El Gobierno en Internet, "en construcción"


Las 'webs' de los ministerios reflejan la falta de un compromiso global de transparencia informativa por parte de la Administración





EL PAÍS | España - 08-03-2004 La Administración española en línea está, parafraseando el aviso de las webs inacabadas, "en construcción". Se mejora en los trámites, pero apenas se corrigen los déficits de información y del uso propagandístico de los sitios ministeriales. La información al ciudadano que ofrecen los sitios de los ministerios en Internet es desigual. Hay abundancia de datos, pero la mayoría se acerca a la actualidad con el único punto de vista de la propia administración. La transparencia en Internet del Gobierno no es mayor que en otros canales.

Mientras Moncloa o Exteriores, a través de la Oficina de Información Diplomática, cuelgan un elaborado resumen propio de prensa diario, la mayoría de ministerios sólo comunican sus propios mensajes. En una ocasión, Educación incluyó una referencia informativa ajena. Fue durante el trámite de la Ley de Calidad de la Educación: publicó una entrevista con la ministra de una publicación colegial. En Economía, desde su portada, se puede ir a una kilométrica loa de 79 páginas a la política del departamento. Defensa hace, de vez en cuando, una selección arbitraria de las noticias que le afectan y remiten a los diarios digitales que trataron la noticia, por lo que la búsqueda resulta laboriosa. Este ministerio, con dificultades en el reclutamiento, no informa del número de soldados profesionales que tienen contrato con las Fuerzas Armadas. La web informa de la Plantilla (teórica) para el 2002.

La falta de transparencia informativa no consiste sólo en suministrar parcialmente datos o en esconderlos detrás de múltiples clics sino en ofrecerlos de manera que al ciudadano le resulten indescifrables. Daniel Luz, de la Escola de Cultura de Pau, hizo un estudio de la exportación de armamentos por parte de España a países subsaharianos con los que la UE tiene prohibido este tipo de comercio. En la polémica abierta tras publicarse el informe, el Gobierno alegó que se trataba de munición deportiva. "La fuente inicial en Internet fueron los datos del Instituto de Comercio Exterior. Una vez publicado nuestro informe, estos datos dejaron de ser accesibles. Además, como no explican la metodología con que elaboran sus estadísticas es difícil descifrarlas. Nosotros tuvimos que trabajar con consultas de aduanas y aranceles y conociendo la codificación que suele utilizarse para reconocer que un determinado capítulo se refiere a un determinado armamento. Pero este trabajo no se le puede pedir a un ciudadano. Aunque consulte los datos no podrá obtener una información comprensible".

Al no estar unificados los sistemas de navegación, el acceso a la información es más difícil en unas webs que en otras y el navegante debe estudiar nuevas rutinas cada vez que va de un ministerio a otro.

Educación, por ejemplo, contiene mucha información básica de servicio al ciudadano, como el listado de centros educativos y universidades o las convocatorias de oposiciones, actualizadas con razonable periodicidad. El principal problema es que la organización de esa documentación hace difícil averiguar dónde encontrarla. Es preciso tener una idea clara de qué organismo se ocupa de cada tema.

El esfuerzo informativo acostumbra a ser selectivo. Fomento, un caso, mantiene una exhaustiva área de estadísticas donde se halla desde la evolución del precio por metro cuadrado de las vivienda en España a las toneladas transportadas en una región. También ofrece información al día del estado de las carreteras, aunque no ha actualizado los cambios de nomenclatura. Sin embargo, sobre las polémicas deficiencias en el AVE en Zaragoza se limita a sus comunicados.

Como ocurre en el resto de Europa, la digitalización de los trámites está más desarrollada para el sector empresarial que para el ciudadano. Cap Gemini Ernest & Young puntuó con un 72% los servicios para empresas y con un 52% los destinados al particular. En Agricultura hay esfuerzos como un servicio cartográfico de los cultivos españoles que, en el olivo, incluye los datos catastrales de las parcelas. Está tutelada digitalmente la gestión de seguros agrarios y lo más útil para el ciudadano es la información semanal -también en Economía- sobre el precio en origen y destino de los alimentos, puesta en marcha tras la polémica sobre los precios del tomate. La Agencia Tributaria está en la vanguardia de los servicios y ha sido premiada internacionalmente. La Seguridad Social también está en la avanzadilla de la e-administración. El resto, no llega a su altura.

La lujuria de datos enmascara muchas veces la falta de selección útil de los mismos para el ciudadano. Por ejemplo, la información en Trabajo sobre el Fondo Social Europeo. En la página se encuentra el presupuesto o los programas que gestiona, pero no hay información para quien quiera seguir uno de los cursos financiados. La falta de actualización provoca que en el INEM se ofrezca un puesto para el sector sanitario sueco... que se resolvió en el 2002.

