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El Gobierno desobedece al Consejo de Transparencia y oculta quién forma parte de la Comisión de Propiedad Intelectual que propone el cierre de webs gracias a la Ley Sinde


El Gobierno ha incumplido una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le instaba a entregar a Maldita.es el listado con las personas que han formado y forman parte de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, organismo dependiente del Ministerio de Cultura. Medio año después de la resolución, el Gobierno ni ha entregado la lista de nombres ni ha recurrido ante los tribunales la decisión del Consejo, que, por lo tanto, ya es firme.





maldita.es -

La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual se encarga de salvaguardar “los derechos de propiedad intelectual”, según define la Ley de Economía Sostenible. Esto se traduce en que esta sección puede solicitar la retirada de contenidos de páginas web o incluso el cierre de estas si sus publicaciones infringen los derechos de propiedad intelectual, una de las medidas más polémicas y que creo más oposición a esta normativa, más conocida como Ley Sinde y después como Ley Sinde-Wert.

La Comisión de Propiedad Intelectual se pusó en marcha en marzo de 2012 con la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible. Este organismo colegiado se forma de una Sección Primera y una Sección Segunda y tiene las funciones de mediar, arbitrar y salvaguardar los derechos de propiedad intelectual. La Sección Segunda, eso sí, sólo actúa ante la queja o la solicitud de un afectado o un interesado en el asunto. No puede actuar por propia iniciativa.

Esta sección está presidida por el ministro de Cultura y Deporte, ahora José Guirao, y formada por dos vocales de este mismo departamento, otros dos del Ministerio de Economía y Empresa, uno del Ministerio de Justicia y otro del de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Todos ellos son empleados públicos que, además, pertenecen “a grupos o categorías para los que se exija titulación superior” y que deben reunir “conocimientos específicos acreditados en materia de propiedad intelectual” [art. 193].

El Ministerio de Cultura no permite a los ciudadanos saber quiénes son esas seis personas que acompañan al ministro Guirao en la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ni los suplentes de estos ni sus antecesores. Por lo tanto, no se puede saber quiénes deciden sobre el cierre de webs como con el sitio de descargas grandtorrent.com. Al no saber quienes son tampoco se puede acreditar que realmente estas personas tengan “conocimientos específicos acreditados en materia de propiedad intelectual” tal y como les exige la ley.

La excepción, eso sí, fue en 2013, cuando el periodista Pablo Romero consiguió saber quién formaba parte en aquel momento de la Sección Segunda, incluyendo los miembros titulares y los suplentes tal y como publicó en El Mundo. Después, no se ha vuelto a conocer quién ha ido formado parte de la también conocida como ‘Comisión Sinde’.

La decisión del ministerio de ocultar esta información, además, viene de lejos. El abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual David Bravo, que fue diputado de Podemos en el Congreso, ya en 2012 denunció en eldiario.es que le prohibían revelar el listado de miembros bajo pena de multa.

El Gobierno debería haber entregado el listado de miembros de la Sección Segunda hace más de medio año

Hace más de medio año que el departamento de Guirao debería haber facilitado a Maldita.es el listado histórico y actual de miembros de la Sección Segunda, debido a la resolución del Consejo de Transparencia, pero aún hoy sigue sin cumplir con lo que resolvió el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Además, el Ministerio de Cultura tampoco ha recurrido la resolución ante los tribunales, una vez pasado el plazo de dos meses para ello. El incumplimiento del Gobierno se suma a la lista de más de 100 resoluciones del Consejo ignoradas por el Ejecutivo. En la mitad de las ocasiones las decisiones del CTBG acaban siendo ignoradas, tal y como publicó El País.

El Gobierno en esta ocasión, además, había denegado entregar la información a Maldita.es al entender que era necesario para “salvaguardar el correcto desarrollo” de las funciones de la Sección Segunda y defender la prevención, investigación y sanción de incumplimientos de la ley, uno de los límites que recoge la Ley de Transparencia.

El Consejo de Transparencia señaló en su resolución posterior, tras la reclamación de Maldita.es, que “la Administración se limita a invocar diversos límites al acceso sin argumentar mínimamente por qué resultan de aplicación a su juicio” y sobre el límite de la prevención de incumplimientos de la ley resolvió que “no percibe” que conocer ese listado de miembros de la Sección Segunda “entorpezca, ni obstaculice ni dificulte esa labor de prevención, investigación o sanción”.

El Consejo dio la razón a Maldita.es en su reclamación al entender que lo que este medio solicitaba tenía un “interés público legitimado y que “el conocimiento de la identidad” de los miembros de la Sección Segunda “es esencial para garantizar su idoneidad y, por lo tanto, la garantía del trabajo que desempeñan”.

Los problemas de la Ley de Transparencia

A pesar de la resolución favorable del Consejo, el Gobierno puede seguir ocultando quien forma parte de la Sección Segunda de la comisión debido a los problemas que aún comporta la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que entró en vigor en diciembre de 2014.

El Consejo de Transparencia, casi cinco años después de la entrada en vigor de la ley, sigue sin contar con capacidad sancionadora y sus resoluciones no son de obligado cumplimiento para la Administración.



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