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Las multas de Telefónica las pagamos los ciudadanos


Telefónica ha sido sancionada con una nueva multa por el Tribunal de Defensa de la Competencia. En esta ocasión el importe ha sido de 57 millones de euros y el motivo, abuso de posición dominante en telefonía fija. Con esta, ya son diez desde 1993.





Este nuevo correctivo a la operadora dominante por infringir la libre competencia, indica que algo no funciona bien en el modelo liberalizador de la telefonía fija, auspiciado por el Gobierno y llevado hasta las últimas consecuencias por la Comisión del Mercado de la Telecomunicaciones (CMT).

De hecho, ninguno de los fallos de Defensa de la Competencia ha supuesto una bajada de precios para los usuarios de estos servicios y una mejora en la prestación de los mismos por parte de las operadoras en competencia. Y esto es muy significativo: el modelo hace aguas.

Esta noticia promete repetirse hasta la saciedad, sin que por ello, el conjunto de la ciudadanía obtenga mejoras en el servicio. Nada cambiará mientras el modelo de liberalización de la telefonía fija en España esté basado en la reventa por parte de terceros de los servicios de la empresa dominante y sin que las operadoras en competencia inviertan lo que prometieron cuando consiguieron sus licencias.

Todo esto implica que los usuarios telemáticos y telefónicos seguiremos siendo preasignados a servicios que no hemos contratado y pagando servicios imprescindibles de acceso a Internet, como nuestro ADSL –el más caro y lento de Europa-, para que una serie de operadoras telefónicas obtengan beneficios sin invertir, y cuyo único merito ha sido constituirse en eso: en operadoras telefónicas.

El todavía Gobierno en funciones ha puesto las infraestructuras en telefonía fija en manos de Telefónica que sólo se debe a sus dos millones de accionistas. Además, a esta se la obliga a revender sus servicios a un número indeterminado de operadoras, mal llamadas en competencia, que revenden sus servicios y cuyos beneficios están en las tarifas de interconexión.

Volviendo al ejemplo del ADSL, hay que recordar que en España todo este servicio es de Telefónica. El precio venta al público es de 39 euros más IVA. Por otro lado, la CMT le obliga a venderlo al mayorista a un 40% menos, exactamente a 22 euros. De esa manera, las operadoras en competencia juegan con un margen de 17 euros para venta al público de un producto de Telefónica. Así que estamos igual que antes de la liberalización de las telecomunicaciones, consumiendo los productos de Telefónica, con una diferencia: que, por imperativo de la CMT, los ciudadanos estamos obligados a financiar los porcentajes de beneficio de un numero indeterminado y variable de revendedores que se han instalado en España.

Ni que decir tiene que, ante esta situación, el servicio universal, el acceso asequible y la calidad de las telecomunicaciones, el interés general en definitiva ha quedado excluido de este perverso juego impuesto por la CMT.

Tarea prioritaria para el nuevo Gobierno es acabar con esta siniestra situación, contraria al interés de los consumidores, y que, bajo el manto de una supuesta liberalización, está hipotecando el futuro de España en la Sociedad de la Información.

Tribuna Libre de Víctor Domingo en El Confidencial Digital


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