Archivado en Noticias, Mundo Internauta

AOC: ¿El Ave Fénix o los Ojos del Guadiana?


La AOC (Administració Oberta de Catalunya) cabalga de nuevo, según algunos indicios; después de una presentación espectacular al más puro estilo electoral americano, en un año de lánguida existencia apenas resurgió en anuncios televisivos de los canales autonómicos catalanes en momentos electoralmente estratégicos.





Ahora llevan un mes o dos realizando una campaña informativa entre los funcionarios de la Generalitat, campaña destinada a exponer unos logros más bien modestos y unos proyectos muy ambiciosos, incluso a corto plazo.

Empecemos con las cifras: en una comunidad internauta fijada , aproximadamente, en 70.000 personas, estas son las que ofrecen portavoces de la AOC:

23.690 altas de usuario en el portal CAT365 repartidas de la siguiente manera:

· 19.176 por Internet

· 2.110 por teléfono

· 2.404 presencialmente

Aunque el número de internautas catalanes no es para dar saltos de alegría (es sólo muy ligeramente más alto que el de la media española), nos parece que 70.000 internautas, en una población que supera los 6.000.000 de personas es muy poco, apenas pasaría del 1,2 por 100. Pero no queremos discutir cifras, sino simplemente comentar, a bote pronto, que cabe hacer la diferencia entre “usuarios registrados” y “usuarios efectivos”.

Y si no, veamos estas otras cifras ofrecidas asimismo por Victoria Bergaz, de la Direcció General de Planificació Operativa del Departament de Presidencia en el curso de una presentación para funcionarios celebrada el pasado miércoles 2 de julio:

135.509 servicios solicitados durante el año, de los cuales...

· 16.571 por Internet

· 100.455 presencialmente

· 18.483 por teléfono.

Pero hay que matizar que si bien las llamadas telefónicas y las solicitudes por Internet se gestionan a través de CAT365, las solicitudes presénciales se dan en el ámbito de los servicios e instalaciones comunes y tradicionales de la Administración de la Generalitat.

Salta a la vista, en todo caso, que el número de solicitudes de servicios en este primer año está por debajo del número de altas de usuario y de ahí lo que decíamos más arriba, en el sentido de que una cosa son los usuarios registrados y otra muy distinta los reales. Hay que tener en cuenta que entre los usuarios registrados hay una incierta proporción de las siguientes tipologías:

· Cumplimentadores compulsivos de formularios

· Funcionarios interesados profesionalmente en el fenómeno AOC

· Intermediarios profesionales

El primer grupo es muy difícil de cuantificar. Sabemos que existe, pero no podemos saber si son dos, doscientos o dos mil. También son difíciles de cuantificar los otros dos grupos, pero no es difícil adivinar en cada uno de ellos un número significativo; por un lado, un proyecto como la AOC que, además,, hasta este mismo momento ha sido poco y mal explicado a los profesionales de la Administración pública, necesariamente tenía que despertar curiosidad e interés entre estos, y alguna fuente sindical ha confirmado este extremo; por otro lado, es evidente que, pese a la actual parquedad de servicios que presta CAT365, el proyecto no puede dejar de tener interés para los profesionales del ámbito privado. Esto último requiere una cierta explicación porque puede ser, en cierta forma, un a modo de coeficiente corrector de las cifras porque cuanto mayor sea el número de intermediarios profesionales que operen en CAT365 más adelgaza el número de ciudadanos que han requerido servicios por sí mismos a través de esta vía.

Josep Lluís Rodríguez, ponente también de la sesión citada y perteneciente asimismo a la Direcció General de Planificació Operativa, explicaba que la Agencia Tributaria se habría ufanado de los más de dos millones de declaraciones IRPF del ejercicio de 2002 pero que, interrogada específicamente al respecto, habría acabado por “confesar” que sólo 300.000 de esas declaraciones pertenecían directamente a particulares; el resto, nada menos que 1.700.000, procedían -como es en cierto modo lógico- de intermediarios (gestores administrativos, asesores fiscales, etc.). A la misma conclusión cabe llegar sobre la operatividad de CAT365 y ello sin menoscabo de valorar positivamente la existencia de estos intermediarios entre los cuales cabe incluir, además de los citados, a entidades como los colegios profesionales que, conviene no olvidarlo, tienen personalidad jurídica administrativa, es decir, también son administración pública.

Conclusión final casi axiomática y que afecta a la AOC como proyecto administrativo más concreto, pero que es extrapolable a otros muchos servicios telemáticos de las distintas administraciones públicas: la inmensa mayoría de los ciudadanos desconoce la existencia de estos recursos; la inmensa mayoría de los ciudadanos que conoce la existencia de estos recursos, no puede acceder a ellos por causa de la brecha digital; la inmensa mayoría de ciudadanos que, conocedora de estos recursos, no se ve afectada por la brecha digital, se inhibe de su uso. Más adelante veremos el motivo.

