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El recorte del diálogo político en Twitter


Hace unos días Twitter informaba de la prohibición de propaganda electoral en su plataforma, una decisión tomada en aras, supuestamente, de combatir las fake news y la desinformación. No está claro si buscaba proteger a sus usuarios o protegerse de sanciones, dada la tendencia del legislador a exigir comportamientos proactivos de los ISPs sobre el control de contenidos. Pero ¿es esta una buena opción?





"La opinión del experto"

Juan M. Pulpillo (@derechotic)

Juan M. PulpilloEl dilema en torno a la regulación de las redes sociales no es nada nuevo, las propias Redes Sociales hacen referencia a la necesidad de una regulación al respecto. Uno de los grandes problemas que han trascendido a la opinión pública son los relativos al control de contenidos considerados perjudiciales y la integridad de los procesos electorales.

El escándalo del Cambridge Analytica y Facebook le ha pasado una alta factura a la red social por influenciar los resultaos de las elecciones presidenciales del 2016 en EEUU y el referéndum del Brexit en Reino Unido de ese año. Según se desprende de las investigaciones efectuadas, lo que hacían era cruzar los datos de un test que se realizó en formato de aplicación de la red social con la información de la propia Facebook para inferir perfiles psicológicos de cada usuario para utilizar contenidos, tonos y temas adaptados para cambiar la forma de pensar de los votantes de manera casi individualizada, por lo que desarrolló noticias falsas que luego replicó a través de redes sociales y diferentes medios con el objetivo de generar temas de debate. El objetivo bombardear con noticias creíbles internet y que no se ven en los grandes medios por lo que inducían a cuestionar la credibilidad de esos grandes medios y la desconfianza en las instituciones. El resultado es la manipulación de las decisiones y una violación de la autonomía para tomar decisiones libres.

Este es el motivo por el que algunas de las redes sociales han adoptado cambios en relación a lo que se puede publicar y lo que se prohíbe en relación a la política. De esta manera, Facebook se apoya en el derecho de información y el interés periodístico para permitir que los políticos publiquen mensaje y anuncios aunque mientan. Para ello ha cambiado sus políticas de uso en el sentido de que no va a eliminar ni verificar la veracidad de los mensajes de los políticos en sus anuncios pagados, justificando la medida en que la red social no debe arbitrar debates políticos y evitar que el discurso político llegue al debate público, elevando los discursos políticos los eleva a la categoría de interés periodístico, salvo que se incite a la violencia o presente un riesgo de seguridad

Por su parte, Twitter ha decidido que a partir del día 22 de noviembre no difundirá más publicidad política en ninguna parte del mundo, por los riesgos significativos para la política que conlleva el poder de la publicidad en internet. La justificación de Twitter es que prioriza la integridad de la democracia frente a los beneficios económicos. En este sentido, afirman que un mensaje político se gana su alcance cuando la gente decide seguir una cuenta o hacer un retuit. Pagar para que se difunda elimina esa decisión, imponiendo sobre las personas mensajes políticos altamente optimizados y dirigidos que no se verifican y que pueden ser engañosos. Creemos que esa decisión no debería ser puesta en riesgo por dinero.

Así las cosas, resulta sorprendente que estas redes sociales afirmen que para ellas es casi imposible el control y supervisión de los datos que almacena ante diferentes requerimientos judiciales en caso de determinados comentarios y contenidos ilegales.

En este contexto, a nadie le extraña que en el ecosistema político español algunos paguen para apropiarse de cuentas con influencia social, compren seguidores, generen conversaciones falsas o camuflen propaganda de apoyo a una candidatura como si se tratara de un movimiento espontáneo, utilicen etiquetas que son trending topic para colocar mensajes para alcanzar notoriedad, utilicen bots para emitir mensajes tóxicos para polarizar la conversación digital y para condicionar la opinión pública. Pensemos en casos como posiblemente tsunami Democràtic.

Es innegable que nos encontramos inmersos en un cambio en las preferencias mediáticas de la opinión pública en cuanto a la política se refiere, en los que los medios de comunicación tradicionales y sus fuentes de distribución están perdiendo peso en las audiencias y aparecen los nuevos entornos y espacios de acceso a la información política a través de internet y las aplicaciones móviles, entre ellas las redes sociales que están perdiendo algo de importancia tras los escándalos comentados y la polarización que se ha producido en torno a situaciones como la del "Process" y que van siendo sustituidas o complementadas con app de mensajería instantánea que pueden lograr algo más de anonimato. Esta realidad se encuentra maximizada por la desaparición del ecosistema mediático de medios de información locales fiables que contrarresten las noticias falsas lo que provoca que la desinformación se tome por cierta y se haga viral y sin control alguno. La galopante difusión de desinformación obstaculiza la toma de decisiones responsables. La posibilidad de que los líderes políticos exploten de forma negativa el poder de las las nuevas formas de comunicación política ya es patente.

Ante la nueva realidad política, hemos de enfrentarnos con marcos regulatorios obsoletos que no atienden a la naturaleza de internet como canal de información, que en ningún caso es medio de comunicación a los efectos oportunos. Una regulación relativa a la libertad de expresión donde  se reconoce a toda persona la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber inherencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras que deja abierta la puerta a las noticias falsas y a las fake news en aras de proteger la pluralidad de la opinión pública pero que deja indefensa a ésta,  ante la manipulación de su libertad de decidir o elegir, ante la gran dificultad de identificar estas últimas y la inexistencia de controles en el origen de la información de los canales, aunque podría plantearse la necesidad y proporcionalidad de limitar la libertad de expresión en defensa de un interés mayor como sería la libertad y el derecho de acceso a información verdadera o real para obligar a cierta filtración y control de la información que se publica en relación a la libertad de expresión por parte de los partidos políticos. 

Por último, la regulación de una libertad de información desnaturalizada bajo el mensaje de sus recortes por la  manipulación informativa,  hace imprescindible revisar y avanzar en el control de la veracidad a través de códigos de conducta u otras opciones y de  una regulación de la libertad de expresión e información a la nueva realidad tecnológica y social-política,  que atienda a las peculiaridades de que, las libertades fundamentales de expresión e información, aunque a veces se mezclen y en ocasiones resultan difíciles de separar, tienen diferente ámbito de protección. Básicamente, porque la libertad de expresión se refiere a la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, ideas, pensamientos y opiniones, e incluso comprende la crítica de la conducta. En cambio, la libertad de información hace referencia a la narración de hechos susceptibles de prueba o comprobación, o de contraste con datos objetivos. La libertad de expresión tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información, porque si ambas exigen como presupuestos la existencia de un interés público o general y la ausencia de frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y por tanto innecesarias al propósito perseguido, la libertad de información exige además la veracidad de los hechos imputados. Y este es el talón de Aquiles del ecosistema, que requiere un amplio y detallista cambio normativo para no depender de la arbitrariedad de los operadores, ya sea Facebook o Twitter. Y no precisamente a través de un decretazo.

 


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