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"El Gobierno se inhibe de regular el mercado digital"


El presidente de la Asociación de Internautas reclama controles de calidad





T. D. CIBERPAÍS - 27-11-2003

La Asociación de Internautas nació en 1998 con una reivindicación clara: la tarifa plana para Internet. A diferencia de otros grupos que surgen movilizados por un conflicto concreto y luego se diluyen, se cansan, la AI sigue viva. Tiene 1.700 socios y su presidente es Víctor Domingo.

"La AI nació como una organización reivindicativa. Y lo seguimos siendo. Estuvimos en la lucha por la tarifa plana, y ahora batallamos para evitar las patentes europeas del software, el acoso al correo personal en las empresas o contra el canon en los CD. Pero, a partir de 2000, también hacemos campañas en positivo. Colaboramos en la de seguridad informática y nuestra postura en el debate de la LSSI, incomprendida por algunos que ahora se amparan en la ley, fue la de negociar con el Gobierno. La ley iba a salir y nuestro objetivo es que saliera en las mejores condiciones. Es la única ley en la que el Gobierno ha dado voz a los internautas".

A la AI le preocupa la inhibición del Gobierno en la regulación del mercado digital y de las comunicaciones. "No hay ninguna ley, salvo para la red básica de telefonía, que exija un mínimo de calidad en los servicios. Nos preocupa que el Gobierno no regule qué tipo de servicios deben ofrecer las operadoras, con qué precios y calidades. Ahora surge, por ejemplo, el PLC y no tenemos datos sobre el tipo de servicio. El Gobierno debería regular el desarrollo del mercado. El PLC, con su oferta de Internet a través de la red eléctrica, se presenta como un servicio que puede ayudar al acceso universal a Internet, pero las compañías no empiezan instalándolo en zonas rurales, sino en centros urbanos altamente equipados".

La disputa del canon

La AI fue la que dio publicidad al acuerdo entre Asimelec, la patronal de empresas de electrónica y comunicaciones y seis entidades de gestión para cobrar un canon a los CD vírgenes en compensación por el derecho de copia privada. Hace un par de semanas, en este suplemento, el presidente de la SGAE, Eduardo Bautista, una de las sociedades gestoras firmantes del acuerdo, se quejaba de que cualquier "pendejo electrónico" está construyendo la democracia digital.

Domingo cree que Bautista aludía "a todo el movimiento anticanon, del software libre, a la AI... y a los grupos espontáneos que han surgido en contra del citado canon. Creo que esperaban, como ha sucedido en otros países, que la protesta durara dos meses y luego se olvidara todo. Y no es así. Nuestro argumento es muy claro. No entramos en el acuerdo entre Asimelec y las sociedades de gestión. Lo que ponemos de manifiesto es la contradicción entre el derecho de obtener una copia privada y que la SGAE no batalle contra la implantación de sistemas anticopia en los CD musicales. El problema del canon es que se cobra a todos los usuarios de CD, aunque no lo destinen a copiar una obra musical y que, además, las discográficas implanten sistemas contra la copia privada. La diferencia entre Europa y Estados Unidos es que allí no está reconocida la copia privada y aquí sí. Es paradójico que unas sociedades privadas impongan un precio y lo recauden sin que el Gobierno intervenga".

Domingo insiste en que los precios de las telecomunicaciones son excesivos. Ahora pelea por un ADSL más barato.

"Si Telefónica cobra 22 euros a las otras operadoras que subcontratan la línea de acceso al hogar y eso es, suponemos, lo que vale, ¿por qué en el mercado hay tarifas a 39 euros más IVA? Que teníamos razón cuando decíamos que el ADSL puede ser más barato lo demuestra que ya empiezan ofertas rebajadas". ¿Cree de verdad que el precio es un obstáculo al desarrollo de la ADSL porque está creciendo? "El precio no es el único obstáculo. También los hay culturales como demuestra que hay empresas cotizando en Bolsa que carecen de sitio en Internet cuando están obligadas a ello".

Otra preocupación de la AI son los planes de fomento del Gobierno. "Coincidimos con Sedisi en la crítica a España.es. Además de sus deficiencias, es un proyecto que el 80% debe subvencionarlo el sector privado y las comunidades autónomas, que no han sido consultados".


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