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El cambio político aumenta la incertidumbre entre las “telecos”


El PSOE apuesta por promover el negocio del cable frente al ADSL El cambio de gobierno ha aumentado la incertidumbre sobre el marco regulatorio de las telecomunicaciones. El nuevo ministro de Industria, José Montilla, deberá implantar el nuevo móvil de tercera generación UMTS y decidir entre el cable o el ADSL.





MAR DÍAZ-VARELA -La Vanguardia .-- El nuevo ministro de Industria, José Montilla, tendrá que adoptar de forma prioritaria una serie de decisiones sobre el marco regulatorio de las telecomunicaciones para reducir la fuerte incertidumbre que ha provocado en el mercado el cambio de gobierno. Los principales operadores implantados en España, como Telefónica, Auna, Jazztel, Colt y UNI2, creen que habrá un cambio de estrategia que permitirá un incremento de la competencia interna, sobre todo en la telefonía fija.

La reciente sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia contra Telefónica con una multa histórica de 57 millones de euros por abuso de posición dominante, ha puesto sobre la mesa el fracaso de la liberalización de las telecomunicaciones. Telefónica seguía contando con el 78% del mercado a finales del 2003, el ex monopolio con mayor cuota de mercado de Europa.

La incertidumbre provocada en el sector obedece a que el programa electoral socialista sobre telecomunicaciones es muy poco preciso, lo que hace complejo evaluar el impacto del cambio de gobierno. La principal pregunta que se hacen las operadoras es si Montilla continuará con la política del PP de favorecer a los operadores que invierten en infraestructuras de red frente a los revendedores. También produce una fuerte incertidumbre la evolución futura de la cuota mensual de Telefónica, uno de los soportes de su cuenta de resultados porque son ingresos fijos.

El programa de telecomunicaciones socialista, que será la pauta del nuevo ministerio, establece seis criterios generales. Promover el negocio de cable y la inversión en el sector en general a través de “un marco regulatorio claro y estable”. Eliminar los precios máximos y revisar las tarifas de interconexión (que cobra una compañía a otra por el uso de su red) en telefonía fija. Regular las tarifas de interconexión en el negocio del móvil. Eliminar las diferencias y regulaciones que benefician a ciertas redes, fundamentalmente a Telefónica, en detrimento de otras. Resolver la cuestión de la obligatoriedad del servicio universal (dar servicio a todos los ciudadanos repartiéndose proporcionalmente el coste por su cuota de mercado). Exigir medidas más estrictas para garantizar la calidad y el servicio, con la creación de una agencia para proteger a los consumidores de telecomunicaciones.

Existe consenso entre los analistas en que esta nueva política de telecomunicaciones perjudicaría al operador dominante. Es decir, a Telefónica, en telefonía fija. Sin embargo, esto no ha influido sobre el valor de su cotización, que desde las elecciones se ha mantenido.

La razón es que el peso de Telefónica de España en el resultado operativo (Ebitda) cada vez es más reducida y actualmente sólo representa el 36% y sólo el 25% de su valor de mercado. Por tanto, si las medidas de mayor liberalización hicieran caer esta ponderación un 10%, su impacto en el valor global del grupo se situaría entre el el 2% y el 3%.

Por lo que respecta a la telefonía móvil, Montilla tendrá que decidir los acuerdos para la implantación de la telefonía móvil de tercera generación UMTS. Hay que tener en cuenta que el pasado 4 de marzo se llegó a un pacto entre Telefónica Móviles, Vodafone, Amena y Xfera, en el que se comprometían a comercializar este servicio en las principales ciudades en el segundo semestre de este año.


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