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Donde dije "ilegal", digo "comercial"


El Gobierno modifica la ley de Internet para permitir que las empresas envíen 'e-mail' a sus clientes





P. F. DE L. NEGOCIOS/ EL PAÍS .-- "Nuestras normas no tienen que copiar directamente la directiva, podemos ir más allá como Estado soberano (...). La norma sobre correo electrónico se puede interpretar sin que choque con la ley". Leopoldo González-Echenique, antiguo director general de Sociedad de la Información, defendía en una entrevista -realizada el pasado diciembre en Ciberpaís- la validez de uno de los artículos más polémicos de la ley de Internet (LSSI), que fue aprobada hace algo más de un año. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que entonces dirigía Anna Birulés, defendía, de hecho, esta norma, como una de las más garantistas de Europa.

Y es que el artículo 21 de la LSSI era importante. Prohibía el envío de comunicaciones comerciales "no solicitadas" a través del correo electrónico, es decir, impedía a las empresas enviar e-mails a sus clientes sin su autorización. Las asociaciones españolas de comercio electrónico, AECE y Atiendes, fueron muy críticas con el texto, ya que consideraban que el Gobierno español había ido más allá de la directiva comunitaria que traspone: ésta sólo indica que, si las empresas utilizan el correo de sus clientes para enviarles publicidad, deben asegurarse de consultar las listas donde se apuntan las personas que no quieren recibir anuncios de ningún tipo -las llamadas listas robinson-. El correo, decían las asociaciones, es un medio lícito para que las empresas se pongan en contacto con sus clientes y les informen de sus ofertas. El Gobierno, por su parte, defendía la norma y aseguraba que serviría para luchar contra la plaga del correo electrónico no solicitado, el llamado spam.

Y es que la invasión de correos basura es ya uno de los problemas más graves de Internet en todo el mundo. Se calcula que, actualmente, más de la mitad de los correos electrónicos que circulan por la Red contiene publicidad no deseada ("pierda peso", "cancele su hipoteca", "alargue su pene"), lo que cuesta a las empresas y particulares mucho tiempo y dinero. El Senado estadounidense, en una votación histórica, ha aprobado esta semana por unanimidad una ley que declara ilegal el spam y prevé multas de cárcel de hasta cinco años para quien lo envíe.

El problema principal es, precisamente, localizar a quienes lo hacen. En el caso español, asociaciones de internautas y tiendas electrónicas coincidían en que la dureza de la LSSI no iba a acabar con el correo basura, ya que el 75% de los mensajes se emiten desde países fuera de la Unión Europea, según datos de la Asociación de Internautas.

En todo caso, y en cumplimiento estricto del artículo 21, las tiendas españolas se han pasado un año enviando correos a sus clientes para pedirles que confirmaran su interés por recibir comunicaciones comerciales. "La ley antispam provocó una oleada de spam", resume un abogado español.

Pero el Gobierno ha dado marcha atrás. En la Ley General de Telecomunicaciones, que se aprobó en el Congreso el pasado día 16, el Gobierno añade un punto al artículo 21 de la LSSI, que recoge, en buena parte, las quejas de las asociaciones. El nuevo texto dice: "Lo dispuesto en el apartado anterior [prohibición del envío de correos comerciales] no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa". Es decir, el envío de publicidad, que antes necesitaba una aprobación del cliente -independiente de la contratación- ahora se considera ligada a la compra. El ministerio reconoce que ha modificado la ley para "adaptarla a la directiva".