Un aspecto general de las webs gubernamentales es su lenta actualización. En la página de inicio de Trabajo llaman la atención dos enlaces: a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se celebró en 2002, y a los cursos de teleformación del Ministerio, cuya "fecha aproximada de inicio" es en 2003. A veces, la actualización es desigual dentro del propio sitio. Economía ofrece datos al día sobre el PIB español, pero estos mismos datos en la página dedicada a las inversiones extranjeras están anticuados y la estadística sobre turismo se congeló en el 2001. También en Economía, el enlace de portada a la presidencia europea hace viajar a Italia cuando actualmente está en manos irlandesas. En Defensa no es posible conocer el contingente actualmente desplegado en Irak. La información disponible corresponde a la Brigada Plus Ultra I, que fue relevada el pasado diciembre. En cambio dan noticias de las actividades de los soldados actualmente en el terreno. Una web que ha hecho un esfuerzo en seguir el vendaval legislativo es la de Justicia. Lo peor, el directorio judicial, que omite la identidad de los magistrados.

La gestión de las quejas ciudadanas también va por barrios. En el portal del ciudadano se informa que si se desea que la queja figure en el Libro de Quejas y Sugerencias de la Administración del Estado, debe presentarse personalmente o por correo postal, no se admite la queja telemática. Algunos ministerios, excepcionalmente, como el de Sanidad, tienen abierto un buzón específico de reclamaciones y se compromete a una respuesta en 30 días. Ya resulta más inédito conocer de qué se quejan los ciudadanos. La web del Consejo del Poder Judicial lo hace. Publica las estadísticas anuales donde destaca que la principal reclamación es por dilación de los juicios. Según datos de 2002, unas 1.800 reclamaciones se presentaron en persona. Las quejas a través del correo electrónico no superaron las 200. El Defensor del Pueblo, dependiente de las Cortes, también gestiona quejas telemáticas y hace un informe anual de las mismas.

El Internet gubernamental refleja la falta de un compromiso sobre los derechos informativos del ciudadano. En Estados Unidos existe y ahora lo lanza Gran Bretaña. Se trata de la FOIA (Freedom of Information Act), que entrará plenamente en vigor en enero de 2005. Este compromiso por la libertad de información implica que "cualquier persona de cualquier nacionalidad puede requerir la consulta de información albergada en el Foreign Office o en cualquier cuerpo de la administración". La normativa va acompañada de un protocolo que contempla desde los procedimientos de consulta y plazos a las negativas argumentadas a dar información reservada.

La española Carta de Servicios del Centro de Información Administrativa no es equiparable. Se orienta parcialmente a aspectos burocráticos. En España es impensable, como sucede en Estados Unidos, que un ciudadano reclame el listado de llamadas de un funcionario desde un teléfono de la administración. La web de Justicia norteamericana publica todos los enlaces departamentales para ejercer el derecho amparado por la FOIA.

Cada vez más lejos de Europa

Las encuestas comparativas sobre el desarrollo digital de las administraciones públicas en Europa y el mundo no ubican siempre a España en el mismo lugar ya que depende de los indicadores que se tomen para el análisis.

Cap Gemini Ernst & Young lleva tres años realizando un estudio con la misma metodología, lo que permite ver si España mejora o retrocede comparativamente con el resto de países de la Unión Europea. Y el resultado es que retrocede debido a que su desarrollo es menos veloz que en otros países.

En la clasificación de países por "Sofisticación en línea", España ocupaba en octubre de 2001 el séptimo puesto (50% en la evaluación). Un año más tarde, bajaba al puesto 12 (54%) y en octubre del año pasado subía un peldaño con idéntica evaluación. En el epígrafe "Acceso pleno en línea", España ocupaba el quinto puesto en 2001 (30%). Se mantenía en el 2002 (40%) y descendía al décimo el año pasado (40%).

Un estudio de Taylor Nelson-Sofres del 2002 sobre 31 países (18 de los cuales europeos) situaba a España en mitad de la tabla (15) en el desarrollo de la administración en línea. Un 26% de los españoles había hecho algún uso de las webs administrativas siendo el más destacado el de búsqueda de información (24%) mientras que las transacciones telemáticas apenas alcanzaban un 2%. El 62% de los usuarios tenía un nivel de ingresos alto.

Otros trabajos entran en aspectos parciales como la accesibilidad de los portales para internautas con discapacidades.

Un estudio de Emergia de abril de 2003 no detectaba avances en este aspecto y cifraba en un 22% el cumplimiento de criterios de accesibilidad.

El test realizado por este diario para comprobar la accesibilidad de los portales ministeriales muestra que sólo tres, y el portal del ciudadano, pasan el test Taw de accesibilidad web, una herramienta impulsada por la Secretaría General de Asuntos Sociales.


pdfprintpmail