Cuatro altos directivos del banco declararon hoy como imputados por una denuncia que presentó un empleado, Gregorio Giménez, que fue despedido en diciembre de 1999 de la sucursal del Deutsche Bank en Barcelona, donde trabajaba desde 1971, por utilizar el correo electrónico del trabajo para fines personales.
Fuentes judiciales presentes en la declaración explicaron que uno de los cuatro imputados, el director de Seguridad Lógica del banco, Albert Faulín, reconoció hoy que recibió "una orden" para imprimir la correspondencia del denunciante.
Según las fuentes citadas, el banco sostiene que "está en su derecho" de intervenir el correo de sus empleados porque "es una herramienta de la empresa".
"SEGUN QUIEN LO PIDA"
Faulín afirmó, según fuentes presentes en la declaración, que "existe una clave personal para proteger la información y proteger a cada empleado" y señaló que los buzones de correo electrónico de los trabajadores "residen en el servidor del banco" y "según quien lo pida, se pueden imprimir todos los correos electrónicos", según señalaron fuentes judiciales.
Los otros tres imputados que declararon hoy ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, Eugenia Canal, son el vicepresidente y consejero delegado de Deustsche Bank en España y responsable del sur de Europa, Juan Carlos Garay, el subdirector de Recursos Humanos, Juan Cruz, y el director de Relaciones Laborales, José Antonio Soler, que, según fuentes judiciales, reconoció que dio la orden de interceptar el correo electrónico del empleado, pero que antes de darla consultó a un superior.
Según las fuentes citadas, tanto el vicepresidente y consejero delegado del banco en España y el ex director de Recursos Humanos explicaron que no sabían que era lo que había sucedido con el empleado.
Gregorio Giménez, sindicalista del banco, fue despedido el 1 de diciembre de 1999 después de que la dirección del banco le hubiera imprimido los 140 mensajes que había enviado en dos meses a 289 receptores. "Cinco días antes de despedirme me dijeron que me fuera a casa porque según me explicaron había habido una cosa rara en mi correo", explicó hoy, quien señaló en declaraciones a Europa Press que ha acudido al juzgado para darse "una pequeña satisfacción", después de lo que "ha sufrido", añadió.
Giménez, que era técnico de nivel 6 y trabajaba en el departamento de cartera española cuando fue despedido, llevaba desde 1971 trabajando en Deutsch Bank "sin ningún problema". "Cuando me despidieron ya les dije que no podían entrar en mi correo", afirmó el denunciante, quien explicó que había que "introducir tres claves para acceder al correo".
El abogado del empleado, Carlos Sánchez, explicó que "el banco asegura que el correo es una herramienta que es de su propiedad" y señaló que "ni la policía puede intervenir la correspondencia electrónica sin una orden". "Las herramientas sí son suyas, pero no las personas ni los derechos fundamentales", añadió.
Según el abogado, el banco permitía el uso del correo electrónico para fines personales ya que, según el letrado, existía una revista de Deutsche Bank en la que se daban direcciones electrónicas de empleados para compra venta de artículos. Según Carlos Sánchez, el empleado fue despedido por "ser sindicalista y por estar enfrentado con la dirección".
El trabajador despedido interpuso inicialmente una demanda por despido improcedente, pero primero el Juzgado de lo Social número 17 de Barcelona y después el Tribunal Superior de Justicia de Cartalunya (TSJC) consideraron procedente el despido. El demandante ya ha recurrido al Tribunal Supremo.
Giménez, que presentó después de la decisión del TSJC, una denuncia por la vía penal, asegura que el contenido de los mensajes "era normal". "Lo que se envía todo el mundo", añadió. El Alto Tribunal catalán consideró "ofensivo y sexista" el contenido de los mensajes.
Reproducido de Europa Press
Fuentes judiciales presentes en la declaración explicaron que uno de los cuatro imputados, el director de Seguridad Lógica del banco, Albert Faulín, reconoció hoy que recibió "una orden" para imprimir la correspondencia del denunciante.
Según las fuentes citadas, el banco sostiene que "está en su derecho" de intervenir el correo de sus empleados porque "es una herramienta de la empresa".
"SEGUN QUIEN LO PIDA"
Faulín afirmó, según fuentes presentes en la declaración, que "existe una clave personal para proteger la información y proteger a cada empleado" y señaló que los buzones de correo electrónico de los trabajadores "residen en el servidor del banco" y "según quien lo pida, se pueden imprimir todos los correos electrónicos", según señalaron fuentes judiciales.
Los otros tres imputados que declararon hoy ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, Eugenia Canal, son el vicepresidente y consejero delegado de Deustsche Bank en España y responsable del sur de Europa, Juan Carlos Garay, el subdirector de Recursos Humanos, Juan Cruz, y el director de Relaciones Laborales, José Antonio Soler, que, según fuentes judiciales, reconoció que dio la orden de interceptar el correo electrónico del empleado, pero que antes de darla consultó a un superior.
Según las fuentes citadas, tanto el vicepresidente y consejero delegado del banco en España y el ex director de Recursos Humanos explicaron que no sabían que era lo que había sucedido con el empleado.
Gregorio Giménez, sindicalista del banco, fue despedido el 1 de diciembre de 1999 después de que la dirección del banco le hubiera imprimido los 140 mensajes que había enviado en dos meses a 289 receptores. "Cinco días antes de despedirme me dijeron que me fuera a casa porque según me explicaron había habido una cosa rara en mi correo", explicó hoy, quien señaló en declaraciones a Europa Press que ha acudido al juzgado para darse "una pequeña satisfacción", después de lo que "ha sufrido", añadió.
Giménez, que era técnico de nivel 6 y trabajaba en el departamento de cartera española cuando fue despedido, llevaba desde 1971 trabajando en Deutsch Bank "sin ningún problema". "Cuando me despidieron ya les dije que no podían entrar en mi correo", afirmó el denunciante, quien explicó que había que "introducir tres claves para acceder al correo".
El abogado del empleado, Carlos Sánchez, explicó que "el banco asegura que el correo es una herramienta que es de su propiedad" y señaló que "ni la policía puede intervenir la correspondencia electrónica sin una orden". "Las herramientas sí son suyas, pero no las personas ni los derechos fundamentales", añadió.
Según el abogado, el banco permitía el uso del correo electrónico para fines personales ya que, según el letrado, existía una revista de Deutsche Bank en la que se daban direcciones electrónicas de empleados para compra venta de artículos. Según Carlos Sánchez, el empleado fue despedido por "ser sindicalista y por estar enfrentado con la dirección".
El trabajador despedido interpuso inicialmente una demanda por despido improcedente, pero primero el Juzgado de lo Social número 17 de Barcelona y después el Tribunal Superior de Justicia de Cartalunya (TSJC) consideraron procedente el despido. El demandante ya ha recurrido al Tribunal Supremo.
Giménez, que presentó después de la decisión del TSJC, una denuncia por la vía penal, asegura que el contenido de los mensajes "era normal". "Lo que se envía todo el mundo", añadió. El Alto Tribunal catalán consideró "ofensivo y sexista" el contenido de los mensajes.
Reproducido de Europa Press