Apuntemos que esta conclusión no es una crítica directa a la AOC más que en la medida en que es partícipe de una situación extensiva a todas las instancias del Estado.

En lo que respecta al interés ciudadano hay una última nota que afloró en la sesión que comentamos y que debemos calificar, cuando menos, de alarmante. Durante la exposición de Josep Lluís Rodríguez se habló de certificados digitales, en el sentido de que en el ámbito AOC-CAT365, las certificaciones documentales estarían a cargo de la Agencia Catalana de Certificació (CertCat) pero que en lo referente a la firma digital del ciudadano, probablemente habría que recurrir a una... ¡empresa privada! La razón: la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, entidad pública expendedora de certificados digitales dependiente de la Administración del Estado, de la que es organismo autónomo, exige un pago de quinientos mil euros anuales para que la Generalitat tenga acceso a la lista de revocaciones, acceso imprescindible, como sabemos, para la operativa de la firma digital. Pretensión tanto más sorprendente, por parte de la FNMT, en cuanto que a otras administraciones (como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona) no se les ha exigido el pago por tal acceso.

Por tanto, y hasta que no esté en marcha el DNI digital, que solucionará este problema (aunque estar por ver cuántos más creará) podría darse la circunstancia (que seguramente se dará) de que los ciudadanos de Catalunya poseedores de un certificado FNMT clase 2CA, que debería ser suficiente para usarse en todas las administraciones públicas españolas, habrán de obtener una certificación específica procedente de una empresa privada para acceder a las administraciones públicas de su comunidad autónoma (y lo decimos en plural porque no debemos olvidar que en el proyecto AOC también están los ayuntamientos catalanes integrados en Localret, aunque eso lo matizaremos también más adelante un poco).

Insistimos: alarmante e indignante.

Siguen los problemas básicos

No se han resuelto, sin embargo los problemas que lastraron el nacimiento de CAT365. El ninguneo al que las empresas que engendraron el invento sometieron a los profesionales de base de la administración ha dado como resultado una más que evidente indiferencia hacia CAT365 por parte del funcionariado, indiferencia que cabe añadir a la imperceptibilidad e inexistencia de la gestión de CAT365 en la mayoría de las unidades administrativas de la Generalitat.

Las relaciones entre la Generalitat y su socio, el consorcio municipal Localret son malas y no están exentas de tensiones debido al supuesto uso partidista que CiU podría haber hecho de CAT365. En las semanas previas a la campaña electoral de las elecciones municipales, pudo observarse que en los anuncios televisivos de CAT365 no aparecía el logotipo de Localret, por expresa prohibición del consorcio, según manifestó uno de sus portavoces en una jornada sobre administración digital promovida por el Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona) y celebrada a mediados del mes de marzo de este año.

Por otro lado, CAT365 sigue ignorando al usuario que, conviene no olvidarlo, en este caso es el ciudadano, y el portal sigue siendo impracticable para los ciudadanos que no utilicen el navegador de Microsoft o de Nestcape, sentando el alucinante principio de que para interactuar con la administración pública hay que ser forzosa y previamente cliente de una de dos empresas privadas. En septiembre de 2002 se celebraron distintas reuniones entre ejecutivos de CAT365 y representantes de la Asociación de Internautas, de HispaLinux y de Softcatalà; en todos los casos, estos representantes de distintos ámbitos de la sociedad civil insistieron en que el respeto a los estándares del Word Wide Web Consortium era tarea prioritaria, urgente e irrenunciable; los gestores de CAT365 arguyeron dificultades técnicas dudosas y se apoyaron en un argumento insostenible en una administración pública: que no se puede satisfacer a todos y que hay que trabajar por la mayoría, un argumento que, proyectado, por ejemplo, al ámbito de la fiscalidad, sería sin duda rechazado por la Agencia Tributaria. La conclusión a la que llegaron entonces las tres entidades fue que los gestores de CAT365 querían otra cosa que pedir árnica y acallar las críticas que nacían incesantemente desde la sociedad civil con muy vagas promesas de no se sabe muy bien qué.

Como en tantas ocasiones, un proyecto que en su enunciado inicial sentaba un precedente de modernidad y avance tecnológico sentando las bases de la estructuración de una administración moderna, eficaz y enteramente al servicio de la sociedad y del ciudadano, se ha acabado convirtiendo en una fuente de beneficios para una maraña de empresas, en un escaparate político y electoral y en una máquina enorme y pesada completamente alejada de las necesidades y de las aspiraciones de los ciudadanos.

Habrá que esperar tiempos mejores... si cabe tal cosa.

Asociación de Internautas

pdfprintpmail