitales "específica e independiente" del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria.





Otros expertos consultados por CONFILEGAL, como el propio José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo y responsable de la Cátedra Google CEU, sobre Privacidad e Innovación ya había manifestado a este medio su preocupación por incluir esos derechos digitales.

También en el último Congreso de la Asociación Española de Privacidad (APEP), donde hubo un debate entre los principales partidos políticos sobre la tramitación de la LOPD y su retraso frente a la entrada en vigor del RGPD el pasado 25 de mayo, algunos expertos se manifestaban en ese sentido y el propio diputado del PP, Francisco Martínez, también veía necesario separar ese último texto de la futura LOPD.

A nivel asociativo, entidades de la sociedad civil como la Asociación de Internautas (AI), Asociación Pro Derechos Civiles y Económicos (ADECES) y la Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) criticaban también la unión de la LOPD a esos nuevos derechos digitales y reclamaban, como ahora hace DigitaLES, un debate abierto sobre estos nuevos derechos de los ciudadanos.

Ante esta situación de falta de actualización de la normativa de protección de datos a nivel nacional , el Congreso de los Diputados, a petición de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y ante la demora de dicha tramitación, aprobaba un Real Decreto Ley de medidas urgentes el pasado 6 de septiembre para establecer un marco normativo puente hasta que se tramitase la LOPD de forma definitiva.

Con la convalidación del Real Decreto se ha dotado de un nuevo estatus a la Agencia de Protección de Datos (AEPD), incorpora un "novedoso sistema de multas" y delimita los sujetos a los que se puede sancionar y los plazos de prescripción, explicó la propia ministra Delgado. "Una laguna en un punto tan sensible podría generar una incertidumbre y un incremento de la litigiosidad (...) y frena a la AEPD por falta de certeza de plazos".

En esta ocasión ha sido DigitaLES, patronal del sector de la tecnología e innovación digital, quien ha avivado la polémica después de que el Grupo Socialista presentase recientemente una batería de enmiendas relativas a derechos digitales como la neutralidad de la Red, los derechos a la seguridad y educación digital, así como los derechos al olvido, a la portabilidad o al testamento digital.

Derechos digitales y LOPD no deben mezclarse

En este sentido, DigitalES  trasladaba a los grupos parlamentarios su "preocupación" por lo que considera una "instrumentalización" de la tramitación del Proyecto de Ley de Protección de Datos para abordar los derechos digitales, a través de varias enmiendas introducidas por el Partido Socialista "que afectan a derechos y libertades de los ciudadanos recogidos tanto en la Constitución como en otras regulaciones".

La directora general de DigitalES, Alicia Richart, explicaba que la adaptación normativa de los derechos y libertades constitucionales al mundo digital debe ser "contemplada y ampliamente debatida por los poderes públicos" y, en concreto, debe tener lugar en sede parlamentaria para "apoyar procesos abiertos e inclusivos evitando hurtar a la sociedad, para la que se legisla, su participación y opinión en debates tan importantes como éste".

Alicia Richart

"El objeto del Proyecto de ley de la  LOPD -actualmente debatiéndose en el Parlamento- no debería ser otro que la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento del Parlamento Europeo relativo a la protección de datos personales y la libre circulación de éstos", indicaba la propia  Richart.

Según la directora general de esta patronal  "muchas de las cuestiones" que se abordan en las enmiendas del PSOE están recogidas en otras leyes del ordenamiento jurídico, "lo que supone un solapamiento regulatorio impropio en un Estado de Derecho".

Desde su punto de vista, la regulación "no debería hacerse en el marco de la tramitación parlamentaria de una Ley con un objeto muy concreto y radicalmente diferente", ha afirmado la directora general de DigitalES, que ha señalado además que "organizaciones empresariales y de consumidores ya se han pronunciado en contra de esta forma de abordar erechos digitales por la puerta de atrás".

De esta forma, DigitalES considera imprescindible "abrir un debate público y transparente sobre la garantía y protección de los derechos y obligaciones de los ciudadanos en el entorno digital". La patronal ha apuntado que así se ha hecho en otros países europeos como Italia o Francia.

Luis Javier Sanchez | 29 septiembre, 2018 confilegal


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