Jornada 25 Aniversario Asociacion de Internautas


¿Debería haber una red social pública?


Gente mirando sus redes sociales en moviles

Ante los problemas de los social media, una red social pública parece una solución. Financiada por los Gobiernos, serviría para dar servicio ciudadano. Sin embargo, la idea no es perfecta y está llena de sombras. Porque ¿qué harían los poderes públicos con todos nuestros datos?





Ángela Sepúlveda - Ethic -

La llegada de Elon Musk a Twitter nunca clarificó tanto a los usuarios que las normas de las redes sociales pueden llegar a ser arbitrarias y a veces improvisadas. Para ejemplo, un botón: Musk anunció que tener la insignia de verificación azul de Twitter iba a costar 20 dólares. El escritor Stephen King se quejó y Musk le propuso dejarlo a 8 dólares. Ese es hoy su precio oficial.

Los problemas a los que hoy día se enfrenta esta red social son conocidos: cuentas bloqueadas, acusaciones de censura o la difusión de fake news sin control. Problemas que también existen en Facebook o TikTok, a los que hay que sumar la preocupación por la privacidad: los usuarios ceden sus datos a empresas privadas de EEUU y China que hacen negocio con cada detalle que recogen. Y en este contexto, algunos se han planteado si tiene sentido crear una red social pública, controlada por el Gobierno, para proteger a los usuarios.

No es una sugerencia al aire o algo que hayan lanzado usuarios anónimos. También lo ha hecho Mark Coatney, antiguo director de Tumblr, una plataforma de microblogging que nació hace 14 años. En un artículo de opinión publicado en 2019 en The New York Times, Coatney apostaba por una red financiada a través de subvenciones del Gobierno y donaciones. Sugería prohibir tanto las cuentas de marca u otras organizaciones como el anonimato: los usuarios deberían registrarse con un documento oficial, aunque luego aparecieran con un seudónimo. El objetivo sería una red social alejada del interés comercial actual, es decir, recopilar el máximo número de datos de una persona para venderlos. "Los medios públicos sin ánimo de lucro son la respuesta", declaraba en el texto Coatney.

"Me daría más miedo que la red social fuera pública", opina Elena Gil, cofundadora de Tech and Law y experta en privacidad. Para Gil, que los datos de los usuarios estén en manos de los Gobiernos "no necesariamente nos da más garantías que si están en una empresa privada". La experta explica que "las autoridades tienen capacidad de legislar y darse a sí mismo marcos para fines que no estaban previstos al inicio y estirar los motivos de seguridad nacional, por ejemplo".

La opinión de Ofelia Tejerina, abogada y presidenta de la Asociación de Internautas, está en la misma línea. Rechaza que una red pública sea la solución a los actuales problemas de bulos y privacidad: "Las empresas privadas están sometidas a la ley, al control por las instituciones públicas, eso quiere decir que tienen que hacer auditorías, ser transparentes… Rendir cuentas, al fin y al cabo, pero, si fuera una red pública, ¿quién controla al controlador?".

Las redes sociales pueden ser un arma poderosa para la movilización y organización. Lo sabe China, donde están prohibidas Twitter, Facebook o YouTube. Allí el gobierno controla de manera férrea las redes creadas por y para el país, bloqueando contenido que pueda ir contra el Ejecutivo e incluso palabras como Winnie the Pooh, por el parecido con su actual presidente.

Las redes sociales fueron un canal para la movilización en la Primavera Árabe e Irán limitó el acceso a WhatsApp e Instagram en las protestas por la muerte de una joven que fue detenida por llevar mal puesto el velo. "Instagram y WhatsApp estuvieron involucradas en la difusión de material incendiario y en poner en peligro nuestra seguridad nacional como parte de las operaciones de conspiración de nuestros enemigos", llegó a afirmar el viceministro del Interior.

Restringir su acceso es una opción de los Gobiernos, pero tener el control de las redes sociales para impulsar cambios es otra tentación de los países. En 2014, una investigación de la agencia de noticias Associated Press desveló que EEUU se gastó millones de dólares en crear una red social destinada a provocar un cambio político en Cuba. La administración Obama financió el proyecto ZunZuneo, el llamado Twitter cubano, que llegó a tener 40.000 suscriptores. Estuvo activa entre 2009 y 2012. Para ocultar sus vínculos con Washington, crearon empresas pantalla en España y cuentas en un banco de las Islas Caimán. ¿El objetivo? Atraer a jóvenes con el propósito de propiciar lo que se denominó una "primavera cubana", similar a las manifestaciones de Oriente Medio.
¿Un mercado saturado?

El exdirector de Tumblr apuntaba en su artículo en The New York Times que no hay impedimento en crear una red social nueva en un entorno en el que Twitter y TikTok siguen siendo los reyes. En su opinión, en 2019 seguía habiendo espacio para una nueva plataforma y ponía como ejemplo el crecimiento de Mastodon, creada en 2016. Esta red fue conocida por primera vez por algunos usuarios el año pasado, cuando la llegada de Musk a Twitter y el despido de más de 3.000 personas hizo presagiar el cierre de esta red social. Parecía su nueva competencia, pero de momento no ha llegado a hacerle sombra.
Sin embargo, el experto en redes sociales Carlos Fernández discrepa de esta idea de que aún hay espacio para una red más. Fernández fue el community manager de la cuenta de Twitter de la Policía Nacional hasta 2015 -su gestión de @Policia le ha valido varios reconocimientos- y actualmente es director digital y social media en Iberdrola. En su opinión, es complicado obligar a los usuarios a usar o trasladarse de la todopoderosa Twitter a una nueva plataforma bajo la supervisión del Gobierno. Y recuerda que si "no hay audiencia, no hay influencia".

"Nadie ha encontrado un canal de portavocía tan potente y tan inmediato como es Twitter. No tanto para las marcas ni para los usuarios, sino para los partidos y las organizaciones". Su apuesta ante los problemas actuales de privacidad y fake news es más regulación. Fernández apunta a "un código deontológico" que genere una conversación amigable, segura y de respeto.

Esa idea de más control y regulación es por lo que apuestan tanto Elena Gil como Ofelia Tejerina: reforzar las normas para proteger a los usuarios frente a los posibles abusos de las empresas privadas. "El problema es que los Gobiernos no dotan al poder judicial de recursos para acometer todas las tareas que está trayendo el mundo digital", apunta la presidenta de la Asociación de Internautas. "Dotarles de herramientas permitiría a las redes sociales privadas ser seguras y libres", señala.

Por su parte, Gil recuerda que los usuarios de Europa están protegidos gracias a sus leyes. La UE tiene "mucho liderazgo regulatorio, se toma como referencia. La norma de protección de datos de California (EEUU), por ejemplo, es muy similar a la europea". La cofundadora de Tech and Law recuerda, además, que el país de procedencia de Facebook, Twitter o TikTok no debe ser una preocupación para los usuarios. Las empresas que operen en Europa "tienen que cumplir la normativa europea", tal y como estableció en el Reglamento general de protección de datos de la UE de 2018.


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